Fueron dos los procesados que se sentaron en el banquillo de los acusados por el accidente de tren de Santiago de Compostela en 2013, la mayor tragedia ferroviaria de la historia reciente de España, con 79 fallecidos y más de un centenar de heridos. Durante el proceso judicial, el maquinista, Francisco Garzón Amo, pidió insistentemente perdón a las víctimas. El excargo de Adif encausado, Andrés Cortabitarte, en cambio, optó por el silencio. Pero esa actitud del conductor no le ha servido judicialmente para conseguir rebajar su pena: ambos fueron condenados a dos años y medio de cárcel. «Perdón, perdón, perdón», insistió Garzón Amo, entre lágrimas, durante su interrogatorio en el juicio del accidente del Alvia. No era, ni mucho menos, la primera vez que se acordaba de los fallecidos y de los heridos. Lo hacía siempre que tenía ocasión. Por ejemplo, en una carta a las familias de las víctimas en 2014, en el primer aniversario de la tragedia: «Cuanta pena y dolor siento», escribía entonces. Las víctimas siempre han agradecido esos gestos hacia ellas del maquinista, en contraste con el silencio del excargo de Adif. No deja de ser un episodio puntual, pues las víctimas siempre han mantenido una actitud ejemplar en todo el proceso, pero no hay que olvidar que, después de una de las primeras sesiones del juicio, un familiar se acercó a Cortabitarte, ya en la calle, para golpearle por detrás. «Que te pidan perdón, repara, está muy bien», reconoció el portavoz de las víctimas durante el juicio, lanzándole así un guiño al maquinista del Alvia. Pero esa actitud que ha mantenido Garzón Amo, que las víctimas siempre han agradecido, no ha servido para que la jueza aceptase aplicarle los atenuantes de confesión o reparación del daño. Sobre el primero, la sentencia reconoce que el conductor, desde el primer momento, reconoció que se había despistado mientras hablaba por teléfono con el interventor del tren. Entró en la curva de Angrois, ya cercana a la estación de Santiago, a casi 200 kilómetros por hora, cuando el límite era de 80. Pero la magistrada deja claro que haber admitido ese hecho no implica «el reconocimiento de la comisión de una infracción penal». Y es que, muy al contrario, Garzón Amo siempre ha sostenido que, pese a su despiste, la causa del accidente había sido la mala señalización y la falta de medidas de seguridad en la curva. La jueza Elena Fernández Currás también rechaza aplicar al maquinista el atenuante de reparación del daño. La magistrada no duda del «sincero pesar del acusado por las víctimas del accidente y sus familias». Sin embargo, añade la sentencia, «ese pesar y exteriorización del mismo es consustancial a la conciencia de que su despiste y el exceso de velocidad con el que circulaba es lo que provocó el descarrilamiento del tren». Además, recuerda la jueza, aunque las víctimas hayan agradecido el perdón del conductor, ninguna de las familias dejó de acusarle en el juicio, reclamando la misma condena para los dos acusados. Tanto las acusaciones particulares como las populares, ejercidas por la asociación Apafas y la Plataforma de Víctimas del Alvia, señalaron en todo momento a ambos como responsables del accidente. También lo hizo, en un principio, la Fiscalía, que inicialmente pedía cuatro años de prisión tanto para Garzón Amo como para Cortabitarte. En el tramo final del juicio, sin embargo, el fiscal Mario Piñeiro decidió dar un volantazo y pedir eximir de responsabilidades penales al excargo de Adif. Pero la jueza, en su sentencia, enmendó a la Fiscalía e impuso la misma pena para ambos encausados: dos años y medio de prisión por 79 delitos de imprudencia grave profesional. Fernández Currás concluyó, en una sentencia contra la que todavía cabe recurso, que, si bien es cierto que el maquinista no tomó las «precauciones elementales» cuando recibió una llamada del interventor –que nada tenía de urgente–, que la falta de un sistema de seguridad adecuado ante un eventual fallo humano del conductor en el tramo de la vía en el que ocurrió el accidente fue determinante. Se instaló cuando se inauguró, el conocido como ERMTS, que hubiera frenado el tren de manera automática. Pero como estaba dando algunos problemas, Cortabitarte, como director de seguridad de la circulación de Adif, aceptó cambiarlo por otro menos sofisticado –el llamado Asfa– «sin analizar y gestionar los riesgos» de la modificación. En la sentencia, la jueza compostelana también destaca el papel jugado durante todo el proceso por las acusaciones populares, que «han mantenido una actuación particularmente relevante», llevando «gran parte del peso de la acción penal» durante la vista. La jueza reconoce que la acción penal ejercida por las acusaciones populares resultó «decisiva» para condenar a Cortabitarte una vez que el Ministerio Público decidió retirar su acusación contra el excargo de Adif.
