El exdictador Alberto Fujimori necesitaría de 300 años de pensión vitalicia para pagar reparación civil que debe al Estado. Contra la Ley, el Congreso declaró procedente esta solicitud hecha por el exdictador, que fue impulsada y aprobada durante su gobierno. Esta cantidad de años se calcula dividiendo su deuda de S/57 millones con el Estado entre lo que recibiría cada mes.
La República conversó con los abogados penalistas Benji Espinoza, Andy Carrión y Joel Córdova quienes nos indicaron que la Procuraduría General del Estado y familiares víctimas de la dictadura, mediante el Poder Judicial, pueden solicitar el dinero de la pensión vitalicia del expresidente.
De acuerdo con el abogado Benji Espinoza, el exdictador Alberto Fujimori no percibiría ningún sol de su pensión vitalicia. El experto indicó que es "perfectamente posible" que el Poder Judicial embargue sus cuentas luego de que la Procuraduría lo solicite.
"Vale el embargo. El indulto solo borra la ejecución de la pena, nada más, el indulto no exime, exonera, ni cancela la obligación del pago de la reparación civil. Por supuesto, que la Procuraduría es la legitimada para solicitar el embargo, tiene que pedírselo al juez y él decidir si acepta o no, pero es perfectamente posible", dijo para La República.
En esa misma línea, indica que lo que está sucediendo ahora es una especie de aplicación monárquica de la ley, donde el rey podía dar una norma que aplicaba para todos menos para él. Espinoza menciona esto respecto a que durante su decenio se impulsó este proyecto de pensión vitalicia junto con todos los parámetros que se lo impiden actualmente. "El halo de impunidad que hay, y como se está manejando el Congreso, creen que tienen poder para hacer todo", indicó.
Para Andy Carrión, este hecho es totalmente irregular debido a la sentencia condenatoria de Alberto Fujimori, que fue promovida a raíz de una acusación constitucional hecha a inicios de los 2000. El abogado penalista califica como absolutamente falso las afirmaciones que señalan que el indulto le habría borrado la sentencia condenatoria.
En esa misma línea, también coincide con Benji Espinoza el tema del embargo: "La Procuraduría o deudos podrían solicitar al Poder Judicial para que se ejecuten los pagos de la reparación civil y se puedan embargar las cuentas y el dinero de Fujimori", afirmó.
No obstante, Carrión asegura que Fujimori ya sabe que le van a embargar este dinero y por eso motivo no ha reclamado su pensión como profesor de la Universidad Agraria La Molina (UNALM) porque él ya preveía que si le depositaban estos montos iban a ser motivo de incautación por parte de la Procuraduría, Poder Judicial y agraviados, por lo que esta solicitud es por puro interés político, ya que es un potencial candidato a pesar de que está prohibido.
"Al final todos los peruanos estaríamos pagando en cómodas cuotas la reparación civil porque el dinero que le van a pagar son de las arcas del Estado", finaliza.
Por su parte, Joel Córdova, quien fue abogado de la Procuraduría General del Estado, indicó que el Congreso ha infringido la ley N. 26519 al aprobar esta solicitud de pensión vitalicia, dado que él ha sido acusado constitucionalmente y el indulto otorgado por Pedro Pablo Kuzcynzki no borra ninguna situación jurídica, punto en el que coincide con Benji Espinoza y Andy Carrión.
"Es una vulneración flagrante a la ley N. 26519, que en su artículo 2, prohíbe expresamente el otorgamiento de pensión vitalicia para aquellos expresidentes que hayan sido acusados constitucionalmente y no sean absueltos luego por el Poder Judicial, como es el caso del indultado Alberto Fujimori, quien no solamente fue acusado constitucionalmente, sino que además fue sentenciado, y ninguna de estas situaciones jurídicas han sido borradas por el indulto humanitario que le otorgó Pedro Pablo Kuzcynzki", comentó.
En cuanto al tema de la pensión vitalicia, Córdova señala que se espera un panorama bastante lamentable por la cantidad de la deuda, que es de un aproximado de S/57 millones. El monto mensual que se podría obtener no permitiría un pago real de la reparación civil ni en el corto ni mediano plazo.
