El Gobierno ha conseguido sacar adelante dos proyectos de ley en su primer curso legislativo marcado por las elecciones, la negociación por la amnistía y las dificultades de la mayoría parlamentaria salida de las urnas
Junts impide al Gobierno asentar la legislatura con su rechazo al primer paso para aprobar los Presupuestos
El Congreso celebró el 23 de julio el último pleno del curso legislativo en una fecha simbólica: el primer aniversario del 23J, las elecciones que permitieron a Pedro Sánchez revalidar el Gobierno de coalición progresista. Los doce meses han estado atravesados por un intenso ciclo electoral –con cuatro elecciones consecutivas– y por las complicadas negociaciones con Junts, socio ineludible en el nuevo esquema de mayorías salido de las urnas.
El último Pleno fue un nítido ejemplo de las dificultades que el Gobierno ha afrontado en estos primeros meses de legislatura, en los que ha conseguido sacar adelante varias leyes pero también ha sufrido derrotas parlamentarias.
El Congreso dio el visto bueno a cuatro iniciativas, algunas tan importantes como la renovación del Poder Judicial, la prórroga del escudo anticrisis o la ley de paridad. Pero en el camino quedaron la reforma de la ley de extranjería y el trámite de la senda de déficit, paso previo para la consecución de los Presupuestos Generales del Estado.
El mismo día 23 de julio el Gobierno exploró casi todas las fórmulas que le permite la aritmética parlamentaria actual. Pactó varias leyes, entre ellas la de paridad y el decreto anticrisis, con la mayoría de la investidura; llegó a un acuerdo con el Partido Popular para la renovación del Poder Judicial, pero fracasó en su intento de que ese partido le diera los votos para sacar adelante la reforma de extranjería. Algo similar pasó con la senda de estabilidad presupuestaria, que tumbó Junts a última hora.
Aunque la legislatura echó a andar hace un año, en agosto de 2023, apenas hubo actividad legislativa hasta después de la conformación del nuevo Gobierno, en noviembre de ese año. Desde entonces, el Parlamento ha aprobado definitivamente dos proyectos de ley salidos del Ejecutivo y otros dos propuestos por los grupos parlamentarios y seis reales decretos. Además, el Congreso ha enviado al Senado para su aprobación definitiva otras tres leyes del Gobierno y otra de los grupos.
Entre ellas hay algunas normas relevantes, como la primera iniciativa que tramitó el Congreso este curso legislativo: la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término “disminuidos”. Fue la tercera modificación de la Carta Magna en toda la democracia, que contó con el apoyo de todos los grupos excepto Vox.
Gran parte de estos meses de legislatura han estado marcados por la tramitación de la ley de amnistía para los encausados por el procés, el principal compromiso que adquirió Pedro Sánchez con Junts y ERC para asegurarse sus votos en la investidura. El texto fue negociado hasta la última coma y aunque los de Carles Puigdemont lo llegaron a tumbar en su primera votación en el Congreso quedó aprobado definitivamente el 10 de junio, después de un ciclo electoral que entre el 18 de febrero y el 9 de junio incluyó las elecciones de Galicia, Euskadi, Catalunya y las europeas, con sus respectivas campañas.
El Gobierno también ha logrado dar luz verde a un proyecto de ley sobre enseñanzas artísticas, otro que obligará a gobiernos y órganos directivos de empresas a cumplir con la paridad y un último texto para crear un organismo independiente sobre la investigación de accidentes como el de Spanair o el del Alvia de Santiago de Compostela. Además, ha enviado al Senado para su aprobación definitiva dos leyes sobre bomberos y agentes forestales.
El Congreso también ha remitido a la Cámara Alta la ley pactada entre PP y PSOE para la reforma del Consejo General del Poder Judicial, una norma que ambos acordaron en paralelo a la negociación para la renovación de los vocales que se votó también en el ‘súperpleno’ del 23 de julio.
El PSOE ha tratado durante las últimas semanas de rebatir la idea que agita el PP de que el Parlamento está paralizado. “Hemos aprobado siete decretos, seis leyes [solo cuatro definitivamente], y 26 proposiciones de ley están tramitándose en el Congreso, en sus diferentes fases en las comisiones, en las ponencias… El presidente ha comparecido tres veces en el Congreso, una en el Senado y ha habido 35 comparecencias de los ministros”, enumeró a finales de junio el portavoz socialista, Patxi López.
Sánchez, en su comparecencia de final de curso en La Moncloa, puso en valor la producción legislativa del Gobierno pero matizó que un Gobierno no debe evaluarse únicamente desde esa perspectiva. “En España siempre ha habido una concepción excesivamente legislativa de la acción del gobierno. A menudo usamos el número de leyes aprobadas para medir la fortaleza o el rendimiento de un ejecutivo, cuando en realidad es un indicador que nos habla más bien de la situación del Poder Legislativo, es decir, del Parlamento”, dijo. “Las leyes son muy importantes [...], pero creo que lo sustantivo en el fondo, es que las leyes son un instrumento para conseguir resultados, [...] un medio, no un fin. Lo que importa, lo que cambia la vida de la gente, son nuestros resultados”, sintetizó.
El principal partido de la oposición, mientras tanto, ha tratado de confrontar esa supuesta parálisis legislativa con sus victorias en la Cámara Baja. Su portavoz, Miguel Tellado, llegó a hablar de un “hito” hace un mes en el Congreso para celebrar las “110 iniciativas aprobadas” entre proposiciones no de ley y mociones, aunque evitó detallar si contaba como iniciativas cada epígrafe de esas PNL o de las mociones, que frecuentemente se votan por separado en la cámara.
La realidad, no obstante, es que el PP no ha conseguido que ninguna de sus leyes avance en su tramitación en el Congreso. Solo dos han sido tomadas en consideración y de la decena que proviene del Senado ninguna ha dado ningún paso ni en las reuniones de la ponencia ni en las comisiones y por tanto tampoco en el pleno.
Los choques dialécticos no han impedido que los dos principales partidos de la oposición hayan logrado acuerdos a lo largo de estos meses. Más allá de la renovación del Poder Judicial, ambas fuerzas llegaron a un acuerdo para la reforma del artículo 49 de la Constitución y el PP se abstuvo este martes en la convalidación del decreto que prorroga las medidas económicas para hacer frente a la crisis derivada de la guerra en Ucrania.
Los últimos meses de curso legislativo han estado marcados por algunos desencuentros en el seno del Gobierno. El primero de ellos, a cuenta de una ley promovida por el Grupo Socialista en el Congreso para prohibir el proxenetismo que generó un intenso debate en el grupo plurinacional, donde conviven diferentes posturas sobre la prostitución. Sumar decidió votar en contra de su toma en consideración entre críticas al PSOE por considerar que llevaba una iniciativa de ese tipo para dividir a su socio.
Esa misma semana, a finales de mayo, a las puertas de la campaña electoral de las europeas, Sumar también se posicionó en contra de la Ley del Suelo redactada en el Ministerio de Vivienda, que la parte socialista del Gobierno llevaba al Congreso para su primer trámite parlamentario. Entonces, el PSOE trató de buscar el voto favorable de los de Alberto Núñez Feijóo, difícil de conseguir en plena precampaña. La negativa de los populares obligó al Gobierno a retirarla en el último momento para evitar una nueva derrota.
Sumar también rompió la unidad de voto dentro de la coalición este mismo mes, en la proposición de ley pactada entre PP y PSOE para reformar el Consejo General del Poder Judicial. Los de Yolanda Díaz celebraron el acuerdo que puso fin al bloqueo de ese organismo pero se abstuvieron en la votación sobre la reforma ante su enfado por haber quedado al margen de ese acuerdo.
Junts fue pieza esencial para la investidura de Pedro Sánchez y su apoyo es imprescindible para el Gobierno en esta legislatura. Cada vez que sus siete diputados han anunciado su voto en contra en alguna iniciativa, los negociadores del Ejecutivo se han visto forzados a hablar con el PP o a resignarse a perder esa votación. El partido de Carles Puigdemont ha repetido en varias ocasiones que no forma parte de ningún bloque en el Congreso. Se refieren al ‘bloque de la investidura’ o a los ‘socios del Gobierno’, ese grupo de partidos que sustentan habitualmente el apoyo parlamentario a la coalición progresista.
Si bien es cierto que los independentistas catalanes han prestado su apoyo a diversas iniciativas en esta legislatura, Sánchez no puede dar por descontado su apoyo y menos en estos meses marcados por la situación política en Catalunya.
El último Pleno del curso político fue un buen ejemplo de cómo de conectadas están la política estatal y la catalana. Después de conocerse que el presidente del Gobierno y el president en funciones, Pere Aragonès, se reunirían en Barcelona, en medio de las negociaciones entre PSC y ERC que han fructificado en el 'sí' de las bases de ERC a la investidura de Salvador Illa, Junts anunciaba en el Congreso que rechazaba la senda de estabilidad que se tramitaba ese día en el Congreso, paso previo para la aprobación de los presupuestos.
En los partidos del Gobierno vieron ese movimiento como un aviso por parte de Junts, aunque rechazaron que ese gesto pueda poner en peligro la estabilidad de la legislatura.
Es por eso que Sánchez apeló directamente al partido de Puigdemont en su comparecencia esta semana, al que pidió que haga una oposición “útil”, también con los presupuestos del próximo año. “Me gustaría que la dificultad para encontrar acuerdos en las Cortes Generales que ha dominado estos últimos meses electorales termine. Que todos los partidos acepten de una vez por todas el mandato que nos dio la ciudadanía el pasado 23 de julio, y que entiendan que ahora no es el momento de seguir haciendo una campaña electoral permanente”, reclamó Sánchez.
