A las graves limitaciones que tiene la Fiscalía para realizar su trabajo en Amazonas, ahora se suman los problemas de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Condorcanqui que no cuenta con el presupuesto suficiente para desplazarse hasta las comunidades alejadas y recoger los testimonios y denuncias de abuso sexual contra menores de edad. A pesar de la urgencia y reiterados pedidos de apoyo, los ministros que visitaron la zona y el Gobierno regional no se han preocupado por atender estas carencias que afectan el trabajo de la UGEL desde hace varios años. Esta situación perjudica a las víctimas, ya que requieren una atención inmediata.
Así lo confirmó el director de esta entidad, Percy Tuesta Mendoza. Él declaró a La República que debido a la falta de combustible no pueden desplazarse hasta las comunidades nativas, las cuales están a dos o tres días de distancia, para recoger los testimonios y dar seguimiento a los casos. También indica que varias autoridades los han visitado para pedirles informes sobre la situación, pero que hasta el momento no tienen ninguna respuesta.
“Ni bien nos enteramos de un caso, mandamos una comisión para dar seguimiento al caso, pero no podemos hacer mucho sin presupuesto. No tenemos apoyo de ningún lado”, señaló indignado Tuesta Mendoza a este diario.
Según el funcionario, actualmente disponen de cuatro abogados para atender los casos de agresión sexual contra menores. Sin embargo, expresa una profunda preocupación ante la posibilidad de que, al agotarse el presupuesto, se queden nuevamente sin personal especializado. Esta situación les obligará a organizar polladas y otras actividades para recaudar fondos y así poder pagar a los profesionales y cubrir los costos de los viajes a las zonas alejadas.
“En un cálculo que he realizado, solo tenemos presupuesto hasta octubre. Posiblemente, en noviembre volvamos a enfrentar el mismo problema para pagar al personal y para las comisiones a las comunidades”.
El director de la UGEL ha presentado documentos al gobierno regional solicitando apoyo, pero hasta el momento no ha recibido ninguna respuesta.
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Otro problema que tiene la entidad es la falta de docentes que hablen la lengua nativa, awajún, que es uno de los requisitos principales para enseñar en los colegios de la provincia.
La UGEL de Condorcanqui se encarga de despedir o sancionar a los profesores que enfrentan denuncias de agresión sexual u otros delitos, protegiendo así la integridad y seguridad de los estudiantes. No obstante, les resulta complicado hallar maestros que los reemplacen y que hablen awajún.
Lamentablemente, estas dificultades económicas pone en riesgo la continuidad de las investigaciones de los casos e impide que la justicia llegue a Condorcanqui.
