Hace apenas tres semanas, el Gobierno abrió la puerta al posible pacto fiscal a la carta para Cataluña, que incluiría la condonación de 15.000 millones de deuda que tiene la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Aunque tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han negado en repetidas ocasiones que un Fisco catalán fuera posible, la realidad es que ya está aquí, camuflado en la aplicación de una «financiación singular» adaptada a las «peculiaridades» de la comunidad catalana. De esta manera, ambas formaciones independentistas logran ver satisfechas sus «necesidades fiscales y de financiación» y Sánchez consigue a cambio la investidura de Salvador Illa para liderar el próximo Gobierno catalán.
¿Pero qué significa el concierto catalán y que su Gobierno autonómico tenga plenos poderes de recaudación de todos sus impuestos? Pues que tendrá el control sobre una ingente cantidad de dinero que dejará de engrosar de forma directa las arcas del Estado. Según datos del Ministerio de Hacienda del ejercicio 2023, los catalanes aportaron un total de 53.544 millones de euros en recaudación de tributos estatales de los 271.935 millones recaudados en el conjunto del país por este concepto, los correspondientes a IRPF, IVA, Sociedades y tributos especiales.
De este cómputo total, las diferentes actualizaciones para garantizar la cesión de competencias al Gobierno catalán elevó hasta el 50% el control impositivo sobre el IRPF y el IVA, y hasta el 58% en el caso de los tributos especiales, sin tener ninguna capacidad de actuación sobre lo recaudado en Sociedades, que fueron 6.201 millones el año pasado. Por tanto, sí que pudo gestionar directamente hasta 23.207,80 millones por IRPF –el 19,3% del total–, otros 18.571,25 millones (22%) de IVA, además de 1.812,00 (8,7 %) correspondientes a los gravámenes especiales: un total de 43.590 millones. A esta cifra habría que sumarle la de los impuestos que ahora no controla, más lo recaudado por Sociedades, 7.303 millones.
En total, la recaudación final del 100% rozarían los 54.000 millones, que pasarían ahora al control autonómico catalán. Una cantidad descomunal si se compara con los 123.356 millones de euros que Hacienda transfirió a las comunidades autónomas en concepto de entregas a cuenta en 2023, cifra que superó en más de 12.000 millones de euros la cuantía que recibieron en 2022, un 11% más. Y, por supuesto, la comunidad que más recursos recibió fue Cataluña. En concreto, percibió un total de 23.255 millones, lo que supone el 18,8% del total. Esto significan 30.300 millones menos de los que controlarán bajo su propia Hacienda.
Al pasar toda esta ingente cantidad de dinero por el tamiz de la Generalitat, las que se verían perjudicadas serían el resto de comunidades, ya que el cupo autonómico a pagar y que debe pactarse –como en el caso de los gobiernos forales– no se acercaría ni de lejos a esa cifra. Además, salvo que el Gobierno decida lo contrario cuando se conozca la letra pequeña del acuerdo, a esas cantidades la Hacienda catalana podría sumarle las entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia Global y las transferencias del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, fruto de la estimación de ingresos fiscales en función de las previsiones económicas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado.
Al consumarse esta cesión, esta Hacienda propia sería una realidad y se cruzaría una línea roja que el Gobierno siempre negó. «No comparto un concierto económico para Cataluña y el PSC, tampoco», dijo el pasado 15 de julio la ministra de Hacienda tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Días después, los socialistas catalanes y ERC firmaron un primer borrador de la financiación «ad hoc» para Cataluña. Desde Fedea apuntan que ceder a Cataluña el 100% de los tributos «impediría llevar a cabo políticas sociales uniformes en todo el país y cambiaría la naturaleza del Estado».
Dentro de este acuerdo también se incluiría la condonación de los 15.000 millones de euros de deuda que la Generalitat tiene con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), en torno al 20% de la deuda total de la comunidad, lo que se traduciría en 1.980 euros por habitante ajustado. Organismos oficiales como el Banco de España o la Airef, e independientes como Fedea o el IEE, han advertido en reiteradas ocasiones de que la condonación de deuda a Cataluña impactará de forma negativa en el PIB, el empleo y las cuentas públicas porque «contribuirá a agravar los problemas de indisciplina fiscal que ya sufren» y afectará a la «cohesión social y territorial».
Fuentes de Economía confirmaron en su momento que esta operación para reducir la carga de deuda no supondría un aumento de la ratio de la deuda sobre el PIB al utilizar un subterfugio financiero para ello, a través de la reasignación de la deuda entre diferentes niveles con una «transferencia interna entre subsectores del conjunto de las Administraciones Públicas», por lo que el Gobierno camuflaría el impacto financiero sobre las emisiones del Tesoro en 2024, la ratio deuda-PIB o la deuda global.
