El Gobierno Nacional reglamentó este lunes el apartado de la Ley Bases referido a la Reforma del Estado que quiere implementar el presidente Javier Milei junto al ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger.
Mediante el Decreto 695/2024, el Poder Ejecutivo hizo oficial los distintos puntos contenidos en el Título II del megaproyecto aprobado a comienzos del mes de julio, que tienen los mecanismos diseñados, en buena medida, por Sturzenegger.
En síntesis, estos son los Capítulos de Reorganización administrativa (avala la disolución de fondos fiduciarios, Privatización (transparenta como será todo el proceso para la selección y efectivización), Procedimiento Administrativo (facilita trámites administrativos) y Empleo Público (impone cambios en la regulación del personal estatal).
Desde el círculo de Sturzenegger comunicaron que la reglamentación ya permite cambiar las formas societarias de las empresas públicas en base a un mandato que ya estaba en el DNU 70. Además, autoriza la privatización de un conjunto de empresas, que se suman a las comprendidas por la ley 23.696.
Esta última legislación indica que "la liquidación de las mismas sólo podrá llevarse a cabo cuando el Estado Nacional sea titular de la proporción de capital legal o estatutariamente requerido para ello, o alcanzando las mayorías necesarias, mediante el consentimiento de otros titulares de capital".
El funcionario clave que auditará las privatizaciones, Diego Chaher.
En la Ley Bases se aprobó que Enarsa, Nucleoeléctrica Argentina y YCRT fueran puestas a privatización total, mientras que Aysa, Belgrano Cargas, Operador Ferroviario (SOFSE) y Corredores Viales están al alcance de ser privatizadas parcialmente o concesionadas. Aquellas que no entraron en ese listado pueden facilitársele la privatización si es que pasan a ser Sociedades Anónimas y dejan de ser Sociedades del Estado.
En la letra chica de las privatizaciones, el Gobierno decidió que el área de la que dependa cada una de las empresas estatales deba brindarle un informe al Poder Ejecutivo Nacional y, previamente, a la Agencia de Transformación de Empresas del Estado, que dirige Diego Chaher, un funcionario clave que responde formalmente al ministro de Economía, Luis Caputo, y de manera informal al asesor presidencial Santiago Caputo.
¿Qué información debe incluir el informe? Si la privatización será total o parcial y por qué se hará. También deberá indicar qué otros procedimientos alternativos se prevén. Esto puede incluir desde la transferencia de la titularidad, hasta constituir una sociedad, reformar los estatutos societarios, disolver los entes jurídicos, negociar la extinción de una concesión, efectuar enajenaciones de diversos tipos, entre otros.
También se deberá especificar cómo será la modalidad de privatización: puede ser desde una venta de los activos, la puesta en venta de las acciones o cuota partes del capital social, una locación con o sin opciones de compra o una concesión. Por otro lado, se especificará cómo será el procedimiento de selección de quienes quieren comprar o concesionar las empresas y en qué plazos se decidirá.
Por otra vía aparte, ese informe deberá ser remitido a la Bicameral del Congreso que tiene el seguimiento de las privatizaciones. Esta todavía no está constituida en su totalidad: según confirmaron fuentes cercanas a Martín Menem, la conformación de la misma no será prioridad inmediata para el oficialismo y se buscará avanzar primero con la Ley Hojarasca.
Una vez que Milei autorice las privatizaciones, saldrá en el Boletín Oficial un aviso para que los oferentes puedan conocer las condiciones. En el reglamento también incluyen un apartado para "procedimientos de selección internacionales". Desde el Gobierno indican que varios de los sondeos informales que llegaron proceden del exterior.
El primer fragmento del Anexo que reglamenta la Reforma del Estado de la Ley Bases. (Boletín Oficial)
Desde el Gobierno indicaron que para las empresas puestas a privatización en la Ley Bases se debe contemplar qué se debe hacer con los contratos que estas mantienen con las provincias y cómo se trasladarán esas responsabilidades.
También ponen a Chaher como el funcionario que tiene que elaborar, junto a la empresa, un inventario de los bienes que constituyen su patrimonio, en donde constarán las respectivas valuaciones realizadas. "Para los supuestos previstos en los incisos a) y b) del artículo citado, se deberá definir un orden de prioridad para la enajenación de los bienes, en atención a la utilidad y valor que representen para el cumplimiento de finalidades estatales", indica el decreto.
