La nueva ley de Vivienda Turística para la Comunidad Valenciana pone sobre la mesa una batería de medidas para poner coto a aquellos alojamientos ilegales o alegales y a los problemas de convivencia que generan en los municipios. Precisamente, la normativa establece la posibilidad de que los ayuntamientos asuman las competencias para inspeccionar o sancionar a los alojamientos que la incumplan y que esa recaudación se quede en las arcas municipales. Una cuestión que genera incertidumbre entre las administraciones locales por no conocer aún todos los detalles. Los gobiernos aplauden la puesta en marcha de este decreto pero esperarán a leer la letra pequeña del mismo para tomar una decisión sobre si se acogen a esta cuestión o no.
