Hace ahora un año, Pedro Sánchez decidió fiar su suerte política a la figura de Carles Puigdemont . Le concedió una presidenta del Congreso lo más cercana dentro del PSOE a sus intereses como Francina Armengol ; la introducción del catalán y el resto de lenguas cooficiales en las Cortes, de una manera tan rápida que se empezó a aplicar antes incluso de modificar el reglamento de la Cámara Baja; el impulso a la misma lengua en la Unión Europea (UE), donde se empleó a fondo el ministro de Exteriores, José Manuel Albares , y, claro, la amnistía. Este último fue el pago que más costó, y cuyas letras no vencieron, ni mucho menos, cuando los siete diputados de Junts per Catalunya permitieron la investidura del pasado noviembre. Reuniones de tapadillo tanto en Bruselas como en Ginebra, fotos de Santos Cerdán junto a urnas del 1-0, un mediador internacional, enmiendas que hacían cada vez mayor ese olvido legal del 'procés' e incluso una votación sobre la ley que Junts tumbó, para retomarla de nuevo con más exigencias hasta su aprobación definitiva. Pero ni todo eso ha servido para que la legislatura funcione . Junts hizo caer el pasado 23 de julio la senda de déficit , primer paso en el camino de los Presupuestos. Y eso que todavía Sánchez no había amarrado con ERC la investidura de Salvador Illa . Ahora, Puigdemont tiene menos incentivos aún para facilitarle el mandato al líder socialista. En su carta de ayer, que presagia un muy inminente regreso a España, el expresidente catalán fugado retó abiertamente al presidente con su eventual encarcelamiento cuando pise suelo español. E incluso se mofó de su denuncia de una persecución en su contra por la investigación judicial por presunta corrupción contra su mujer, Begoña Gómez, cuando lamentó que haya «más escándalo porque un juez impute a la mujer del presidente del Gobierno» que por el hecho de que «el Tribunal Supremo se niega a aplicar la única ley que se ha aprobado esta legislatura, la única ley de amnistía aprobada desde la entrada en vigor de la Constitución». El aviso a navegantes parece claro, y presagia nuevas dificultades con un Puigdemont cada vez más irritado . Todo ello aun cuando Sánchez haya logrado uno de sus objetivos mayores, el de que Illa presida Cataluña, retomando una cohabitación de dos socialistas en Moncloa y en Sant Jaume que no sucedía desde 2010, último año de José Luis Rodríguez Zapatero y José Montilla, respectivamente, al frente de los gobiernos central y catalán. Pero precisamente la derrota política en Cataluña de Puigdemont , que volverá, pero no como quería para ser aclamado (e investido) como presidente, no presagia tiempos tranquilos en la política nacional. Más aún si se tiene en cuenta la sempiterna disputa por la hegemonía independentista entre Junts y ERC , a la que Puigdemont culpó ayer nada menos que de ser responsable de su futura detención. La negociación del concierto económico para Cataluña que contempla el acuerdo de investidura con los republicanos, y que ya ha puesto en pie de guerra esta semana a buena parte de las principales federaciones autonómicas del PSOE, será en ese sentido un campo de batalla nada desdeñable. Ayer la Ejecutiva del PSC ratificó en Barcelona el pacto con ERC y en un breve discurso Illa se comprometió al «cumplimiento de manera íntegra» de lo firmado. De la cesión, por tanto, del 100% de los impuestos, IRPF incluido. Una palabra que sin duda le ha tomado ya Puigdemont. Un año después de embarcarse en el camino por el que salvó otra investidura, Sánchez sigue empantanado en una precariedad parlamentaria que la presidencia de Illa no solo no soluciona, sino que agrava.
