La característica fundamental de cualquier democracia es que sus autoridades electorales sean independientes y autónomas, y que ejerzan esos atributos.
Bien decían Levitsky y Ziblatt en “Cómo mueren las democracias” que uno de los primeros pasos que un gobierno antidemocrático da al llegar al poder mediante las urnas es cooptar a las autoridades electorales. Cuestión que documentan ampliamente y ejemplifican con varios casos en el mundo y en particular en América Latina.
Característica fundamental de cualquier democracia es que sus autoridades electorales sean independientes y autónomas, y que ejerzan esos atributos. Lo anterior no es gratuito, tiene que ver con la credibilidad y legitimidad de cualquier elección, ya que quien cuenta los votos y anuncia los resultados tiene así la distancia suficiente de todos los actores directamente involucrados.
Venezuela hoy es un ejemplo clarísimo respecto del control de la autoridad electoral por parte del gobierno con el propósito de asegurarse el resultado independientemente de la manifestación ciudadana en las urnas. No se trata solamente de hacer caso omiso de la equidad de la contienda y de la aplicación a modo de las normas electorales, sino en el extremo de “inventarse” el resultado para que el poder en turno se reproduzca con apariencia democrática.
El caso de Venezuela, lamentablemente, no es único y lo podemos observar en diferentes latitudes y a lo largo de la historia de la democracia cuando se usa a la misma para simular un Estado de derecho y de respeto a la voluntad ciudadana.
Nuestro país es también una ilustración de lo anterior. Durante todo el siglo XX no dejó de haber elecciones independientemente de que el resultado por lo general se conociera antes de la jornada electoral y ahora, después de cuatro décadas de luchas por construir una institucionalidad democrática que se conoció y respetó en el mundo, tenemos indicios de preocupantes regresiones.
Por la noche del viernes pasado, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México convalidó lo que no dudo en calificar como un atraco. Me refiero a que en votación dividida, resuelta por el voto calificado de su presidente (ya que todos los tribunales electorales, y este no es la excepción, no están integrados en su totalidad dada la omisión del Senado), ratificó la decisión del Instituto Electoral de la CDMX (IECM) de darle a la coalición gobernante casi la mayoría calificada del Congreso local.
El pasado 8 de junio, el IECM aprobó por mayoría (5-2) en la sesión convocada para el efecto de la asignación de diputados al Congreso de la ciudad, que siete candidatos electos, originalmente postulados por Morena, pasaran ahora a las filas del PVEM y el PT. Esto con el propósito de que por la vía de la representación proporcional incrementaran su bancada de 38 a 43 diputados, con lo que quedan a uno de la mayoría calificada, y con ello la coalición gobernante podría modificar la Constitución local sin necesidad de diálogo con las demás fuerzas políticas.
Lo anterior tiene que ver con la simulación, la muy comentada sobrerrepresentación y finalmente con la burla a la decisión ciudadana que se manifestó por una persona y a la vez por el partido político que la postulaba. Si bien es derecho de los diputados cambiar de grupo parlamentario, eso debe hacerse una vez instalado el Congreso, hacerlo como se hizo en esta ocasión significa arrebatarle a la oposición posiciones que legítimamente había obtenido por la vía de la representación proporcional.
Esta decisión seguramente será recurrida ante el Tribunal Electoral Federal, quien tendrá la última palabra y se cruzará con la delicada tarea de resolver sobre la asignación de las diputaciones federales y con ello atender la representación de la pluralidad de la sociedad mexicana. Ambas resoluciones se tomarán en paralelo, ya que tienen como fecha límite antes del 1 de septiembre, día en el que se instalan las dos Cámaras. Si bien cada una tiene sus propias características y circunstancias, comparten un problema de fondo: por quiénes votamos y el alcance del mandato popular.
Lo menos que podríamos esperar de la autoridad jurisdiccional es que, en atención a la interpretación, no se quede en la lectura “a la letra” de la Constitución y la ley, y se conduzca en el sentido de la jurisprudencia 36/98 de la SCJN promovida por Olga Sánchez Cordero, en aquel entonces ministra de la Corte, misma que deja asentado que la norma debe interpretarse además de forma sistemática, teleológica, funcional e histórica.
Ya lo he anotado en otras ocasiones, no se trata solo de un número de diputados, sino de las consecuencias de construir mayorías artificiales para tomar decisiones que apuntan a cambiar el diseño del Estado mexicano, las reglas electorales y la aplicación de las mismas. Cuestión por la que no se votó el pasado 2 de junio.
Como lo estamos viendo ahora, con la información que sistemáticamente llega a nosotros acerca de la aprobación de los dictámenes que se someterán a la consideración del Congreso de la Unión a partir del 1 de septiembre, el Plan C está en marcha y con ello la concentración del poder en el Ejecutivo federal al vulnerarse el papel del Poder Judicial, la desaparición de los órganos autónomos y muchas otras reformas que no han recibido la misma publicidad y que de aprobarse alterarán hasta nuestra propia convivencia cotidiana.
El caso Venezuela es la burda manifestación del uso antidemocrático de las instituciones democráticas. En nuestro país vemos señales preocupantes en esa dirección. El caso referido de la CDMX es un clarísimo ejemplo de ello, las autoridades electorales federales (INE y TEPJF) tienen en sus manos la decisión de enderezar esto haciendo respetar el voto ciudadano.
