El Ministerio del Interior ha acordado abrir un expediente informativo para analizar el acuerdo suscrito entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Desokupa, además de consultar a la Abogacía del Estado si el convenio en cuestión afectaría a las subvenciones públicas que recibe el sindicato policial.
El SUP y Desokupa acordaron que esta empresa especializada en desalojos extrajudiciales ofrezca formación en defensa personal a 30.000 policías, algo que, advirtieron se haría en el ámbito personal de los afiliados al sindicato ya que quieren ofrecerles una mayor preparación, según anunciaron el pasado fin de semana.
Tras conocerse el acuerdo saltó la polémica e Interior anunció que estudiaría su posible impugnación dando un paso más este miércoles donde han indicado que la Dirección General de la Policía ha abierto un expediente para analizar ese acuerdo, después de conocer el contenido de los informes solicitados el pasado domingo a la Abogacía General del Estado y a la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior.
El ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska ha señalado que a través de este procedimiento administrativo, la Dirección General de la Policía "recabará toda la información sobre la compatibilidad de los agentes en activo que impartirían la formación extracurricular ofrecida por el sindicato policial a los miembros del cuerpo".
A la espera de que se resuelva el expediente informativo abierto, Interior adelanta que ha pedido un informe a la Abogacía del Estado para saber si el acuerdo entre SUP y Desokupa "afectaría a las subvenciones públicas que recibe el sindicato policial y, en su caso, cuál sería el procedimiento administrativo a seguir para corregir las irregularidades que puedan producirse".
Con ello, el departamento que dirige Marlaska quiere determinar si el acuerdo "conculca valores democráticos" y se compromete a garantizar que toda la formación evaluable que reciben los agentes se realice dentro del marco establecido por la Dirección General de la Policía.
Por su parte, el sindicato unificado de policía ha destacado en relación al acuerdo firmado con una "empresa privada" que dicho acuerdo en cuestión "no implica la utilización de fondos públicos ni subvenciones de ningún tipo". Además, "la financiación de este programa formativo es completamente ajena a recursos públicos, no suponiendo coste alguno" para el SUP.
Asimismo, aseguran que son "un sindicato comprometido con la transparencia y la legalidad en todas sus actuaciones, motivo por el cual, confiamos plenamente en que el proceso administrativo indiciado confirmará la absoluta regularidad de este acuerdo de colaboración".
