El juicio del caso cócteles contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular ha desarrollado ocho audiencias, dos veces por semana, del 1 al 24 de julio. Si esto fuera un partido de fútbol, diríamos que los jugadores han empleado este tiempo para mostrarnos sus habilidades y, de paso, nos han permitido ver sus debilidades.
El principal jugador es el Ministerio Público como persecutor del delito, representado por los fiscales José Domingo Pérez y la fiscal adjunta Paulina Roque. Luego, están los 40 acusados, Fuerza Popular, MVV Bienes Raíces y sus abogados y la terna de arbitros, compuesta por los jueces del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional.
La fiscalía presentó como principal fortaleza las pruebas: más de 1,500 testigos y más de 5000 documentos y peritajes. Está probado, dijo el fiscal, que existieron millonarios aportes de la constructora Odebrecht, Credicorp y Rassmuss, que se entregaron en efectivo y de forma oculta al público y a las autoridades electorales.
Está probado, enfatizó, que existió un esquema en el partido político Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, para ocultar las donaciones y para ingresarlas a la contabilidad del partido, sin dejar rastro de su origen.
Está probado, indicó, que se emplearon falsos aportantes, rifas, cenas y cócteles simulados, pagos en efectivo para gastar o ingresar las donaciones, gota a gota, al sistema contable del partido, en las campañas del 2011 y 2016.
Sin embargo, el fiscal evitó explicar cómo los hechos probados, los testimonios y documentos establecerían la existencia de una organización, con fines ilícitos, una cúpula que da órdenes y brazos que ejecutan esas órdenes.
Sobre el delito de lavado de activos, solo indicó que el dinero de Odebrecht proviene de la Caja de la División de Operaciones Estructuradas y, que los fondos de Credicorp y Rassmuss vienen de un fraude empresarial.
¿En qué momento y de qué forma los acusados se enteraron que recibían dinero ilícito? Una pregunta vital, aún sin respuesta.
La superabundancia probatoria puede jugar en contra de la fiscalía, si las audiencias se alargan demasiado. Un juicio que dure hasta el 2028 o 2029 sería fatal.
Además, esa abundancia complica la precisión probatoria. El fiscal debe establecer la culpabilidad de cada uno de los acusados. No del grupo, sino uno por uno.
Estas primeras audiencias dan la impresión de que la mayoría de acusados solo son bulto, un relleno innecesario.
En un juicio la forma de cada gol está previamente descrita en el Código Penal. Las piruetas que el jugador debe hace para meter un gol están definidas en el Código Procesal Penal. Meter la pelota al arco de otra manera, es un gol en contra.
Como sucedió en los 10 años de investigación, José Domingo Pérez insiste en buscar el apoyo mediático y público para suplir sus desventajas, pero para eso frases como, “el legado de Alberto Fujimori” no son suficientes.
El fiscal necesita mantener la atención pública y no se ve como lo hará. El juicio podría pasar rápido a un segundo plano en el interés público.
En el otro lado, tenemos a 42 jugadores: 40 personas, más Fuerza Popular, en la cúspide del poder político, y la empresa MVV Bienes Raíces. Cada uno de ellos, con su respectivo abogado.
La Ley dice que el fiscal debe probar la culpabilidad de una personal. A toda persona se le considera inocente hasta que se pruebe lo contrario. En este aspecto, los 40 podrían limitarse a observar y señalar las faltas del fiscal, para ganar descalificando al Ministerio Público.
Sin embargo, las primeras audiencias mostraron a acusados muy activos y con suficientes recursos, al contratar a los mejores penalistas litigantes y teóricos penales del momento, para las audiencias y post audiencia.
Cada uno de ellos, sabe que la gran corrupción que afecta al país ha invertido la premisa. En el Perú, a todo político, funcionario, empresario, al otro, al distinto, se le considera culpable y debe probar su inocencia.
Aquí se observan dos grupos que jugaran en paralelo, pero sin atacarse entre ellos. El grupo principal y el grupo relleno.
El grupo principal decidió aceptar los hechos planteados por el fiscal, pero bajo su propio punto de vista o explicación auténtica, pues en el sistema penal, un gol dudoso en cualquier portería, es un gol a favor del acusado.
¿Por qué? La premisa es que el Estado, representado por el fiscal, es un ser todo poderoso, al que es casi imposible ganarle. Por eso, el acusado goza de ciertas ventajas: la duda favorece al reo.
Así en su presentación de alegatos, admitieron los aportes no declarados de Odebrecht, Credicorp y Rassmuss, la entrega del dinero en efectivo, en la oscuridad de la noche y que había un esquema, que incluyó aportantes falsos, rifas y cenas simuladas, para ocultar su origen.
Pero, dicen que con las mismas pruebas del fiscal van a probar, que lo hicieron con un objetivo político: proteger el origen del aporte para no perjudicar sus negocios lícitos, en un país fraccionado políticamente.
A partir de ese “pero”, llevan el debate probatorio al campo jurídico. Lo que dice el fiscal, sus testigos y pruebas, explicaron, no coincide con lo que la ley describe como organización criminal en el momento en que sucedieron los hechos.
Luego, subrayaron que no es suficiente que Odebrecht tenga una condena por corrupción en Brasil y un acuerdo de colaboración eficaz en el Perú, sino piden que se pruebe que todo el dinero vino de esa fuente ilícita.
Además, que Credicorp y las empresas del grupo Rassmuss desarrollan actividades lícitas hasta hoy y no han denunciado ser objeto de fraude por parte de sus dueños.
Igualmente, aprovechan la gran cantidad de acusados para establecer la falta de prueba específica para cada acusado. ¿Qué acto hizo tal persona, en que lugar, día y hora? ¿Cómo se sabe quien dio tal orden, cuál fue la orden, quién la recibió, como la trasmitió y cómo se cumplió?
Los abogados del grupo de relleno no admiten nada. Aseguraron que no cometieron nada ilícito o que, si hicieron algo, fue por desconocimiento de la ley o por abuso de confianza.
Otros remarcaron que están en juicio solo por qué el fiscal necesitaba cantidad de acusados o perjudicar la defensa de Keiko Fujimori, como es el caso de los abogados juzgado por presunta obstrucción a la justicia.
El Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Penal Nacional, que integran los jueces Juana Mercedes Caballero, Nayko Coronado y Max Vengoa, componen la terna arbitral. Lo que ellos hagan o dejen de hacer influirá en el veredicto: por goles, por puntaje o por duda razonable.
Los jueces de investigación preparatoria y de control de acusación jugaron del lado del todopoderoso Estado. Eso no es lo mejor para la justicia, pero fue necesario en un país asaltado por la corrupción.
El juicio público es distinto, requiere jueces imparciales y objetivos para que el resultado sea creíble para la gran mayoría. Juana Caballero, Nayko Coronado y Max Vengoa tienen experiencia y han mostrado, en estas audiencias, tener el carácter necesario para generar confianza.
Los jueces repiten, cada vez que es posible, que no quieren un juicio extenso, pero que dejaran que cada parte despliegue su juego, en orden y sin excesos de pases. El tiempo siempre juega en contra de la justicia y afecta el derecho a obtener justicia en un plazo razonable.
Además, Caballero y sus colegas demostraron ser prácticos. Contra todo pronóstico instalaron el juicio en la primera audiencia, al decir no al pedido para discutir y revisar el control de acusación. Un debate que pudo ser interesante, pero que de haberse dado podía trastocar el juicio y poner patas arriba a todo el sistema penal.
Luego, ante los gestos de los abogados Humberto Abanto y Giulliana Loza y el pedido de Pérez para imponerle una sanción, decidieron reconocer que hubo un agravio interpretable, por lo que era suficiente un llamado de atención a todos.
Emitir una sanción al amanecer generaba un conflicto y ningún beneficio. Si los jueces siguen esa senda y controlan los excesos, el juicio avanzará rápido y podrán dar un veredicto sin tropiezos.
El fiscal debe concentrarse en la acusación probatoria y los 40 acusados no recurrir a sus amigos externos. Un juicio limpio, sincero y sin trampas beneficiará a todos.
Las audiencias del juicio a Keiko Fujimori y Fuerza Popular se reanudará este miércoles 7 de agosto, a partir de las 9:00 de la mañana, y continuarán el 11 y 13 de agosto.
En agosto debería comenzar el desfile de los más de 1,500 testigos que presentó la fiscalía, para lo cual se han empezado a remitir las citaciones a las audiencias, en caso de los que viven en el extranjero, vía cooperación judicial internacional.
Antes, se debe definir la situación jurídica del ex tesorero y ex personero legal de Fuerza 2011, Luis Mejía Lecca quien se encuentra postrado en cama. Los especialistas del Instituto de Medicina Legal han certificado que su situación médica es critica y no podrá afrontar el juicio. Lo más probable es que sea retirado del proceso y su juicio quede pendiente.
También debe definirse si el ex primer ministro Efraín Goldenberg participará en el juicio de manera virtual por los problemas para hablar y movilizarse por sus más de 90 años de vida.
Igualmente, hay un pedido de Vicente Silva Checa para que se declare la prescripción del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, por el tiempo transcurrido.
