No pagar en plazo, no formalizar por escrito los contratos o no incluir el precio son algunas de las infracciones graves o muy graves que derivan en multas
Ventas a pérdidas o pagos fuera de plazo. Hace escasos meses, los agricultores tomaron las calles para denunciar que los incumplimientos de Ley de la Cadena Alimentaria, así como la competencia desleal de otros importadores extracomunitarios y la asfixia burocrática y medioambiental, estaban acabando con el sector. Tras incesantes semanas de tractoradas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se comprometió, entre otras medidas, a dotar de mayores recursos a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para reforzar sus inspecciones y atajar las prácticas desleales en la cadena de valor agroalimentaria para proteger a su eslabón más frágil, los productores. Como cada trimestre, la AICA, organismo dependiente de Agricultura, ha publicado la lista de compañías sancionadas por incumplir grave o muy gravemente la Ley de la Cadena Alimentaria, con multas de hasta 100.000 euros.
En concreto, las mayores sanciones han correspondido a la cadena de supermercados Dia (100.000 euros) por la "resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración", a Dealz (39.600 euros) por la "destrucción de valor" en la cadena alimentaria y a Tropical Bayper (33.000 euros) por "incumplimiento de los plazos de pago". Dia ya fue multada en el segundo trimestre con 2.562,2 euros por incumplir los plazos de pago. La lista de las sanciones del tercer trimestre la completan otras 17 empresas sancionadas.
Frutas Hijo de Antonio Hernández han recibido una doble por parte de la AICA, así han sido multados con 22.847,72 euros por el incumplimiento de los plazos de pago y con otros 21.000 euros por no formalizar por escrito los contratos alimentarios. Otras empresas sancionadas han sido Frutas Rebollo, que ha recibido dos multas, una de 18.001 euros por no formalizar por escrito los contratos alimentarios y otra por valor de 8.779,56 euros por incumplir los plazos de pago, mientras que Vinícola de Castilla ha sido sancionada con 1.800 euros por no formalizar por escrito los contratos alimentarios.
