En el mortífero (para la democracia) paquete legislativo de AMLO, no solo está la reforma judicial, sino también la desaparición de los organismos autónomos que representa un retroceso democrático y trastocar el equilibrio de poderes, al tiempo de fomentar la presencia de conflictos de interés y de reducir la competencia económica en perjuicio del bienestar de la población.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que se ahorrarían cien mil millones de pesos con la extinción de los autónomos. En contraparte, México Evalúa menciona que el ahorro representa el 0.05 por ciento del presupuesto federal.
El presupuesto asignado a esos organismos es de 4 mil 534 millones de pesos durante este año, es decir, el 0.05 por ciento del presupuesto federal y no los 100 mil mdp que señaló AMLO.
Los siete organismos que contempla la iniciativa presidencial son la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); el Instituto Nacional de Transparencia (INAI); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Así, a simple vista y a vuelo de pájaro, se aprecia la relevancia que han tenido y tienen estos organismos en ámbitos como la competencia comercial y regulación de mercados, además de la vigilancia de la prestación de servicios con calidad y vigilancia de los bienes y servicios.
Lo que subyace en torno a la desaparición de los organismos autónomos es el revanchismo, la opacidad y la pretensión de instaurar un régimen totalitario en donde no existen los contrapesos al Poder Ejecutivo.
Lo del supuesto ahorro presupuestal es una mentira y una mera justificación populista para quitarse estos organismos tan estorbosos para el México irreal que se construye diariamente desde Palacio Nacional.
Es decir, el retorno al pasado en donde prevalecía la “dictadura perfecta” del PRI, autoritario y antidemocrático.
Al desaparecer a los autónomos, el gobierno federal sería juez y parte, ya que será regulador y ejecutor del presupuesto público y, en algunos casos, también competidor.
Su labor carecería de autonomía, al reasignar las funciones que dejarían de prestar a las secretarías de Estado, cabezas de sector y a otras dependencias gubernamentales que dependen del jefe del Ejecutivo federal.
Otro elemento relevante que tienen que considerar nuestros “brillantes” legisladores si es que pretenden avalar este “Frankestein del totalitarismo”, es precisamente el compromiso formal y legal que tiene nuestro país ante la comunidad internacional, específicamente ante el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que solicita, como condición indispensable para su operatividad, mantener reguladores y tribunales competentes e imparciales para dirimir las diferencias, impedir los monopolios, entre otros tantos factores que limiten los propósitos de este acuerdo comercial que tanto bien le ha hecho a la región y que se ha significado como un auténtico dique ante el embate de Asia.
En momentos en que los dos candidatos presidenciales de Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump, se han pronunciado por revisar el T-MEC por atentar contra su planta productiva e inhibir el crecimiento del empleo formal, a AMLO se le ocurrió la “brillante” idea de explosionar este tratado con la desaparición de los organismos autónomos en donde varios de ellos tienen una participación relevante en el mismo.
Entre la mañosa sobrerrepresentación que intenta implantar el régimen en el Congreso, merced a sus achichincles del INE y del Tribunal Electoral, la reforma judicial y la desaparición de los organismos autónomos, estamos ante la extinción del régimen democrático, la división de poderes y la misma gobernabilidad.
Se le acumulan en el escritorio de la nueva presidenta diversos pendientes de gran relevancia que, de no resolverlos de manera adecuada, ella misma pondrá grandes obstáculos para que tenga éxito su gestión y no se convierta en otro sexenio fallido como ha ocurrido con AMLO.
El ahorro presupuestal del 0.05 por ciento del presupuesto federal no justifica el atropello que pretende realizar López Obrador y menos atentar contra la población al quitar los “candados” que impiden elevar precios, generar desabasto de bienes y servicios, todo ello con el consecuente impacto en la inflación.
El solo anuncio de la reforma judicial devaluó el peso y ahuyentó a grandes inversionistas, y como si ello no bastara para descomponer el entorno económico, se empeñan en desaparecer a los organismos autónomos.
