El plan C fue votado el 2 de junio y tras ese día, con la enorme ventaja obtenida por su candidata presidencial y la gran cantidad de triunfos en otras posiciones, Morena comenzó a procesar las reformas con las que López Obrador quiere cerrar su sexenio.
Para empezar, con el resultado electoral, y no sin ayuda de algunas autoridades, los obradoristas instalaron la especie de que tendrán mayoría constitucional en la Cámara de Diputados y que están a sólo un par de escaños del control total del Senado.
Con tales proyecciones, llevamos nueve semanas donde unos trabajan bajo la premisa de que apenas instalada la nueva legislatura procederán a iniciar las aprobaciones de varias de las iniciativas constitucionales anunciadas en febrero por Andrés Manuel.
Los otros, por su parte, tardaron en reaccionar al intento morenista de fijar en la opinión pública que ya contaban con las deseadas mayorías mediante las cuales pueden prescindir de la oposición para cambiar en la Constitución cuanto deseen.
Al correr de las semanas, empero, el debate parece haber dado un vuelco. Inicialmente, con el madruguete ese de que tenían segura la mayoría constitucional, fijaron la discusión básicamente en torno a la reforma judicial. Los foros coparon la atención. Pero eso ya cambió.
Opinión pública y oposición intentan que se dé una especie de paso hacia atrás o corrección. Antes que analizar el plan C como algo inminente, piden cambiar el foco del debate: que ahora sea sobre la legalidad de la sobrerrepresentación autoasumida por Morena.
En ese punto estamos. Con una fuerza que cada día da pasos concretos asumiendo que tendrá los votos para pasar las reformas, y con una oposición no del todo articulada al defenderse de lo que podría dejarla con representación mermada y/o, según algunos, ilegal.
Es como si la campaña no hubiera terminado. Abusiva o no, excluyente o no, simuladora (por aquello de hacer foros de los que casi nada será tomado en cuenta) o no, Morena tiene claro qué pretende y con vehemencia procede a lograrlo. La oposición, no.
O mejor dicho las oposiciones. Porque sin abundar en los respectivos espectáculos que tras la derrota dieron PRI y PAN al disputarse internamente los restos de sus activos, está el hecho de que hoy cada fuerza, incluida MC, anda por separado y no necesariamente al 100.
Morena (es decir, Palacio Nacional y sus adláteres) quiere la sobrerrepresentación, saben para qué la quieren y cotidianamente sólo están en eso. ¿Se puede hacer una frase similar con los partidos opositores (juntos o separados)?
Porque hay quien hasta dice que si no fuera por la comentocracia, hoy no habría discusión real sobre la legalidad de la sobrerrepresentación. Es decir, que la resistencia la enarbolan académicos, exconsejeros electorales, constitucionalistas, etcétera, y no la oposición partidista.
Aunque la sobrerrepresentación se dirimirá con argumentos jurídicos, es inevitable no advertir que las oposiciones están lejos de dominar la parte política del debate: ¿para impulsar qué es que tratan de impedir que se conculque representación a quienes resisten el obradorismo?
Otra vez, como en la campaña: con una oposición que sólo atina a medio ser reactiva a lo que impulsa Palacio, con líderes opositores sin capacidad para hacerse de respaldo ciudadano, con una agenda donde destaca lo que no quieren, mas no lo que proponen.
Si se diera el caso de que Morena no obtenga la sobrerrepresentación que pretende, ¿qué contestaría la oposición cuando la próxima presidenta les dijera, ok partidos opositores necesito tus votos, qué cambios proponen para sí votar el plan C? ¿Saben ya las respuestas?
