El Ejecutivo ha incoado las diligencias a raíz de la denuncia interpuesta por el PSIB-PSOE, que considera que el polémico parlamentario vulneró la Ley balear de Memoria Democrática. Los socialistas atribuyen a Le Senne una infracción grave, lo que podría comportar una sanción de 2.001 a 10.000 euros
Le Senne usa a Felipe VI para tratar de minimizar que rompiera la foto de Aurora Picornell: “El rey entiende lo que ocurrió”
El Govern balear del PP ha abierto un expediente contra el presidente del Parlament, Gabriel le Senne (Vox), a raíz de la denuncia interpuesta contra él por el PSIB-PSOE después de que, el pasado 18 de junio, el parlamentario de extrema derecha arrancase y desgajase en el hemiciclo una fotografía de la activista republicana Aurora Picornell, símbolo de la lucha antifascista y fusilada por el franquismo la noche de reyes de 1937. Los socialistas consideran que, con este gesto, Le Senne vulneró la Ley balear de Memoria Democrática, que PP y Vox prevén derogar en contra del pronunciamiento de organismos internacionales.
Tal y como informa el diario Última Hora y han confirmado a elDiario.es fuentes de la Conselleria de Presidencia, se está siguiendo el procedimiento pertinente que se lleva a cabo cuando el Govern recibe una denuncia. Una vez abiertas las diligencias previas, el Ejecutivo se encuentra a la espera de recibir las grabaciones que recogen lo sucedido para analizar jurídicamente los hechos.
Cabe recordar que otra de las denuncias recibidas por el Govern en materia de memoria histórica fue la interpuesta contra David Gil, portavoz adjunto de Vox en el Consell de Mallorca, quien el pasado mes de febrero se refirió al golpe de Estado fascista de 1936 como “la última cruzada de liberación”, haciendo apología de la guerra civil y de la dictadura franquista mientras se debatía una iniciativa sobre la señalización de carreteras construidas por presos republicanos. El Govern, sin embargo, acabó archivando las pesquisas al considerar que, pese a que la expresión empleada fue “desafortunada”, no puede encuadrarse en el tipo infractor del artículo 36 de la Ley de memoria democrática, que regula las infracciones graves y las tipifica con sanciones de entre 2.001 y 10.000 euros.
En concreto, la normativa considera infracciones graves las manifestaciones o exhibiciones, por parte de los representantes públicos y funcionarios de la administración de la comunidad autónoma, que enaltezcan o hagan apología del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Desde que Le Senne protagonizó el polémico episodio ha permanecido atrincherado en el cargo con la anuencia del PP. Pese a la ruptura de los acuerdos de gobernabilidad por PP y extrema derecha en las Comunidades legisladas por ambos, Vox Balears se reafirmó en su intención de mantenerlo en su puesto, condicionando la posibilidad de cesarlo a una hipotética dimisión de la presidenta del Govern, la popular Marga Prohens, aupada como primera autoridad de las islas gracias a la abstención de los de Santiago Abascal: “Si Le Senne dimite, por la misma lógica también tendría que dimitir Prohens. Tenemos un acuerdo de gobierno fruto del cual ella es presidenta. Él no tiene motivo para dimitir”, manifestó la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas.
Con todo, Le Senne, quien alega que los hechos fueron “accidentales”, acabó convocando de cara al próximo miércoles, 7 de agosto, a la Diputación Permanente, que deberá votar si habilita un día para la celebración de un pleno extraordinario en el que se debata la moción de remoción registrada de forma conjunta por los grupos parlamentarios de la oposición (PSIB-PSOE, Podemos, Més per Mallorca y Més per Menorca). En el texto, la oposición exige la dimisión de Le Senne “por negligencia notoria y grave” en el ejercicio de sus funciones, amparándose para ello en lo establecido en el artículo 39.d) del Reglamento del Parlament, cuya aplicación “inmediata” han reclamado infructuosamente hasta el momento.
El PP, sin embargo, elude aclarar si apoyará o no la remoción. Su portavoz parlamentario, Sebastià Sagreras, señaló el pasado 17 de julio que el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, podría “cambiar de opinión” tras la ruptura de los acuerdos de gobernabilidad. “Esperemos sentarnos con Vox para analizar la situación”, se limitó a manifestar.
