Dos celulares y dos cargadores decomisados en una celda de máxima seguridad de La Reforma podrían resultar clave para determinar la relación de uno de los principales sospechosos del caso Pancho Villa con un delito de procuración de impunidad por el que también es investigado.
La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos halló los dispositivos, el pasado martes, durante un allanamiento a la celda donde permanece Darwin González Hernández, presunto cabecilla de un grupo asociado a venta de drogas y lavado de dólares.
Dicha oficina procederá ahora a la apertura y revisión de los teléfonos a fin de determinar con quién o quiénes mantenía comunicación González y de qué tipo. La tenencia de este tipo de aparatos está prohibida para los internos; de momento, se desconoce cómo llegaron a manos del sospechoso.
Nils Ching, director de la Policía Penitenciaria, manifestó que el Ministerio de Justicia tiene un unidad anticorrupción y que fue gracias a la colaboración de ese cuerpo policial que se logró detectar estos equipos ocultos en una estructura metálica.
Ching manifestó que aunque los policías honestos y comprometidos con la seguridad son la mayoría, el ingreso de esos dispositivos y accesorios es recurrente pues se han detectado casi 6.000 celulares en cárceles en lo que va de la actual administración.
La Fiscalía no consideró necesario solicitar medidas cautelares adicionales contra González mientras avanza la investigación, la cual corresponde a la causa 24-00004-1981-PE, que es diferente al juicio por lavado de dólares que afronta el empresario en la actualidad.
En ese proceso, González es señalado por el Ministerio Público como el presunto líder de una organización sospechosa de legitimar ₡800 millones del narcotráfico.
Como parte de los allanamientos realizados el pasado martes por el caso Pancho Villa, las autoridades detuvieron a un hombre de apellidos Paniagua Paniagua, quien figura como sospechoso del delito de procuración de impunidad.
A él se le relaciona con el mismo delito por el que fue detenida una abogada, el 21 de marzo, en el cantón de Corredores. A esa mujer, de apellidos Arguedas González, se le investiga por intentar sobornar a una jueza, con el fin de beneficiar a la organización criminal de Pancho Villa.
Según la investigación, ella programó un encuentro con la jueza y le contó que había sido contactada por el grupo criminal para “hacer acciones contrarias a la ley y así beneficiarle, a cambio de un pago”. En el pasado, la jueza tuvo que ordenar y resolver diligencias en el expediente penal de ese caso.
A la abogada se le atribuyen cargos por los delitos de penalidad del corruptor, cohecho propio y procuración de impunidad.
De este modo, ahora son tres las personas investigadas en este expediente, pues además de Paniagua y Arguedas, también aparece Darwin González.
El caso Pancho Villa trascendió en abril del 2021, cuando en varios allanamientos se detuvo a esa agrupación, que tenía fincas agrícolas, carros de doble tracción, equipo especial para trabajar en el campo, cuadraciclos y hasta buques por un monto total de ¢2.914 millones adquiridos en la última década.
Darwin González y su esposa, de apellidos Jiménez Araya, fueron arrestados el 6 de abril del 2021 en San Joaquín de Flores, Heredia. Poseían una quinta en La Palma de La Cuesta de Corredores, que contaba con una serie de lujos, como un lago, helipuerto y área para animales silvestres.
Dicha organización intentó construir una embotelladora de agua y un quebrador en Corredores e incluso la Municipalidad local les habría apoyado con un puente de acceso a la finca, valorado en ₡75 millones.
Por esa razón, se detuvo al entonces alcalde Carlos Viales Fallas, acusado de aparente peculado y suspendido del cargo por ocho meses, hasta que en febrero del 2023 el juez Félix Castellón le levantó la suspensión que tenía desde el 16 de diciembre del 2021.
El escándalo salpicó al hijo del alcalde, el exdiputado Gustavo Viales, quien en ese entonces era presidente de la Comisión de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, cargo al que tuvo que renunciar, así como también a su puesto de secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), en el 2022.
En este caso también estuvieron involucrados dos agentes del OIJ de apellidos Concepción Quiel y Campos Jiménez. El primero solicitó este año un proceso abreviado para aceptar los cargos y evitar ir a juicio; él está acusado de procuración de impunidad, tráfico de drogas, legitimación de capitales y asociación ilícita.
