“Si por Fuerza Popular fuera, la ONPE sería un calco del CNE de Maduro, pero a su servicio”.
¿Nicolás Maduro pretende robarse la elección del pasado 28 de julio? Sin duda alguna. Perdió por lejos y las actas recogidas por miles de los personeros (en Venezuela se llaman testigos) logran reconstruir una realidad que para quien quiera ver es la única verdad indubitable: el presidente electo de Venezuela es Edmundo González por el doble de votación de la que obtuvo Maduro.
Hace mucho tiempo que la forma democrática de gobierno no existe en Venezuela. No existe separación de poderes porque el chavismo los controla todos. Cuando no lo logra por los votos, lo logra por la fuerza. Hace años que existen presos políticos, inhabilitados para competir en elecciones, violaciones sistemáticas a los derechos humanos (desde el derecho a la vida hasta la libertad de expresión) ejecutadas por unas fuerzas del orden vigiladas por severos aparatos de inteligencia. No hay disidencias, Maduro controla el Ejército y en América Latina quien controla el ejército controla el poder.
No es la primera vez que Maduro organiza un fraude ni es la primera vez que el mundo lo denuncia. Pero hay dos cosas nuevas. La primera es que María Corina Machado puede probar el robo de la elección. Es tan contundente la prueba, tan potente, que el Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado por Maduro se apuró a proclamarlo presidente el lunes, sin siquiera haber acabado el escrutinio, sin una sola impugnación y sin publicar ni una sola acta, alegando un ataque cibernético que nadie vio. Hasta hoy, no se han visto las ya famosas actas de votación en la web oficial del CNE. Pero todos podemos verlas, mesa por mesa, (como las publica la ONPE en el Perú) en una web administrada por la oposición.
Lo segundo, a favor de la causa de la libertad, es que millones de venezolanos han perdido el miedo y repudian al régimen. Si se hubiese permitido votar a los 7 millones de venezolanos residentes en el exterior, sus cifras serían peores. Y lo sabe. Hoy Maduro solo tiene de su lado a las fuerzas de la represión y haciendo uso brutal de ellas va a detener, torturar y desaparecer; cosa que no es nueva en estos 25 años de chavismo.
Venezuela sufre una dictadura socialista que, además de destruir la democracia y negar todas las libertades a los ciudadanos, ha hecho lo que suelen hacer todas las dictaduras socialistas: matar de hambre a su pueblo. La crisis migratoria de Venezuela es la peor catástrofe humanitaria del mundo. Solo el Perú ha recibido, en muy pocos años, un millón quinientos mil de venezolanos que vinieron a nuestro país no porque este sea un paraíso. Vinieron a trabajar para poder comer. Esta migración, sin precedentes en la historia del Perú, es un desafío que se repite en toda la región.
Defender la democracia y la vigencia de los derechos fundamentales es una obligación de todo Estado democrático, comprometido por tratados internacionales a honrar estos compromisos. El Perú tiene una voz importante, no solo por una cuestión de principios, sino porque el desastre económico y autoritario de Venezuela tiene un efecto directo en nuestra sociedad. No nos podemos quedar callados ni ponernos de lado. Es evidente que el canciller llevó una posición firme y correcta a la Asamblea General de la OEA aunque su inexperiencia diplomática le hizo perder las formas. Sin embargo, poco se consigue en la OEA, una institución casi siempre inoperante. Esta vez, no fue la excepción.
Sin embargo, preocupa internamente que el mismo celo con el que congresistas, ministros y, en general, políticos peruanos, se solidarizan con el pueblo venezolano no exista para solidarizarse con el pueblo peruano. Veamos algunos ejemplos. La represión en Venezuela mata a 12 personas y ciertamente es un horror, pero ¿qué son 49 muertos ejecutados por las fuerzas del orden comandadas por Dina Boluarte? ¿Saben que son para esos políticos? Son nada. Ni una palabra les dedicó la presidente el pasado 28 de julio. Nada.
¿Tenemos separación de poderes? Un Tribunal Constitucional, al servicio del Congreso es lo mismo que tener un Tribunal Supremo de Justicia que siempre resuelve a favor de Maduro. ¿Se respeta la voluntad popular? El 80% quería un adelanto de elecciones y jamás se respetó esa voluntad. ¿Tenemos Estado de derecho? La Constitución se modifica por ley y no pasa nada. Se modifican normas penales para favorecer delincuentes y no pasa nada. ¿Cualquiera puede postular a un cargo de elección popular? No, porque el Congreso se ha dedicado a inhabilitar a sus enemigos políticos, exactamente como sucede en Venezuela.
¿Tenemos un sistema supranacional de protección de derechos humanos? Por ahora sí, pero en permanente desacato (indulto a Fujimori) y con un presidente del Consejo de Ministros que afirma “no descartar” la denuncia del Pacto de San José y, por tanto, la pérdida de jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo ha hecho qué país?: Venezuela.
También podemos explayarnos hablando del fraudismo de Fuerza Popular que, a modo de espejo de Maduro, no reconoce los resultados electorales. Meses de desprecio por las reglas del juego democrático que luego se canalizaron en la desesperación (compartida con sus aliados en el Congreso) por capturar la JNJ y así controlar tanto el sistema de justicia como el sistema electoral. Si por ellos fuera, la ONPE sería un calco del CNE de Maduro, pero a su servicio.
Un meme circuló esta semana que describe bien el doble estándar que tienen los políticos peruanos. El texto dice: “Hipermetropía: es cuando una persona ve de lejos, pero no ve de cerca. Ejemplo: ves lo que pasa en Venezuela, pero no ves lo que pasa en tu propio país”.
