Desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), una medida que están considerando los legisladores en México, violaría el Tratado Comercial de América del Norte (T-MEC), advirtió este jueves el comisionado presidente Adrián Alcalá Méndez.
El INAI, en la mira del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quedaría paralizado si avanza un proyecto de ley para deshacerse de varios órganos autónomos una vez que el nuevo Congreso inicie su próxima sesión en septiembre.
El instituto, que está dirigido por una junta de comisionados, supervisa solicitudes similares a las presentadas en virtud de la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos para obtener registros gubernamentales, mientras que el Acuerdo Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá establece las reglas para la relación comercial entre las naciones signatarias.
“Caeríamos en incumplimiento en donde el Estado se ha obligado a contar con instancias independientes y autónomas que garanticen la protección de los datos personales”, dijo el presidente de comisionados del instituto mexicano, Adrián Alcalá Méndez, en entrevista con el medio local El Sol de México.
Una amplia victoria del partido gobernante Morena y sus socios de coalición en las elecciones del 2 de junio ha significado que los legisladores tienen un camino fácil para avanzar en las reformas. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, no ha incluido el cierre del instituto como una cuestión prioritaria para su gobierno, pero reconoció la propuesta.
Como parte del paquete de reformas constitucionales que AMLO envió a los diputados el pasado 5 de febrero, se incluyen modificaciones a los artículos 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y 134 para la eliminación de siete órganos autónomos. Esto, bajo el argumento de que “se busca ahorrar recursos” y que estos organismos se incorporen a la administración pública federal.
Además del INAI, también se pretende “extinguir” a los siguientes entes públicos:
En el proyecto de dictamen precisa que “las economías y ahorros que se generen con la extinción de los entes públicos materia del presente decreto se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar, que se cree en términos de la legislación aplicable.”
Con información de Víctor Chávez.
