La presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nancy Hernández López, respondió a la carta enviada por la jefa de Estado, Dina Boluarte, y el extitular del Congreso, Alejandro Soto, en donde reclamaban una supuesta injerencia de dicho organismo en asuntos internos. Hernández recordó que el Perú tiene obligaciones internacionales que debe respetar.
El primero de julio el tribunal supranacional requirió al Perú “que a través de sus tres poderes tome las acciones necesarias” para que no se otorgue vigencia al proyecto de ley 6951” que “dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú, a los que se hace referencia en las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta”.
Dicho proyecto -que pretende que la figura de la lesa humanidad no se aplique en delitos cometidos antes de 2002- fue aprobado por el Legislativo y el Gobierno no lo observó.
Hernández ha señalado en su carta que el Perú tiene la “obligación de cumplir las decisiones de la Corte IDH, incluidas aquellas relativas a medidas provisionales”. Y recordó que “de acuerdo con el derecho internacional” no es posible alegar disposiciones de orden interno para incumplir con obligaciones internacionales.
Boluarte y Soto habían alegado que las decisiones de los organismos nacionales debían ser respetadas.
Gisela Ortiz, hermana de uno de los desaparecidos de La Cantuta, señaló que la respuesta de la Corte IDH es “importante” porque, a través de ella, se le recuerda al Estado sus compromisos. “Le dice que hay que acatar de buena fe no solo las sentencias, sino las medidas provisionales en favor de las víctimas”, dijo.
Ortiz destacó que en su respuesta Hernández dejó en claro que el viernes 9 de agosto vence el plazo para que el Estado peruano informe sobre las medidas adoptadas para evitar que los casos de La Cantuta y Barrios Altos queden en la impunidad.
“Y la verdad es que no se ha hecho nada. Ni siquiera se observó la ley de lesa humanidad”, declaró.
Paso en falso
Hernández dijo estar convencida de que el Estado peruano encontrará el camino para cumplir con sus obligaciones internacionales, en particular, con lo ordenado el primero de julio por la Corte IDH, porque lo contrario “haría ilusorio el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares”.
Pero Ortiz no cree que eso vaya a ocurrir. De hecho, sostuvo que el “Gobierno autoritario” que ha “pactado con el Congreso y las mafias” no hará nada porque hay un compromiso entre todos para beneficiarse indebidamente, sin pensar en los ciudadanos.
“Sin embargo, estas comunicaciones quedan como precedentes”, agregó.
Similar parecer tuvo Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal. Admitió que lo más probable es que el Estado continúe en su posición de desacato, aunque advirtió que ello terminará trayendo consecuencias en el futuro cercano.
En todo caso, estimó que la respuesta de la Corte IDH “pone el piso parejo”.
Explicó que, con su comunicación, el organismo está dando a entender a Boluarte que “poco le importan sus alegaciones” y que seguirá decidiendo y actuando de acuerdo con el derecho internacional.
“El documento que firmó Boluarte fue más una declaración política que terminó haciendo el ridículo porque fue dirigido a un tribunal internacional del que formamos parte voluntariamente. Nadie nos puso una pistola. en la cabeza. Ella decidió quemarse con un documento sin valor jurídico alguno”, comentó Rivera.
