El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona ha ordenado que no se celebre la eutanasia de una joven de 23 años que estaba previsto que tuviese lugar este viernes en el Hospital Sant Camil de la localidad barcelonesa de Sant Pere de Ribes.
La jueza ha admitido en menos de 24 horas las medidas cautelarísimas que pedía Abogados Cristianos en representación del padre de la mujer a través de un recurso contencioso administrativo que presentaron contra la comisión autonómica que autorizó su eutanasia.
Ha accedido la magistrada a paralizarla porque la eutanasia se hubiera celebrado horas después de que entrase en sede judicial el recurso y por la "urgencia" que entraña este caso para evitar "perjuicios irreparables que se pueden ocasionar". No ha entrado, de momento, a analizar el fondo de la cuestión que se plantea con estas alegaciones.
La entidad de juristas católicos alegó que no cumple con los requisitos que establece la Ley de Eutanasia para poder morir médicamente asistida ya que, señalan, no está en pleno uso de sus facultades mentales por los graves problemas psicológicos que sufren y que le impiden tomar la decisión de forma "libre y consciente".
Y, complementariamente, defendió Abogados Cristianos en nombre del progenitor que debido a su juventud el priorizar su muerte asistida a su tratamiento médico podría suponer un perjuicio irreparable y una vulneración de su derecho a la vida.
"Su estado de salud general es susceptible de mejoría (...) Tiene aún muchísima vida por delante y su esperanza de vida no se ha visto afectada", señalaron en el escrito.
Esta joven, que responde a las siglas NCR, padece un trastorno límite de la personalidad, otro obsesivo compulsivo y carece de algún tipo de movilidad en ambas piernas a consecuencia de una lesión medular que le produjo en 2022 un intento de suicidio. Tiene reconocido, por todo ello, un 74% de grado de discapacidad.
Asimismo, en el escrito aseguraron que la joven ha cambiado recientemente en varias ocasiones de opinión sobre su eutanasia, lo que, aluden, provocó que tanto la médico asignado para el procedimiento que acabaría con su vida como la psicóloga decidiesen poner fin a su participación en el proceso.
La titular de este juzgado le ha dado así tres días de margen al Ministerio Fiscal y la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña que dio el visto bueno a su muerte asistida para fije su posición respecto a la decisión de suspender la ejecución de esta eutanasia.
Tras esto, tendrá la jueza que decidir si mantiene la suspensión de la eutanasia o si permite finalmente que se le aplique.
