Se le atribuyen una serie de delitos entre los que se encuentran malversación, colusión simple, colusión agravada, negociación incompatible y usurpación de funciones.
Así como ocurrió con Alejandro Soto Reyes, un año atrás, empiezan a salir a la luz una serie de cuestionamientos e investigaciones contra el nuevo presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, también integrante de Alianza para el Progreso. De acuerdo a un informe de ‘Ojo Público’, el titular de la Mesa Directiva tiene en curso tres investigaciones fiscales por corrupción que provienen de su época como gerente general del Gobierno Regional de Madre de Dios, entre el 2015 y el 2016, bajo la presidencia de Luis Otzuka, exdirigente de la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin).
Salhuana Cavides es investigado junto a otros 13 funcionarios del gobierno regional de Madre de Dios por el presunto direccionamiento de la contratación de la empresa Staff de Negocios SAC, para que se encargue de la ejecución de la Feria Expo Amazónica 2015. Se habría permitido que dicha empresa administre, recaude fondos para la realización del evento y presente un balance final inconsistente que generó una pérdida de más de S/500,000 al gobierno regional.
El integrante de APP fue uno de los funcionarios que aprobaron las bases para la contratación de dicha empresa, pese a que la directiva de la comisión establecía que no estaba facultada para contratar servicios. Tras ello, la compañía solicitó donaciones a diversas entidades públicas y privadas, entre ellas la brasileña Odebrecht, otorgando S/29,500 para el evento.
También cuenta con una investigación por el desvío de más de un millón de soles de 13 obras públicas para la contratación de 37 personas que desempeñaron funciones en áreas administrativas del Gobierno Regional de Madre de Dios. Está incluido en la indagación junto a otros seis exfuncionarios.
Un peritaje determinó que se infringió el proceso de contratación ya que las boletas de pago del personal irregularmente contratado indicaban que laboraban en la obra, pero en realidad cumplían tareas administrativas. De las 13 obras antes mencionadas, 10 eventualmente necesitaron un incremento de presupuesto para continuar su ejecución.
La tercera denuncia es por aparentemente promover la contratación de un residente y un supervisor —ninguno cumplía con los requisitos establecidos para el puesto— para la obra del mejoramiento de la prestación de servicios tecnológicos del Centro de Desarrollo Ganadero (Cedega).
Por estas investigaciones, al integrante de Alianza para el Progreso (APP) se le imputan los presuntos delitos de malversación, colusión simple, colusión agravada, negociación incompatible y usurpación de funciones. Estos casos se encuentran siendo investigados en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Madre de Dios.
De acuerdo al semanario 'Hildebrandt en sus trece', el parlamentario tuvo un serio cuestionamiento relacionado con una presunta omisión al momento de rendir su Declaración Jurada de Intereses, en donde Salhuana declaró tener solo un hijo, omitiendo a sus otros tres descendientes, según información del Reniec. Y registra una denuncia del año 2007 por alimentos a favor de su hijo mayor.
La demanda de su exesposa fue interpuesta en abril de 2006, cuando Salhuana Cavides aún se desempeñaba como congresista del periodo 2001-2006. En la demanda, la madre del menor pidió que el parlamentario le otorgue a su hijo una pensión alimenticia ascendente al 40% de sus ingresos. Inicialmente se dispuso que pague un 30%, pero finalmente la demanda fue archivada de manera transitoria en mayo de 2013 por motivo de falta de impulso procesal por más de 4 meses.
