Un nuevo proyecto de ley presentado por la congresista independiente Gloria Navas, y el liberacionista Gilbert Jiménez, propone crear un nuevo capítulo en la Ley contra la Delincuencia Organizada, de manera que se penalice el delito de homicidio por sicariato y se le imponga una pena de 25 a 50 años de prisión.
La iniciativa, que se tramita bajo el expediente 24.471, crearía todo un marco legal para este ilícito, incluyendo definiciones criminales, la autorización para realizar escuchas telefónicas y penas de cárcel para quien contrate o sea autor intelectual del homicidio por sicariato.
En la legislación actual, el artículo 112 del Código Penal establece penas de 20 a 35 años de prisión para quien mate a otra personas por un precio o una promesa remuneratoria. Sin embargo, este delito se categoriza como “homicidio calificado”, no existe un tipo penal llamado “sicariato”.
La diputada Gloria Navas fue presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico hasta el pasado 30 de abril, y desde el 21 de mayo Jiménez asumió esa labor.
En ese foro se discutió recientemente el proyecto de ley N.° 24.047, que pretende añadir un artículo al Código Penal para penalizar con 25 a 35 años de prisión el “Homicidio por sicariato”. El mismo castigo aplicaría para quien encargue la muerte de la víctima.
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Esa iniciativa fue impulsada por 21 diputados, entre ellos Navas y Jiménez. No obstante, el diputado liberacionista explicó a La Nación que tanto él como Navas consideran necesario profundizar este tipo penal, e incluirlo también en la Ley contra la Delincuencia Organizada. Además, ambos sugieren elevar la pena máxima a los asesinos a sueldo.
“En este momento el delito no está tipificado como tal, y es una actividad criminal que está involucrada dentro de la delincuencia organizada. Estamos haciendo una integración total, porque el proyecto que estaba en discusión no contemplaba esto, aquí sí se hace eso”, explicó el liberacionista.
Aunque el proyecto de ley N.° 24.047 ya está listo para ser debatido por el plenario de la Asamblea Legislativa, Jiménez considera que su nueva propuesta sería complementaria. En caso de ser necesario, pueden efectuar modificaciones.
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En caso de ser aprobado, el proyecto de ley de Navas y Jiménez crearía un nuevo capítulo llamado “Normativa Anti-sicariato” en la Ley contra la Delincuencia Organizada, el cual definiría como sicariato la práctica de cometer asesinatos por encargo a cambio de una remuneración económica o algún otro tipo de beneficio, sea para sí mismo o para un tercero.
La propuesta también impone pena 25 a 50 años de cárcel a la persona que planifique, supervise, organice, financie, direccione, encargue, instruya o dé mandatos para la ejecución de un homicidio por sicariato.
Asimismo, aplica el mismo castigo para la persona que contrate, encargue, o prometa un pago, recompensa o cualquier beneficio a otra persona, para que esta cometa un homicidio por sicariato.
Además de la pena de prisión establecida, la iniciativa sugiere un agravante de hasta un medio del castigo cuando la víctima sea menor de edad, mayor de setenta años o sea una persona con discapacidad.
El mismo agravante aplicaría si el delito es cometido por miembros del crimen organizado, si es cometido por dos o más persona coordinadas, o si la víctima del ataque es un juez, un fiscal o un investigador del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
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En su última sección, el proyecto de ley propone que se imponga una pena de 10 a 15 años de prisión al funcionario policial que se aproveche de sus conocimientos y posición para entrenar o asesorar en técnicas para la comisión del sicariato.
Adicionalmente, se le impondría una inhabilitación absoluta para el ejercicio de sus funciones por un periodo de 20 años.
Los mismos castigos aplicaría para los exagentes policiales que entrenen o asesoren a los malhechores.
Finalmente, la iniciativa de Navas y Jiménez sugiere que se autorice al OIJ para que desarrolle un archivo de sicariato, con el fin de tener localizados a los asesinos a sueldo nacionales y del istmo centroamericano vinculados a Costa Rica.
También se autoriza al Poder Judicial y al Ministerio de Seguridad Pública para recibir y emitir información con cuerpos policiales nacionales e internacionales sobre investigaciones de sicariato transnacional.
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