El acuerdo entre el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana no incumple la Constitución, pero sí altera el bloque sobre el modelo territorial, el espíritu de la Carta Magna, según analizan distintos expertos en derecho constitucional. La ley fundamental del Estado no menciona el régimen de financiación, pero sí plasma un marco de solidaridad entre las autonomías como parte de un mismo país. El acuerdo entre ERC y el PSC para apoyar la investidura del candidato socialista, Salvador Illa, otorga a Cataluña el control sobre el 100% de los impuestos, un modelo semejante al del País Vasco y Navarra, que rompe el sistema actual donde la región catalana aportaba el 24% de los ingresos estatales.
El PSOE no se ha pronunciado sobre el pacto y esperará a que las bases de los republicanos se avalen el texto para hacerlo. Este viernes la militancia del partido independentista votará si apoya o rechaza investir a Illa a cambio de este cambio en el régimen de financiación. Una medida que, como adelantó ECD, ambas formaciones han mantenido bajo máximo secreto e incluso a espaldas del Ministerio de Hacienda, que no conoció el alcance del texto hasta poco antes de que lo anunciaran los republicanos.
Uno de los problemas que resaltan los expertos consultados por ECD, reside en que la Carta Magna no define el modelo territorial de España ni su financiación. El artículo 143 del capítulo tercero del Título octavo de la Constitución establece que algunos territorios podrán constituirse como provincias y territorios autónomos, pero todo el régimen económico se estableció después en la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas aprobada en 1980.
La Constitución ni siquiera menciona las autonomías en concreto: "(...) las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas", reza el texto.
Sin embargo, el artículo número 2 de la C.E., que recoge el derecho de las autonomías a configurarse como tal, sí menciona la fraternidad entre todos los territorios: "La Constitución (...) reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".
En opinión de los constitucionalistas consultados por este medio, el pacto entre PSC y ERC, que otorga privilegios a Cataluña en el régimen de financiación, supone una "redefinición" del sistema territorial español marcado por la Constitución. Tachan el acuerdo de un intento de "alterar" unilateralmente el bloque de la constitucionalidad que afecta "gravemente" al modelo territorial.
Según su visión, la ley orgánica que regula el sistema de financiación tiene casi la misma importancia que la Carta Magna. El Congreso tendrá que reformar la norma para poder introducir las nuevas particularidades de la fiscalidad catalana; una votación más que difícil para los socialistas. Distintas federaciones del PSOE, como la de Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias, se han quejado públicamente del acuerdo. Aunque Sumar no ve con malos ojos cambiar el modelo de financiación, lo supedita a que se extienda al resto de autonomías como la Comunidad Valenciana o Andalucía.
La dirección socialista y republicana han llevado en secreto las negociaciones para la investidura de Illa. Aunque las conversaciones llevan semanas en marcha, han establecido un secreto máximo para evitar cualquier filtración. Ambos partidos quieren pilotar las comunicaciones dada la importancia del acuerdo. Fuentes gubernamentales aseguraban hace dos semanas que desconocían por completo el texto y que descartaban cualquier medida que invadiera las competencias del Ejecutivo.
"Si nos afecta, nos lo comunicarán, pero no nos han dicho nada", sostenían desde el Ministerio de Hacienda, que aseguraban que las peticiones de Esquerra, en efecto, suponían un modelo como el del cupo vaso, pero evitando utilizar dichas palabras porque generaban "rechazo" en el resto de territorios.
