En el 2006 un documento de la Comunidad Andina analizó el comercio exterior no registrado de sus 4 países miembros con el objetivo de establecer lineamientos de política que lo lleven a la categoría de “comercio registrado”. Los ítems analizados para casi todos los países fueron contrabando, cultivos ilícitos, comercio de zonas francas, bienes para uso militar, entre otros. Había problemas para su registro (1).
Pero había un ítem que aparecía como “no registrado” en solo un país: Perú. Y tenía la siguiente denominación: “Exportaciones de oro lavadero contrabando”. El informe no menciona ni el volumen ni el valor de dicha exportación. Y añadía que se debería evaluar su incorporación a las estadísticas oficiales.
En verdad el “oro lavadero” era oro explotado por empresas informales no registradas en el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Estas empresas ‘de alguna manera’ conseguían llevar la producción de oro a empresas que lo refinaban y, mediante un sistema de facturas truchas, conseguían ‘blanquearlo’ y darle un origen lícito. Acto seguido procedían a exportarlo por los canales regulares.
Por ello, en las estadísticas de Aduanas-Sunat figuraba una producción bastante mayor a la consignada por el MEM y, claro está, al aumentar el volumen exportado, lo mismo sucedía con su valor. Para elaborar la balanza comercial, el BCR consigna las cifras de Sunat. Como había discrepancia entre los volúmenes de oro del MEM y de la Sunat, se estableció, informalmente, la denominación de “oro lavadero contrabando”, que es la que recogió el informe de la CAN.
Al día de hoy
En esos años dicha producción de oro provenía de empresas informales, la llamada minería artesanal. Un informe de la minera Fidami (2010) dice que en el 2009 la producción de oro de la minería artesanal fue el 14,6% de una producción total en Perú de 211.301 kg. Agrega que había 79.600 productores artesanales en el país, con Puno en primer con 26.800 mineros, seguido de La Libertad, Arequipa, Piura, Madre de Dios, Lima y Ayacucho (con 7.500; 7.080; 6.600, 6.000; 5.450 y 4.620). Siguen 12 regiones más con producciones menores (2).
Agrega que una parte de las actividades artesanales produce deforestación, movimiento de tierras, colmatación de los lechos de los ríos, acumulación de gravas, entre otras. Entre sus principales características tenemos: “actividad minera al margen de las leyes; ocupación de derechos mineros de terceros; uso ilegal de explosivos; uso ilegal de cianuro. Buena parte del oro producido lo comercializan ilegalmente”.
Todo eso era conocido. Pero estábamos en la época del superciclo de altos precios de las materias primas (incluido el oro) debido a la industrialización de China. Se consideraba que la economía, en su modo “piloto automático”, seguiría creciendo por varias décadas.
Las preocupaciones económicas se centraron en el sector formal, en casi todos sus aspectos, pues las inversiones permitirían el aumento de la productividad de los otros sectores, lo que aumentaría la demanda de empleo formal. Por eso mismo, la informalidad, que ya rondaba el 75% del empleo de la población peruana, iría descendiendo, poco a poco. El “chorreo” surtiría efecto.
La cuestión es que, desde esa fecha hasta hoy las cosas han cambiado. Según un informe de la SNMPE y V&C (2), la minería no formal en el 2023 produjo 2,2 millones de onzas de oro, el 39,3% de la producción nacional. La valoración anual es de US$4.000 millones, de un total exportado de US$10.194 millones. Agregan que el costo directo e indirecto para la economía es de US$6.000 millones anuales: valor de producción (64%), salarios (13%); costo ambiental (8%); pérdida de productividad (9%) y costo fiscal (6%).
Una parte de esta producción ilegal se exporta de la manera ya analizada aquí. Y ha encontrado otras formas de salir del país. Dice el informe: de las 2.200 onzas reportadas como exportaciones bolivianas en el 2023, solo el 10% fue producida en Bolivia. El 90% se fue de contrabando de Perú a Bolivia, con la consiguiente pérdida de regalías e Impuesto a la Renta.
Pero la minería ilegal también se ha “modernizado”. Dice un informe de SBS (Activos Virtuales y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, 2019), de la cual depende la Unidad de Inteligencia Financiera, que está aumentado la utilización de “Activos Virtuales” en una serie de transacciones ilícitas, entre ellas el oro. Estos “Activos Virtuales” son los “tokens de pago” (o cripto dinero), los “tokens” de activos (análogos a bonos, acciones o derivados). Justamente, ayer jueves se publicó la Resolución SBS-02648/2024 para la prevención del lavado de activos relacionado con los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), bajo supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Aquí estamos
El tema de fondo no es solo que buena parte de la producción de oro es ilegal. El problema real es que esta actividad se ha convertido en un problema de seguridad nacional. En reciente reportaje a RPP, Dante Vera manifestó que esta actividad ilegal ha tenido un importante crecimiento en los últimos años, en parte debido a que el COVID-19 obligó a una parte de la población a buscar cualquier tipo de trabajo para subsistir.
Añadió también que la frontera con Ecuador y Colombia (por la zona del Putumayo), buena parte de Loreto, el triángulo entre Perú, Colombia y Brasil, además de la frontera con Bolivia y Brasil, se ha convertido en “tierra de nadie”, mejor dicho dominada por los productores de oro ilegal. Tenemos allí un problema de seguridad nacional. A ello se agrega que los altos precios del oro siguen aumentando la minería ilegal, que llega ya a niveles de organización violenta, como se ha apreciado en la minera Pataz.
Las actividades ilegales, no solo la del oro, han encontrado terreno fértil en la representación en el Congreso. No solo se abolió el DL 1607, que permitía a la Policía la incautación de explosivos a los mineros ilegales. También la ley Soto-Cerrón dejó de lado las barreras para que no se permita (en adelante) el cambio de uso de suelos para así combatir la tala ilegal. La minería ilegal está protegida al punto que las grandes máquinas empleadas en los lavaderos de oro, no necesitan estar en Registros Públicos, como si sucede con una moto o un automóvil. Y el Reinfo, que es un escudo para la minería ilegal, que les permite actuar como informales, ha sido prorrogado hasta diciembre de ese año.
Estamos, entonces, en un “país fracturado”, como lo afirmó Francisco Durand: una economía formal, una economía informal y economías delictivas. Hay muchos planteamientos para atacar las economías ilegales (narcotráfico, oro ilegal) como si solo fueran un problema de seguridad y/o delincuencial, para lo cual bastaría apresarlos y construir más cárceles. Es obvio que políticas de seguridad son necesarias, pero no suficientes.
Se trata, de un lado, de una influencia y un poder ya instalado y que actualmente tiene cierto control del Estado, que hay que combatir. Y, de otro, se trata de impulsar políticas que impulsen la creación de empleos productivos que constituyan alternativas a las economías delictivas. Las alternativas no son simples ni se van a conseguir en 5 años.
Todo empezó como jugando. Pero se ha jugado con fuego.
1) El Comercio No Registrado y su Tratamiento en Estadísticas de Comercio Exterior de la CAN, Lima, 2006
2) “Abordaje integral de la minería informal e ilegal en el Perú”, SNMPE, V&C, Analistas, Setiembre 2023.
