Nicolás Maduro tiene sometido al CNE, cuyos miembros son designados por la asamblea chavista. Keiko Fujimori, con tres fracasos consecutivos, insiste en controlar la ONPE y el JNE con maniobras desde el Congreso.
Más allá del comunicado difundido a inicios de semana donde invocan a respetar la democracia en Venezuela, el partido Fuerza Popular, que encabeza Keiko Fujimori, ha acentuado en los últimos años los ataques y el intento de sometimiento de los entes electorales en el Perú. Algo similar a lo ya concretado por Nicolás Maduro en su país.
De momento, la atención de la comunidad internacional está centrada en el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, instancia cuya composición está plagada de personas afines al chavismo, según explica Nancy Arellano, internacionalista y vicepresidenta de Coalición por Venezuela.
En conversación telefónica, la especialista detalla que los nueve integrantes del CNE fueron elegidos políticamente por la Asamblea Nacional de Venezuela, la única cámara del sistema parlamentario venezolano que, por lo demás, está dominado por el chavismo.
La negativa para la publicación de las actas de escrutinio de los votos del 28 de julio tiene como responsable a Elvis Hidrobo Amoroso, presidente del CNE. Según detalla Nancy Arellano, se trata de un personaje que, además de haber sido elegido por la asamblea chavista, tiene un perfil de simpatía por Nicolás Maduro. Como muestra está el video del 2020 donde saluda al dictador por su cumpleaños, ejecutando un saxofón.
“Elvis Hidrobo Amoroso es miembro declarado del partido de gobierno y tiene cargo activo en la dirigencia”, agrega.
Arellano detalla que una de las principales irregularidades es que el CNE dio como ganador a Nicolás Maduro, sin mostrar a los personeros el detalle de las votaciones, tal como exige la ley.
El CNE en Venezuela hace las veces de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Es decir, ejecuta los procesos electorales y administra justicia electoral. Y la institución está capturada.
En el caso peruano, desde la tercera derrota de Keiko Fujimori en el 2021, Fuerza Popular y sus satélites de la derecha se han empecinado en controlar a la ONPE y el JNE. El objetivo político es someter a estas instituciones para los comicios del 2026.
Primero fue la campaña de desprestigio bajo la narrativa de un fraude que nunca existió. Los ataques llegaron a niveles de delirio: Lady Camones, legisladora de APP y cercana al fujimorismo, admitió en Canal N que no hubo fraude, pero insistió en la salida de los jefes de los organismos electorales.
Sobre la marcha, el Parlamento ha intentado separar a los jefes de la ONPE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), mediante la manipulación de la composición en la Junta Nacional de Justicia (JNJ). No lo lograron.
Ahora, queda en agenda del Congreso iniciativas como aquel que impulsa el fujimorismo para someter a juicio político a los jefes de los entes electorales. U otro de Avanza País para recortarles el mandato.
En materia de administración de justicia, Nancy Arellano explica que en el caso de Venezuela se puede acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero esta instancia tiene como presidenta a Caryslia Beatriz, quien también tiene bastante cercanía con el chavismo y como muestra está un antiguo video donde llama a votar en las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela (el partido de gobierno de Maduro). Es por ello que Maduro se apresuró en acudir a esta instancia para solicitar una auditoría a las actas.
En el caso peruano, la justicia electoral está directamente en manos del JNE, cuyo presidente, Jorge Salas, sigue siendo blanco de ataques, incluyendo denuncias constitucionales con el fin de apartarlo del cargo.
En Venezuela, también la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia está controlada por el régimen de turno. Se trata de la instancia equivalente al Tribunal Constitucional peruano (también subordinado al Parlamento peruano).
Arellano precisa que hasta la Defensoría en Venezuela está sometida. (“Estamos indefensos”). Situación parecida a la entidad defensorial peruana bajo el dominio actual del Congreso.
