Aena asegura a la CNMV que no ha sido notificada de la adopción de las medidas cautelares en sus sociedades londinenses. El Gobierno acumula una deuda de 1.560 millones con las empresas que sufrieron la retirada retroactiva de las primas renovables
La negativa de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de no hacer efectivo el pago de los laudos arbitrales a favor de los fondos de inversión que han reclamado al Gobierno español por la reducción de las primas a las renovables ha impactado ahora en Aena, a la que la Justicia británica ha embargado de forma cautelar su derecho de usufructo sobre el aeropuerto de Luton, en Londres.
La culpa la tiene el proceso judicial sustanciado en el Reino Unido "para el reconocimiento y ejecución" del laudo dictado en un proceso arbitral de Ciadi, seguido por NextEra Energy Global Holdings BV & NextEra Energy Spain Holdings BV, contra España, cuyos abogados informaron de que se había "dictado una decisión judicial el pasado 11 de julio sin audiencia del Reino de España y sin participación de Aena". Dicha decisión pasa por acordar una medida provisional -denominado 'interim charging orders'- sobre el 26,01% en las acciones de la sociedad London Luton Airport Holdings III Limited y sus filiales -sobre el 'beneficial interest' que los abogados de los demandantes atribuyen a España-, además de los terrenos en los que una de las filiales aparece como titular registral y que incluyen varias propiedades que forman el Aeropuerto de Londres-Luton.
Aena ha asegurado en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que no ha sido notificada de la adopción de las medidas cautelares en las sociedades del aeropuerto de Luton, propiedad al 51% del gestor aeroportuario español. Ante ello, la compañía dirigida por Maurici Lucena ha afirmado que llevará a cabo, "tan pronto" le sea notificada la decisión, las comprobaciones pertinentes para determinar el alcance y consecuencias de esas medidas y, en todo caso, "defenderá los intereses de Aena, sus filiales y sus accionistas del modo que jurídicamente proceda".
El Gobierno acumula una deuda de 1.560 millones con las empresas que sufrieron la retirada retroactiva de las primas renovables. A esta cifra habría que sumarle 310 millones adicionales, en concepto de condenas en costas o intereses de demora. Ante los impagos reiterados que el Gobierno se niega a pagar, los tribunales británicos han autorizado esta medida compensatoria en relación con el laudo, que obliga a España a indemnizar a la compañía estadounidense NextEra con un pago que ronda los 300 millones de euros.
La justicia belga ya embargó más de 80 millones de euros a Enaire por estos impagos. Con anterioridad, los tribunales británicos han embargado edificios y cuentas de banco de distintos entes públicos españoles, como las instalaciones del Instituto Cervantes en Londres o el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, una propiedad en la que opera una oficina económica del gobierno autonómico de Cataluña. La magistratura de las islas también ha confiscado el derecho de cobro de la indemnización del Prestige -por valor de 900 millones de euros- y cuatro cuentas de banco. Por su parte, la Corte Suprema de Australia dio la razón a los acreedores, permitiendo futuros embargos, y la Justicia de EE UU está analizando la misma situación y se pronunciará en breve. A todo ello hay que sumarle la sombra del "default" técnico que afecta, al menos, a cuatro títulos de deuda.
Los fondos y compañías afectadas por estos impagos reclaman al Gobierno español que ponga fin a esta embarazosa situación y reclaman a Ribera una "salida negociada". Las empresas que están sufriendo estos millonarios impagos recuerdan que la titular ministerial tiene encima de la mesa una "propuesta de resolución que permitiría poner fin a los litigios y reinvertir parte de las indemnizaciones en la economía española". Los acreedores recalcan que, en caso de mantenerse la situación de impago, los "embargos irán a más".
