Luego de que Perú Libre oficializara la expulsión de Margot Palacios, quien hace varias semanas ya había anunciado su desvinculación, pero que por decisión de la bancada aún la tenían retenida, la congresista arremetió con todo contra Waldemar Cerrón, hermano del líder prófugo del partido y vicepresidente del Congreso, por la aprobación de la pensión vitalicia a Alberto Fujimori.
"Pedimos transparencia, en esa Mesa Directiva también esta Waldemar Cerrón y eso es muy lamentable porque con la venia de este señor se ha aprobado darle a un sentenciado este sueldo que constitucionalmente corresponde, pero no a un genocida, dictador y uno que ha violado los derechos humanos", dijo para los medios.
En esa misma línea, también criticó esta alianza fujimorismo y cerronismo que controla la Mesa Directiva del Congreso y que ha permitido que se termine dando luz verde a lo solicitado por el exdictador.
En una rueda de prensa, Eduardo Salhuana, presidente del Parlamento, proporcionó información sobre la autorización para que Alberto Fujimori reciba una pensión vitalicia. Según Salhuana, miembro del partido Alianza para el Progreso (APP), no será necesario que la Mesa Directiva del Congreso evalúe la asignación de la pensión mensual de S/15.600 al exmandatario.
"Para mayo, se contaba con la opinión legal y los informes económicos necesarios. Finalmente, en junio, se tomó la decisión de autorizar el otorgamiento de la pensión, y el 10 de julio, Fujimori fue notificado de la aprobación de su petición", precisó.
Salhuana reconoció que la decisión era "controvertida", pero enfatizó que "el Congreso tiene que tomar una decisión". En este contexto, subrayó que la normativa que establece la pensión para los expresidentes de la República no es clara.
La congresista Ruth Luque presentó un oficio a la Mesa Directiva del Parlamento solicitando la anulación de la decisión de otorgar una pensión vitalicia al exdictador Alberto Fujimori. Según lo aprobado, Fujimori recibiría S/15.600 mensuales, a pesar de que la ley prohíbe conceder este beneficio a individuos con acusaciones constitucionales y sentencias por delitos contra los derechos humanos.
"No vamos a caer en el cuento de que esta decisión es administrativa y se resuelve administrativamente. Los funcionarios que emitieron informes ilegales fueron designados por políticos y responden a bancadas políticas. Le corresponde a la Mesa Directiva controlar esta decisión en respeto de sus deberes constitucionales de hacer respetar la ley ", dijo la parlamentaria por medio de una publicación en su cuenta de Facebook.
