Los diputados aprobaron este lunes, en primer debate, una reforma al artículo 32 de la Constitución Política para permitir la extradición de costarricenses que estén acusados por terrorismo o narcotráfico, en caso de que sean requeridos por autoridades extranjeras.
Se trata de la primera de cinco votaciones necesarias. El cambio a la Carta Magna fue avalado, de forma unánime, por los 39 legisladores presentes en el plenario.
Ahora, el texto debe pasar a consulta preceptiva de la Sala Constitucional, para determinar si la iniciativa conlleva algún vicio de inconstitucionalidad.
Actulmente, la Constitución dice que “ningún costarricense podrá ser compelido a abandonar el territorio nacional”; el proyecto habilitaría una excepción a esa norma, cuando “haya sido concedida la extradición por los Tribunales de Justicia”.
La semana anterior, los diputados modificaron el texto para que la extradición puede concederse “con estricto apego a los derechos fundamentales y garantías procesales reconocidos en esta Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes”.
Todavía se requiere de un segundo debate en el plenario, en la primera legislatura, que obligatoriamente requiere el apoyo de 38 congresistas.
La segunda votación tendrá lugar después de que la Sala Constitucional emita un criterio sobre la iniciativa de reforma a la Carta Magna, si el pronunciamiento es positivo.
Posteriormente, el Poder Ejecutivo debe incluir una referencia a la modificación constitucional en el informe anual del estado de la administración pública. Finalmente, los diputados deben discutir el proyecto en tres debates, en días distintos, en el plenario del Congreso.
“Si fuere aprobado por dos tercios de votos del total de los diputados, entrará a formar parte de la Constitución Política, lo que se comunicará al Poder Ejecutivo para su publicación y observancia”, explica el Reglamento legislativo.
La iniciativa lleva la firma de Pilar Cisneros y los otros miembros de la fracción oficialista, incluyendo a Luz Mary Alpízar, presidenta de Progreso Social Democrático (PPSD), y a la ahora independiente María Marta Padilla.
Antes de la aprobación, la independiente Gloria Navas Montero declaró que está de acuerdo con la reforma aprobada, pero apuntó que es fundamental conocer el criterio de los magistrados constitucionales, sobre todo para aclarar si se estaría modificando una disminución de los derechos fundamentales de los costarricenses.
“Estoy tratando de ser responsable con estos temas fundamentales para el país”, dijo. Apuntó que el artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que nadie puede ser expulsado del territorio del cual es nacional ni se le puede impedir el ingreso.
Navas expuso que la protección de la Convención es superior a los derechos fundamentales que fija la Constitución, y enfatizó que no se pueden interpretar esas normas por ningún estado.
“La no extradición de costarricenses es un derecho fundamental, no es cualquier derecho”, apuntó la congresista, por lo que agregó que la consulta es vital para aclarar si hay un quebranto de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), explicó que él cambió su criterio, pues en principio pensaba que la no extradición de costarricenses era un derecho fundamental.
“No existe un derecho a la no extradición y eso queda claro de la lectura de las actas de la Asamblea Constituyente. Esa norma se estableció así para impedir la expulsión o exilio de costarricenses por motivos políticos o de otro tipo”, indicó Feinzaig.
El liberal apuntó que, en la mente de los constituyentes, no estuvo nunca la extradición ordenada por tribunales de justicia. Agregó que sostener la no extradición como derecho es decir que hay un derecho a la impunidad, porque costarricenses irían a delinquir a otros países y regresarían al país, sin que nunca vayan a pagar por sus crímenes.
