Caracas. La Fuerza Armada de Venezuela ratificó este martes su “absoluta lealtad” al presidente Nicolás Maduro y calificó de “desesperados y sediciosos” los pedidos opositores de apoyo, en medio de denuncias de fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La líder opositora María Corina Machado, que denunció por su parte una “campaña de terror” en el país, y su candidato Edmundo González Urrutia publicaron el lunes una carta abierta a militares y policías en la que defendían su victoria en los comicios y pedían a los uniformados ponerse “al lado del pueblo”.
Pero este martes el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, tachó el documento de “panfleto” y los pedidos de apoyo de “desesperados y sediciosos (para desestabilizar)”.
“Estos fatuos e irracionales llamados persiguen resquebrajar nuestra unidad e institucionalidad, pero jamás lo lograrán”, subrayó Padrino, acompañado del alto mando militar y policial.
Autoridad electoral de Venezuela entrega actas de elecciones presidenciales ante corte suprema
“Ratificamos nuestra absoluta lealtad al ciudadano Nicolás Maduro Moros (...), legítimamente reelecto por el poder popular para el próximo período presidencial 2025-2031″, añadió.
La fiscalía abrió una investigación penal contra Machado y González Urrutia por “instigación a la insurrección” y otros delitos como “conspiración”.
La semana pasada, Maduro pidió cárcel para ambos.
La Unión Europea, que cuestionó la victoria de Maduro al igual que Estados Unidos y varios países de América Latina, pidió el fin de lo que tilda como una “campaña de intimidación judicial”.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado por la oposición de servir al chavismo, proclamó a Maduro como presidente reelecto para un tercer mandato de seis años con 52% de los votos frente a 43% de González Urrutia.
Horas después del primer boletín, estallaron manifestaciones que dejaron al menos 11 civiles fallecidos de acuerdo con organizaciones de derechos humanos. Maduro informó de que hay más de 2.000 detenidos, indicó que dos militares murieron y sostiene que las protestas forman parte de un plan para derrocarlo.
El CNE no publicó el detalle del resultado de la elección del 28 de julio. Su web no funciona desde entonces y alega que su sistema fue jaqueado, lo que expertos desestiman.
Machado y González aseguran tener pruebas de la victoria opositora, tras publicar copias de más del 80% de las actas de votación.
“Esta corriente fascista”, insistió Padrino, “sigue intentando posicionar la tesis de una victoria electoral que quisieron construir sobre la base de falsas encuestas y una campaña mediática”.
Además de las armas, los militares controlan empresas de minería, petróleo y distribución de alimentos, así como las aduanas y 12 de 34 ministerios, incluidas carteras importantes como Petróleo, Energía, Defensa, Relaciones Interiores y Comercio.
La oposición y expertos denuncian redes de corrupción que han enriquecido a muchos oficiales.
Machado denunció este martes una “campaña de terror” tras las masivas detenciones y la cruzada de Maduro contra las redes sociales y plataformas de mensajería, que el mandatario vincula con un supuesto “golpe de Estado ciberfascista”.
“Quieren intimidarnos para que no nos comuniquemos, porque aislados seríamos mucho más débiles y eso no va a ocurrir”, dijo Machado, que anunció la semana pasada que pasó a la clandestinidad por temor a su vida.
“No se dejen intimidar”, pidió la dirigente. “Esto es irreversible”.
Maduro llamó a sus seguidores a boicotear la popular aplicación de mensajería WhatsApp, al alegar que militares, policías y líderes comunitarios que defienden su controvertida reelección han recibido “amenazas” por esa vía.
El futuro de la elección reposa por ahora en la corte suprema, a la que Maduro pidió “certificar” el resultado.
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) citó a candidatos y representantes de los partidos para consignar y “responder las preguntas” con relación a la causa. González Urrutia deberá acudir el miércoles y Maduro el viernes.
Académicos y dirigentes políticos consideran improcedente el caso ante el TSJ, que la oposición considera un “apéndice” del chavismo.