Coca-Cola fue condenada en Estados Unidos a pagar $6.000 millones por concepto de ajuste fiscal, entre principal e intereses, por contabilizar incorrectamente su facturación en el extranjero entre 2007 y 2009.
El grupo con sede en la ciudad de Atlanta, en EE. UU., indicó en un comunicado que tenía previsto apelar esta decisión judicial, dictada el miércoles por un tribunal federal de los servicios fiscales (IRS, por sus siglas en inglés).
“Coca-Cola considera firmemente que el IRS y el Tribunal Fiscal Federal han malinterpretado y aplicado mal las normas vigentes (...) y defenderemos vigorosamente nuestra posición en la apelación”, afirmó la corporación.
En un documento bursátil presentado el 29 de julio, Coca Cola precisó que sería reembolsado si su recurso fructificaba.
La sanción se refiere a los ejercicios contables de los años 2007, 2008 y 2009. Representa un importe acumulado en estos tres años de $2.720 millones, según la decisión dictada el miércoles por el juez Albert G. Lauder, consultado por la AFP.
Pero, si se incluyen los intereses generados por los balances cuestionados, la factura por este ajuste fiscal asciende a unos $6.000 millones a partir del 28 de junio de 2024, según la nota de Coca-Cola y un documento bursátil presentado el 29 de julio.
En esta nota, la multinacional estadounidense precisa que aún sería necesario sumar los intereses acumulados entre el 28 de junio y el pago efectivo -en fecha indeterminada por el momento-.
Coca Cola advirtió que si los servicios fiscales estadounidenses decidieran mantener la misma metodología de cálculo para los años posteriores a 2009, podría sufrir un ajuste adicional de aproximadamente $16.000 millones (intereses incluidos) a partir del 31 de diciembre de 2023.
“Somos optimistas de que, entre nuestra capacidad de generar efectivo a partir de nuestras actividades operativas y nuestra capacidad de pedir prestado fondos a tasas de interés razonables, seremos capaces de gestionar la gama de resultados potenciales en este asunto”, aseguró el grupo.
Este caso se inició en 2015, tras una investigación de los servicios fiscales estadounidenses.
Los supervisores fiscales consideraron que la corporación había subestimado sus ingresos imponibles en Estados Unidos ―en $9.000 millones en los tres años analizados― por la forma en que había contabilizado el importe pagado por las empresas filiales en Brasil, Chile, Costa Rica, Egipto, Irlanda, México y Suiza.
Estas empresas fabricaban productos concentrados en sus fábricas (jarabes, polvos) que luego la central decidió utilizar en cientos de embotelladoras asociadas en Europa, África, Asia, América Latina y Australia para preparar las bebidas de la compañía.
