Existen muchos elementos que exhiben los puntos flacos de la mascarada en marcha contra Venezuela y, sobre todo, de sus peligros: desde la inadmisible exigencia de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) abra el supuesto «cofre» de las actas de sufragio al mundo, hasta la advertencia grosera formulada hace tres días por el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca por medio de su portavoz, John Kirby, cuando afirmó en rueda de prensa que a su país se le «está agotando la paciencia».
Esa es una frase de demasiada insolencia, premonitoria de acciones aún más graves que las medidas punitivas latentes contra la nación bolivariana, y a las que estarían contribuyendo, incluso obrando de buena fe, todos quienes se monten en el carro de los cuestionamientos…
Huelga cuestionar por qué alguien tendría que exigir concesión obligada por un pedido de tamaña injerencia que jamás se ha impuesto a país alguno; mucho menos cuando el «requisito» se erige sobre las aseveraciones de una contraparte política que ha demostrado su falta de lealtad a la Patria con la reiterada solicitud de intervenciones extranjeras, y el estímulo al desorden y la violencia dentro de su país, dos actitudes que está volviendo a sostener ahora. Pero, sobre todo, porque no ha dado pruebas de ser mayoría.
¿Por qué habría que conferir mayor credibilidad a las aseveraciones carentes de sustento de María Corina Machado y Edmundo González —quienes desde semanas antes de la votación dejaron ver que desconocerían los resultados— que a los cómputos todavía en proceso del CNE, entidad que en su segundo boletín, este viernes, ratificó la victoria de Nicolás Maduro?
Pero las imposibilidades de complacer los pedidos de «transparencia» que se quieren hacer valer sobre la institucionalidad venezolana no son solo de carácter moral, sino también técnico.
Lo primero que salta a la vista es que incluso el CNE no ha concluido el proceso de computar el ciento por ciento de las actas, para lo cual tiene un plazo de 30 días, según la ley. Lo otro es que se quiere obviar una condición esencial que, precisamente, es la que da confiabilidad y blinda de posibles fraudes al sistema electoral de Venezuela: se trata, como se sabe, del único proceso del mundo computadorizado de «cabo a rabo», es decir, desde la emisión del voto, que se realiza marcando en una computadora, hasta el conteo de los sufragios y la emisión de los resultados.
Por tanto, lo que existe son comprobantes del ejercicio del voto que la máquina entrega a cada quien luego de marcar su voto en pantalla, como constancia de que la PC registró la opción por él deseada.
Como han explicado expertos venezolanos como la abogada constitucionalista y especialista en temas electorales Olga Álvarez, el software de los procesos de votación, escrutinio y totalización se audita y certifica con la participación de los partidos políticos, y acompañantes y veedores de la elección, por lo que la función de estos últimos es denunciar las irregularidades que ocurran en el momento de votar y emitir los comprobantes. No hay conteo manual ni posibilidad de introducir datos falseados.
La posibilidad que tienen los partidos que duden de los resultados es presentar una denuncia formal ante los órganos competentes, como ha hecho el presidente Maduro al acudir ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo Electoral para presentar un recurso, de modo que sea ese ente el que coteje las actas del PSUV y las de la oposición, y dirima el contencioso planteado por esta... y no de la mejor forma.
Lo primero que el mundo vio fueron los actos vandálicos promovidos por esa derecha, que intentó reinstalar la violencia guarimbera de 2017. Veinticuatro horas después de cerrar las urnas, las primeras víctimas fueron transeúntes sin alguna pieza de color rojo que indicara apego al PSUV, y quienes eran atacados por grupos de tres y cuatro hombres jóvenes por la sospecha de que el otro era un «chavista». Una cacería brutal para sembrar el terror y desestabilizar, sin contar los incendios posteriores a centros médicos, alcaldías, escuelas, sedes del Psuv y decenas de instituciones en distintos estados, por solo mencionar algunos actos vandálicos.
Una se pregunta dónde están las manifestaciones civilizadas de esa gran masa de votantes que la Plataforma de la Unidad Democrática alega tener, y cuyos integrantes de distinguen por ser en su mayoría de tez blanca, y características en su aspecto que los muestran como una clase acomodada distinta a la gente del pueblo, y lejos de esos sujetos que, se ha denunciado, son pagados por la derecha para que cometan fechorías lindantes con el fascismo.
Existen antecedentes que permitieron prever la opción del fraude y el desorden como un plan de la derecha con evidente apoyo desde afuera. Esos antecedentes van desde la negativa de la Plataforma a comprometerse a aceptar los resultados desde un mes antes de los comicios, hasta hechos poco divulgados como las protestas que tenían lugar la noche del domingo electoral en la Embajada venezolana en Argentina, incluso con la presencia conspirativa de la canciller de ese país, Diana Mondino, incluso desde antes de que el CNE diera a conocer el primer parte con la victoria de Maduro.
El Presidente venezolano ha aseverado que su coalición, Polo Patriótico, aportará para el trabajo de fiscalización que pide al Tribunal Supremo, el ciento por ciento de sus actas de mesa. ¿Harán lo mismo María Corina y la Plataforma?
Lejos de exponer de modo oficial sus presuntas pruebas, la oposición derechista insiste en hacerlo de modo subversivo en su página web. Eso acepta lo que ellos pongan. El cotejo de esas supuestas pruebas ha demostrado la existencia de nombres de votantes fallecidos en 2016, entre otras trampas como la exigencia de mínimos porcientos de certificados de votación que están lejos de totalizar el 80 por ciento de las certificaciones de votos que la Plataforma dice tener.
La falta de transparencia de la Plataforma —que no del Psuv ni el CNE— se ha confirmado con la ausencia de su candidato, Edmundo González, a la vista oral convocada y realizada por el Tribunal Supremo este viernes, luego de convocar a todos los participantes. González fue el único ausente.
Además, la titular de la Sala Electoral de esa Corte demandó disponer de las actas de escrutinio de las mesas electorales a nivel nacional, la de totalización definitiva del proceso eleccionario y las de adjudicación y proclamación del mencionado proceso, y pidió al CNE las pruebas relacionadas con el ataque cibernético denunciado por el ente electoral la noche misma del domingo, lo que retrasó el proceso de cómputos y afectó su sistema.
La verdad seguirá saliendo a la luz. Pero hay que respetar a Venezuela.
