Tres décadas después, recientes acontecimientos confirman que Anacristina Rossi no estaba loca cuando escribió sobre los intereses que acechan al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en Talamanca.
En su novela La loca de Gandoca (1991), la autora apela a un estilo literario para narrar la lucha que ella libró en la vida real contra múltiples oficinas públicas y funcionarios para frenar un proyecto urbanístico en esa área protegida.
Afortunadamente, gracias a su intervención y a la de otras personas que se sumaron a la causa en aquella época, la iniciativa finalmente no se concretó.
Sin embargo, la amenaza vuelve a acechar a esta rica reserva natural, caracterizada por su exuberante vegetación, sus humedales, sus arrecifes, sus pantanos y sus bosques habitados por “monitos” y muchas otras especies.
En las últimas semanas, han salido a la luz pública fuertes indicios sobre un posible tráfico de tierras en el Caribe sur, promovido mediante el presunto otorgamiento ilegal de permisos para talar árboles dentro del refugio.
La Fiscalía Ambiental sospecha que con testaferros, segregaciones y corte de árboles se pretende cambiar la categoría de patrimonio natural del Estado que tienen esas tierras para trasladarlas a un régimen de administración particular.
“Estamos viendo cómo 188 hectáreas de humedales y bosques desaparecerán por arte de magia y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) parece que no lo comprende”, declaró el fiscal Luis Diego Hernández a La Nación, en junio.
Las tierras a las que se refiere Hernández fueron cedidas a terceros por una ley aprobada en el 2014, pero cinco años después la Sala Constitucional ordenó recuperarlas al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), tarea que todavía no se ha ejecutado.
Al parecer, particulares y funcionarios estaban aprovechando la “demora” del Sinac para realizar talas ilegales que permitieran cambiar el uso de suelo de los territorios a fin de poder realizar desarrollos urbanísticos.
Vecinos del refugio dieron la alerta por las redes sociales, pero el gobierno desacreditó las denuncias afirmando que los permisos estaban en orden. El alegato, sin embargo, cayó hecho trizas cuando la Fiscalía allanó la Municipalidad de Talamanca y el Sinac.
El escándalo ahora salpica a la Casa Presidencial porque uno de los sospechosos es asiduo visitante y anfitrión de actividades del personal de Zapote, del gabinete y la campaña. Sin duda, toda una trama digna para una segunda parte de La loca de Gandoca.
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El autor es jefe de información de La Nación.
