La Ley de Góndolas tiene apenas algo más de un mes de ingresada en la Legislatura bonaerense y ya generó un revuelo importante, sobre todo en el mercado alimenticio y el supermercadismo.
Según el proyecto que vio la luz el 2 de julio pasado, el gobernador Axel Kicillof busca fomentar el aumento de la oferta de productos fabricados por pymes en las góndolas de los comercios de Buenos Aires, una idea muy similar a la que regía hasta hace algunos meses a nivel nacional -derogada por el gobierno de Javier Milei-, y que no fue demasiado exitosa.
Para esta semana se espera que sea presentado oficialmente en el Senado provincial por el ministro de Producción, Augusto Costa.
El supermercadismo fue el primero en oficializar su malestar, y entiende que la iniciativa no debe prosperar.
La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) envió una carta a la senadora Gabriela Demaría, presidenta de la comisión de Usuarios y Consumidores. Allí se exponen los distintos puntos en contra que el sector entiende que genera este proyecto de ley, y pide sin vueltas que los legisladores no le den luz verde.
El escrito que presentó ASU hace referencia a la violación de ciertos derechos constitucionales, como el "derecho al libre comercio".
"La libertad de elección del surtido de productos a comercializar forma parte del núcleo duro de las actividades típicamente comerciales o de intermediación, desde que el mismo es uno de los principales factores de la competencia en el mercado. De allí, el derecho del empresario a disponer de autonomía para la determinación de su oferta comercial sea esencial para el ejercicio del derecho constitucional antes citado", expresa la carta. La Ley de Góndolas bonaerense ya se encuentra bajo la órbita de la Comisión de Usuarios y Consumidores del Senado.
Pero los supermercadistas también apuntan a otras cuestiones, algunas relacionadas con aspectos "de percepción" y otros temas prácticos.
Entre los primeros, los grandes supermercados sostienen que -contrariamente a las acusaciones que reciben- no solo le dan espacio en sus góndolas a los productos de las grandes marcas. Explican que el 76% de los proveedores de productos generales y el 92% de los de marca propia son pymes.
Incluso, apuntan que "desde hace muchos años las cadenas de supermercados han implementado programas de desarrollo de proveedores pyme que han permitido a muchas de esas empresas alcanzar estándares de competitividad que les han dado un importante espacio en góndola.
En cuanto a las desventajas operativas que ven el sector, y basados en la floja experiencia de la Ley de Góndolas derogada durante esta gestión, ASU explica que se observaron problemas contrapuestos como el faltante de productos en las góndolas o el sobre stock -al no haber interés por toda la mercadería que se debe poner a la venta por ley, lo que genera tener productos inmovilizados-.
Siempre dentro del terreno de la disponibilidad de productos, los supermercadistas también destacan que hubo muchos casos en los que las Pymes no estuvieron en condiciones de cubrir el flujo de pedidos en base al volumen y la rotación que demandan estos centros de venta.
La Cámara de Argentina de Comercio (CAC) también salió al cruce de Ley de Góndolas. "El proyecto perturbará la operatoria de numerosas empresas e incrementará sus costos, con el consiguiente perjuicio para el consumidor final", reflejó en un comunicado.
La otra pata de esta historia, los fabricantes de productos alimenticios, también presentarán sus objeciones. A través de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), que agrupa a las grandes empresas del sector, diseña su propio escrito donde expondrá los cuestionamientos al proyecto.
En líneas generales, el proyecto de Kicillof pretende regular el mercado de consumo masivo fomentando la competencia y promoviendo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) de la provincia. El texto original establece una serie de límites en relación con las reglas de exhibición de productos en góndolas físicas y virtuales, con la excusa de evitar abusos de posición dominante por parte de las grandes marcas.
La iniciativa alcanza a los establecimientos bonaerenses dedicados a la comercialización mayorista y minorista de alimentos, bebidas, productos de higiene personal y de limpieza del hogar. Además, prevé multas de hasta 1000 sueldos de un empleado público y quita de concesiones.
