La Policía Nacional podría archivar las denuncias de cuatro agentes, todas mujeres, contra la inspectora jefa Olga Lizana, responsable de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la comisaría de Toledo y a la que acusan de acoso laboral, como informó ABC. En el informe de 394 páginas elaborado por la propia comisaría, una circunstancia censurada desde el sindicato ASP, se concluye que «no se dan los requisitos necesarios para estar ante una conducta de acoso laboral y, en consecuencia, se propone el archivo». Firmado por un inspector, concretamente el segundo de la Secretaría General de la comisaría provincial, recoge los escritos que las denunciantes elevaron al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Jefatura Superior de Policía en Castilla-La Mancha. Hubo una quinta agente que también denunció , pero «no aportó» con su documentación el modelo que se recoge en el protocolo de acoso laboral, según consta en el informe, que tiene en cuenta la denuncia «solo para valoración». También se han cotejado las declaraciones de las cinco policías implicadas, entre ellas la inspectora jefa, además de documentos y el testimonio de otros agentes como testigos. Incluso un jefe de grupo afirmó que la inspectora jefa «no veía bien» que se hablara con las denunciantes, y entregó también cuatro ficheros con información que pudiera guardar relación con los casos que se investigaban. Sin embargo, el inspector que rubrica el informe de valoración inicial advierte que «los hechos denunciados, para considerarse acoso laboral, deben tener una continuidad en el tiempo, con la finalidad de destruir psicológicamente a las denunciantes». Con esta premisa, concluye que «lo que se ha visto tanto en las declaraciones como en los escritos de denuncia son hechos puntuales y aislados que no suponen un hostigamiento a las denunciantes, sino que generan una desconfianza mutua». Esto crea un «mal ambiente laboral», que «afecta incluso a otros funcionarios» de la brigada , asegura. Pero estas «rencillas o situaciones de tensión no constituyen, en modo alguno, lo que se entiende en el marco legal como acoso laboral», sentencia. En varias párrafos de las conclusiones, alude a que los problemas entre la inspectora jefa y las policías son «momentos puntuales». No obstante, reconoce que es «evidente» que su relación «se deterioró hasta tal punto que intentaban evitarse mutuamente», ya fuese en el saludo reglamentario o al coincidir en algún lugar. Por eso, «el hecho de que, en un ambiente tan tensionado, el resto de componentes de la brigada intentaran evitar el contacto con las denunciantes puede ser comprensible para evitar problemas ». Sin embargo, «no significa ni queda acreditado que esa haya sido la intención» de la inspectora jefa. Su acción «parece, en todo caso, encuadrarse más dentro de una conducta despótica», valora el instructor, «ya que es también bastante habitual en la documentación encontrar menciones a la personalidad» de la inspectora jefa «y su actitud, no solo con las denunciantes, sino con todo el personal» de la brigada. Sobre insultos o menosprecios de palabra por parte de su jefa a algunas de las policías, sugiere que sería «más correcto» encuadrarlos «dentro de una ofensa puntual, motivado por el conflicto personal existente entre denunciante y denunciada, que quizá pueda enmarcarse dentro de alguna responsabilidad disciplinaria». Tampoco aprecia descalificaciones, vejaciones, humillaciones, agresiones verbales o aislamiento social, «más allá de la percepción» como responsable de la brigada del trabajo de sus subordinados y su derecho, como jefa de todos ellos, «a fiscalizar y supervisar» su trabajo. Para el instructor, se trataría de una conducta «de otro tipo» de la inspectora jefa, que «parece ser bastante exigente con el trabajo de sus subordinados». Sin embargo, considera que Lizana no quiere crear a las denunciantes «un entorno hostil o humillante con la consiguiente lesión de su dignidad e integridad moral» . Afirma que, en una brigada «tan mermada de personal» como la de Policía Judicial de la comisaría de Toledo, «no se puede permitir el lujo de ir echando a gente». Y añade que, si hay carencias, las personas que trabajan en la brigada «son las que tienen que multiplicar su esfuerzo para que el servicio no se vea afectado». Por otro lado, en el informe se prescinde de la grabación que una de las agentes hizo a Lizana el 12 de enero. «El único insulto que se recoge por parte de la inspectora jefa a su subordinada es un 'que te den por el culo'», pero el instructor no tiene en cuenta la grabación, «bajo ninguna circunstancia», porque la denunciada estaba en una situación de desventaja. Sobre los justificantes de unos exámenes que Lizana solicitó a una de las policías a la que «en diecisiete años nadie me los había pedido», el instructor razona: «El hecho de que, en situaciones similares anteriores no se haya solicitado dicho justificante y ahora sí, puede significar que, efectivamente, hay una pérdida de confianza de la inspectora jefa hacia la denunciante, pero no se puede considerar una represalia como acoso laboral ». El informe da también por buenas las explicaciones de la inspectora jefa, quien niega otras acusaciones de sus subordinadas. Por ejemplo, haber impedido a una policía conciliar la vida laboral y familiar; haber manipulado el ordenador de otra para eliminar documentos que la agente afirmaba que había elaborado; o haber transmitido a otros compañeros que «limitasen» su relación con las denunciantes. El instructor de la comisaría de Toledo finaliza su informe afirmando que « muchas de las conductas denunciadas se refieren a posibles vulneraciones de derechos laborales , en referencia a conciliación y cambios de puesto de trabajo». No obstante, precisa que « tampoco puede constituir acoso laboral en sí mismo, independientemente de que exista otro tipo de responsabilidad». «Pero han de darse el resto de elementos esenciales», añade. Desde el sindicato ASP, critican duramente la instrucción y el contenido del informe. « Las conclusiones son tan llamativas como desconcertantes . Se ha dejado desamparadas a unas víctimas con una prometedora carrera profesional», sentencia su secretario general, Alfredo Perdiguero, quien censura que «la investigación ha sido realizada por la propia comisaría y bajo la supervisión de los mismos jefes a los que se les comunicó el mal ambiente y los problemas existentes». En declaraciones a ABC, considera que el instructor desestima las denuncias «con razones tan desconcertantes como que él mismo describe el ambiente de la brigada como tensionado, y que sus componentes evitaban el contacto con las denunciantes para evitar problemas con la jefa de la brigada». «Sin embargo, no estima que las funcionarias se sintieran aisladas» , precisa. Perdiguero avanza que no van a recurrir porque no creen que la Dirección General de la Policía «quiera encontrar la verdad». Y desvela que una de las denunciantes ha solicitado una excedencia «para valorar si esta es la institución de la que desea formar parte».
