Denuncia al magistrado por prevaricación y destaca que hiciese pública la citación de Pedro Sánchez mientras "se reunía la Junta Directiva del Partido Popular"
Begoña Gómez también se querella por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, que le investiga por posible tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Al igual que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de la Abogacía del Estado, su esposa ha denunciado al instructor al considerar que ha vulnerado las garantías procesales al adoptar decisiones "arbitrarias y manifiestamente injustas" que le han provocado "inseguridad jurídica e indefensión".
En la denuncia -de más de medio centenar de páginas-, la esposa del jefe del Ejecutivo acusa al juez Peinado de actuar "en una perfecta coordinación" con el PP al hacer pública su decisión de tomar declaración como testigo a Pedro Sánchez. "La causalidad, tónica habitual en este procedimiento, hace que de nuevo la decisión coincida con hitos políticos", afirma su abogado, Antonio Camacho, en la querella. "Conocíamos la noticia de la citación por la prensa el 22 de julio por la mañana, mientras a la vez se reunía la Junta Directiva del Partido Popular, en una perfecta coordinación, para hacer balance del año antes de las vacaciones estivales, que obviamente aprovechó su líder para hacer de esta citación el centro de sus declaraciones pidiendo la dimisión del presidente".
"Es tan palmario el carácter aparentemente prevaricador de esta decisión -hace hincapié respecto a la negativa de Peinado a que el presidente del Gobierno declarase por escrito- que ha dado lugar a la interposición de querella por la abogacía del estado por prevaricación".
En esa misma línea, tilda de "arbitraria" la decisión de citar como investigada a la esposa del presidente del Gobierno porque se acordó "cuando no habían declarado los testigos" y "más de un mes antes de que esta se fuera a producir a pesar de la presunta agilidad que quiere imprimir al procedimiento", haciéndola pública -subraya- "justo a pocos días de acabar la campaña electoral de las elecciones europeas" (seis días antes de la cita con las urnas). De esta forma, constata, "la decisión judicial irrumpió en campaña electoral".
Begoña Gómez se queja de que es parte de un procedimiento penal "sin gozar de todas las garantías para su defensa" desde la incoación del procedimiento a consecuencia de la denuncia de Manos Limpias, "y enterándose de los avatares de su proceso por los medios de comunicación" mientras ella "se la privaba de cualquier acceso al mismo". "Al igual que muta el objeto de la causa -denuncia- mutan los testigos a investigados produciéndose vulneraciones de garantías procesales, inseguridad jurídica e indefensión".
El abogado de Begoña Gómez califica la instrucción de "injusta y arbitraria" y pone de relieve que de forma recurrente el magistrado "cita a distintas personas como testigos y luego se les imputa". En el caso del empresario Juan Carlos Barrabés, subraya, "se hace además al amparo de dos informes de la UCO que se conocían con carácter previo" a su citación como testigo. El letrado cierra filas con Barrabés -a quien Begoña Gómez recomendó por escrito en sendas adjudicaciones públicas- al sostener que esa actuación del juez "no tiene cobertura legal" puesto que "se ha pretendido forzar una obligatoria declaración mucho menos garantista con esta persona" (un testigo tiene la obligación de decir la verdad), causándole "una indefensión evidente".
La esposa del presidente del Gobierno también se queja de que Peinado rechazase su petición de que no se grabasen imágenes de sus dos comparecencias en el juzgado "cuando en numerosísimas ocasiones las declaraciones de los investigados y testigos en los procedimientos ni siquiera se graban sino que se recogen por escrito". Su solicitud, reitera, era "absolutamente normal y ajustada a derecho y la no aceptación de la no grabación de la imagen fue caprichosa e injusta y altamente perjudicial" para Begoña Gómez, "pues como era de esperar dado el devenir del proceso en el que se ha filtrado gran parte del mismo, estas grabaciones han trascendido a los medios de comunicación, estigmatizando aún más" su imagen.
Para el abogado de al esposa de Pedro Sánchez "toda la instrucción ha estado plagada de resoluciones arbitrarias e injustas y en su conjunto las decisiones adoptadas todas ellas documentadas revelan una clara conducta prevaricadora". Y se refiere expresamente al apercibimiento que hizo Peinado a Begoña Gómez de que si no asistía en el juzgado a la declaración por videoconferencia de Barrabés ordenaría su detención, algo que considera no es un "mero error judicial" ni "una decisión inocente y no consciente". "Es palmario que el apercibimiento de que mi representada debía acudir a la mencionada declaración y que si no comparecía podría ser detenida, no tenía amparo legal pero sí tuvo desde luego gran repercusión mediática", recuerda, en la medida en que la noticia se convirtió en que Begoña Gómez "podía ser detenida, por lo que, el daño, a pesar de que ello era incierto absolutamente, ya estaba producido".
Como ha hecho en numerosos escritos remitidos al juez a lo largo del procedimiento, la defensa de la investigada se queja de que la causa carece de objeto después de que la Fiscalía Europea asumiese los contratos adjudicados a Barrabés con el aval por escrito de la esposa del jefe del Ejecutivo. "Mediante resoluciones que se van dictando a lo largo del procedimiento", señala, "o incluso mediante decisiones orales en las vistas señaladas, la investigación de los hechos va mutando de modo no argumentado ni razonado y sin la concreción de los mismos que exige el Derecho Constitucional a ser informados de la acusación formulada contra una persona en un proceso penal". Algo que le ha provocado, insiste, "una absoluta indefensión" al vulnerarse "su derecho a la tutela judicial efectiva".
Camacho asegura que Peinado ha actuado "de un modo inquisitivo total y absolutamente desterrado en nuestro sistema penal, garantista de los derechos de las personas investigadas, independientemente de sus relaciones o parentescos". Se trata, reitera, de "decisiones injustas y arbitrarias de ampliación del objeto de procedimiento, que parecen rebatir, conscientemente y sabiendas, no uno, sino dos informes de la UCO que, tras la petición de los mismos por el magistrado, han descartado la existencia de indicios de delitos".
