El melón de la reforma de la ley de Financiación Autonómica -la llamada Lofca- queda abierto tras el preacuerdo del PSOE y ERC para el concierto económico en Cataluña, y amenaza la relación del Ejecutivo central con sus socios. Dentro del mismo bloque de investidura comienzan a abrirse fisuras y al cupo fiscal le faltan, al menos, 30 votos con los que Sánchez, de momento, no puede contar si la norma llega al Congreso. La mayoría absoluta necesaria para modificar la citada ley, al ser orgánica, se sitúa en 176 y los socialistas únicamente cuentan con sus 122 escaños -o ni eso porque están en duda los de territorios críticos como Castilla-La Mancha o Asturias-, los 7 de Esquerra, 10 de Movimiento Sumar (partido argamasa de la coalición hasta hace dos meses) y 6 de los comunes. Compromís (2 diputados) y Chunta Aragonesista (1), ambos dentro del grupo parlamentario de Sumar, se han posicionado abiertamente en contra del concierto catalán, reclamando el mismo trato para la Comunidad Valenciana y Aragón. En caso contrario, no respaldarán la reforma de la Lofca. Hace un mes amenazaron ya con retirar su apoyo parlamentario al Ejecutivo, e incluso con romper con Sumar, en caso de que se concediera únicamente a Cataluña la independencia fiscal. «Se tendrán que abordar las problemáticas de todos los territorios infrafinanciados», exigen los valencianos. «Sólo apoyaremos si nos vemos generosamente compensados», dicen los aragoneses. Una postura que les valió críticas por «anticatalanistas» que venían, precisamente, de compañeros de coalición como los comunes , que ven en el concierto catalán una «oportunidad» para el resto de autonomías. Podrían no ser los dos únicos díscolos en Sumar. En el aire quedan los apoyos de Más Madrid (2), Izquierda Unida (5) y Mès per Mallorca (1). Los de Mónica García, preguntados por ABC, optan por el silencio, mientras que en IU, en regiones como Asturias o La Rioja, se muestran en contra del «supuesto cambio de régimen común a singular de Cataluña, que no deja de ser un brindis al sol, ya que supondría una reforma de la Lofca, que exige una mayoría cualificada en las Cortes y que IU no comparte». Así, rechazan «propuestas singulares» y apuestan por «un modelo de financiación que garantice la corresponsabilidad fiscal frente a la insolidaridad entre territorios». Los mallorquines ven «legítimo» el acuerdo, pero defenderán una financiación «justa» para Baleares. También queda la incógnita de PNV (5), EH Bildu (6) y Junts (7). Los de Puigdemont evitan responder, en conversación con este diario, a la pregunta de cuál será el sentido de su voto, aunque no dudan en arremeter contra el acuerdo ERC-PSC. «No es soberanía», dicen en un comunicado en el que denuncian que el concepto de concierto no aparezca en el documento del preacuerdo. En el País Vasco, el PP pide al PNV que no lo secunde porque puede poner en riesgo el modelo foral. Además, denuncian tanto populares como jetzales, incluir el término «solidario» en la fórmula del concierto catalán levanta «sospechas» y traslada una imagen «negativa» del vasco y navarro «como si no lo fueran» El concierto vasco «no se toca», se limitaron a decir los de Ortuzar. Mismo silencio en las filas 'abertzales', si bien hace meses ya calificaron de «absolutamente pertinente y legítima» la reclamación del cupo catalán. Faltan Podemos (4) y BNG (1). Néstor Rego, afirman fuentes de la formación gallega, «continuará reclamando lo mismo: que Galicia tenga capacidad fiscal para gestionar sus recursos». Pero no entran a valorar pactos entre otras formaciones ni futuribles: «Vamos a esperar a ver qué pasa», dicen. En la formación morada, que evitan también posicionarse, critican el pacto como un mero «intercambio de cromos» y avisan de que «no es la forma correcta» de abordar el asunto.
