Las grandes empresas españolas con presencia en Venezuela, como Telefónica, BBVA y Repsol, no se plantean abandonar el país, pese a las fuertes protestas en las calles tras las elecciones del pasado domingo, que han dejado ya al menos una decena de muertos y cientos de detenidos.
Se trata de unas movilizaciones que pueden considerarse masivas, con miles de personas en las calles de las principales ciudades venezolanas. La mayoría de los negocios han cerrado estos últimos días en Caracas y los trabajadores no han acudido a sus puestos. El transporte público ha quedado reducido al mínimo.
La gente trata de acumular provisiones, por si la situación de violencia aumente.
Por el momento, el presidente Nicolás Maduro no ha dado ninguna muestra de querer facilitar un escrutinio transparente del voto, a pesar de que una parte importante de la comunidad internacional se lo está exigiendo, como condición reconocerle como mandatario legítimo.
Según ha podido saber Confidencial Digital, por fuentes empresariales conocedoras de la situación, Telefónica, BBVA y Repsol tienen decidido no abandonar Venezuela.
En ámbitos de las tres compañías coinciden en destacar que tienen un compromiso de largo plazo con el país, y que están centrados en gestionar el negocio bajo cualquier escenario político.
En el caso de Telefónica y BBVA, que cuentan con locales físicos abiertos al público repartidos por Venezuela, confirman que están prestando servicio en la mayoría de ellos. En otros les resulta imposible, explican, porque se encuentran situados en el interior de centros comerciales que permanecen cerrados.
Telefónica, BBVA y Repsol han tomado medidas para proteger a los 4.000 empleados que trabajan en el país, y han diseñado un operativo para facilitar los desplazamientos a los puestos de trabajo allá donde no llega el transporte público.
En la cúpula de las tres compañías no ocultan que eldescontrol que se vive a estas horas en el país ha generado la preocupación de que la situación pueda derivar en un baño de sangre. No obstante, monitorizan la situación las 24 horas, con el fin de detectar cualquier situación que pudiera poner en peligro a su personal.
Cuentan con que el papel que juegue estos días el ejército resultará fundamental. A los militares se les presupone una lealtad al chavismo, que aseguró Hugo Chávez con purgas en la cúpula y que ha conservado Nicolas Maduro dotando de mucho poder a los generales.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que días atrás le reconoció a Maduro la victoria, ha dicho que van a garantizar “la paz” de Venezuela y que no dejarán que se perturbe la calma en el país, después de “la demostración de civismo” que se vivió el domingo.
Sin embargo, el temor a una represión mayor preocupa a todo el mundo. El opositor Edmundo González Urrutia ha pedido a los funcionarios del orden venezolanos que no empleen la fuerza contra los manifestantes.
Las fuentes empresariales consultadas por ECD explican que Telefónica ha dado un giro total a su estrategia en Venezuela, un mercado afectado en los últimos años por una grave crisis política, económica y social, con un vandalismo que afectó a las propias redes.
Telefónica Venezuela ha sufrido numerosos ataques vandálicos, junto con robos de materiales en los últimos años, desde cables de cobre y fibra a materiales en antenas, consecuencia de la grave inseguridad que se vive en el país. De hecho, ha habido años con más de 500 robos registrados en instalaciones e infraestructuras.
Ahora, la multinacional, que prácticamente dejó de mostrar al país en sus cuentas, vuelve a apostar por ese mercado. Ha invertido 270 millones de dólares (unos 262 millones de euros) en los últimos dos años, en el despliegue de nuevas infraestructuras, además de actualizar y mejorar el mantenimiento de redes y sistemas.
En términos sociales, la situación ha sido complicada por momentos, y la propia cúpula de la teleco se vio obligada a movilizarse en ayuda de los trabajadores en el país, donde cuenta con alrededor de 1.500 empleados.
En la cumbre de directivos de la operadora, celebrada en 2018, y ante la grave crisis que se vivía en el país, el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, destacó el trabajo de los empleados de la operadora en Venezuela, por la lección que daban cada día, y animó a sus directivos, asegurándoles que contaban con el respaldo de la compañía.
BBVA también ha decidido no abandonar un mercado complejo, debido a la situación política y económica, en el que el banco opera a través de casi 300 oficinas y con una plantilla de unos 1.800 trabajadores.
El número de sucursales apenas ha variado en los últimos años, en contraposición con centros físicos de otros países, en parte por los rechazos a los ajustes planteados por el régimen de Maduro.
BBVA se encuentra atrapado en Venezuela, ya que su franquicia apenas aporta al grupo, debido a la devaluación de la moneda y a las restricciones sobre dividendos. La filial, que llegó a contribuir con casi 400 millones en sus mejores momentos, en los últimos ejercicios genera pérdidas o leves beneficios. En 2022, la franquicia generó solo 7 millones de euros positivos, según sus propios datos.
La entidad española advierte en sus estados financieros de que las cuentas de Venezuela, debido a las limitaciones cambiarias -el país tiene diferentes tipos oficiales- no reflejan la imagen fiel de los estados consolidados y la situación financiera de su división desde 2015.
BBVA utiliza desde entonces, en la conversión de los bolívares a euros, una tasa estimada calculada teniendo en cuenta la evolución de la inflación.
En cambio, Repsol se está reforzando en Venezuela, donde cuenta con más de un centenar de empleados. La compañía, que logró el 21 de marzo los permisos necesarios de Estados Unidos para operar en el país, negocia con PDVSA la posibilidad de incrementar hasta el año 2046 la duración de las concesiones del yacimiento de Petroquiriquire.
El movimiento se produce tras el pacto alcanzado el 17 de abril por el que Petróleos de Venezuela entregó los pozos de Tomoporo y La Ceiba, como forma de hacer frente a la deuda existente hasta diciembre de 2023, en un acuerdo valorado en 1.590 millones.
Ambos yacimientos incorporarán 20.000 barriles diarios de petróleo y aspiran a convertirse en la fórmula para recuperar parte de la deuda del pasado sin incrementar la exposición financiera al país.
