Educadores aseguran que hace falta el apoyo de especialistas y más participación de padres para atender las frecuentes situaciones de 'bullying' y violencia entre estudiantes
Situaciones de bullying y ciberbullying abruman cada día a docentes de primaria y secundaria, quienes deben hacerles frente con las pocas herramientas con las que dicen contar.
Cuando hablan de los casos lo hacen en plural y comentan que sus colegas pasan por lo mismo pues los actos de violencia de estudiantes contra otros son cada vez más frecuentes y severos.
Sostienen que están presentes en todos los niveles: van desde escolares amenazando con apuñalamientos y alumnos creando grupos de WhatsApp en los que humillan a sus compañeros hasta colegiales que no respetan a sus profesores.
A las dificultades para atender los problemas entre los estudiantes se suman los reclamos de padres que recriminan a los docentes porque “están de brazos cruzados”, así como los enojos por las acciones que toman “en búsqueda de la convivencia estudiantil y el bienestar de los alumnos”.
“A los chiquitos no les importan las boletas. Hay padres que todo lo toman a la ligera y los papás más presentes son los que exigen, pero se queda uno a la deriva con esos procesos.
“El Ministerio de Educación Pública (MEP) debería reforzarnos con orientadores y psicólogos en las escuelas y más en escuelas grandes”, afirmó Martha, docente de primer grado en una primaria de San José y quien solicitó mantener en reserva su identidad.
La misma petición hicieron otros dos educadores que figuran en este artículo.
Martha tiene actualmente 29 estudiantes, grupo del que ya ha reportado diversos casos de bullying ante el Departamento de Problemas Emocionales y de Conducta, no obstante, la encargada le advierte que tampoco puede hacer mucho, pues está saturada de referencias: ella es la única persona que atiende esos procesos en una escuela de más de 1.000 estudiantes.
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Para la docente, sería muy beneficioso contar con el apoyo de profesionales en Orientación y Psicología que ayuden a prevenir y los acompañen en el manejo de la situación.
Lo que esta educadora solicita es una realidad poco probable en primaria. Según datos del MEP, la cobertura de orientadores en el 2023 era de un 11,97% en las 3.675 escuelas del país: solamente hay 440 plazas.
“Falta más. Al final los puntos de conducta no llegan a nada. En esa parte estamos muy en abandono porque no hay consecuencias para los actos y si las hubiera, lo que pasa es que lo mandan a la casa, no pierden trabajo cotidiano porque todo se les manda a la casa, prácticamente se van de vacaciones”, aseveró Martha.
Las palabras de esta maestra coinciden con lo dicho por Juan, un orientador de un colegio de Desamparados al que asisten 1.300 estudiantes y que, según cuenta, en los últimos dos años los casos de bullying y violencia no han cesado.
“No les interesa si les mandan boleta. Si los suspenden, los docentes tienen que correr para mandarles materia y recibirles tareas. Lo ven como un premio”, contó el profesor.
Dora, una docente de sexto grado de una escuela en Goicoechea, descubrió cómo sus alumnos habían creado un grupo de WhatsApp que llamaron Los quemados y en el que se burlaban de algunos compañeros, al punto de hacer stickers y memes con palabras soeces usando las fotos personales que los niños compartían en sus redes sociales.
“Ellos hacían mucho bullying, hablaban cosas feas y ‘quemaban’ a algún niño o niña diciéndole cosas ofensivas. Entonces se prohibieron los celulares y se les dijo que asumían cualquier responsabilidad al ser mayores de 12 años. Tuvimos que pararnos fuerte, los chicos a veces son incontrolables, hay poco control parental”, afirmó Dora.
Otras docentes le han contado de “altercados terribles” en los que hay escolares que llegan con “cuchillos y otros objetos punzocortantes”.
En el caso de Martha, también lidia en su tiempo libre con pedidos de madres que le insisten en que “tiene que hacer algo”.
Lo mismo le ocurre a Juan, quien cuenta que él y sus colegas reciben constantemente mensajes de padres y madres que “minimizan su labor” y dicen que en el colegio “no hacen nada”.
“El Reglamento de Evaluación de Aprendizajes (REA) está muy obsoleto. Consiste en un rebajo de puntos de la nota, entonces uno escucha a los estudiantes diciendo: ‘si me quedo en conducta, vengo y hago trabajo comunal y no me pasa nada’”, expresó Juan.
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Martha y Juan han experimentado situaciones complejas derivadas del bullying.
El año anterior, la docente vivió un caso que encendió las alarmas en toda la escuela: varias alumnas de tercer grado actuaban con mucha violencia y una de ellas amenazaba a sus compañeros.
“Tenía una estudiante que la mamá estaba privada de libertad y cuando se enojaba con las compañeras les decía que le iba a pedir a la mamá que las apuñalara. Tuvimos reunión con la compañera de conducta y con padres de familia de las niñas involucradas. Eran casos de mucho bullying y violencia”, recordó Martha.
En cuanto a lo que ocurre a nivel de secundaria, Juan narró que los estudiantes tienen una cultura de agresión en la que todo tratan de resolverlo con golpes.
Recientemente, un caso de bullying terminó en violencia física. El orientador cuenta que una estudiante de quinto año y su hermana de sétimo eran constantemente molestadas por una alumna de décimo, hasta que la situación se hizo aún más grave.
Como posible solución para poder atender mejor estos casos, el profesor considera que es necesario que los padres se involucren más con sus hijos, que promuevan el respeto a los docentes y que dejen de ver el colegio “como una guardería”.
Asimismo, considera que los grupos de alumnos deberían ser de menos estudiantes, pues actualmente cada docente debe atender hasta 33 jóvenes.
El tema de arrastre de materias es otro factor que, desde su punto de vista, les otorga mucho tiempo ocioso a los alumnos que van a clases solo por tres materias.
“La Ley 9999 (Prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense) nos ata mucho de manos a los docentes, ya no existe esa autoridad que había antes (...). Si uno dice algo que les incomoda, lo toman como base para denuncia. Nos han quitado mucha autoridad”, lamentó.
