A lo largo de los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado sufrieron un total de 16.762 ataques en el desempeño de sus funciones (delito calificado de atentado), lo que supone una media de 1.396 al mes y 46 al día. Incluye a Guardia Civil, Policía y policías autonómicas. Madrid fue la provincia con más incidentes, con el 19,25%, seguida de Valencia, con el 6,76%; Sevilla, 3,96; Málaga, 3,77; Murcia, 2,80 y Las Palmas, 2%. La Policía Macional, con el 55% de los ataques fue el cuerpo más castigado, informa CEP.
A este respeto, la AUGC ha denunciado que la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (EU-OSHA) no dispone de datos o información específicos ante el aumento en el número de agresiones a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la Unión Europea
La agencia EU-OSHA reconoce que no dispone de datos o información específicos sobre un aumento de los ataques contra esta categoría de trabajadores, debido a la ausencia de estudios e investigación específicos sobre la cuestión concreta de los ataques contra agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España o en otros Estados miembros. El problema es que la ausencia de datos no lleva a la Comisión Europea a movilizarse para obtenerlos y mejorar la situación de los miembros de los cuerpos policiales, subraya.
“Los grupos de delincuencia organizada suponen una amenaza cada vez más directa para los agentes de la autoridad, y existen pruebas de que los niveles de violencia relacionados con estas redes delictivas también están aumentando”, agrega.
Recuerdan que más del 40 % de las bajas laborales que sufren los guardias civiles son consecuencia de agresiones físicas. Unas agresiones que son cada vez más frecuentes en zonas azotadas por el narcotráfico, como las provincias de Cádiz y Málaga, o en territorios fronterizos, como Ceuta y Melilla.
Ante el aumento del número de agresiones a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la Unión y la falta de recursos humanos y materiales para desempeñar sus funciones, es necesario que la Comisión Europea tome medidas legislativas urgentes y es que la ausencia de datos no lleva a la Comisión a movilizarse para obtenerlos y mejorar la situación de los miembros de la Policías en la UE, exigen.
En España existe discriminación contra la Guardia Civil y la Policía Nacional al no reconocerse que su profesión es de riesgo una arbitrariedad y discriminación fomentada por el propio Gobierno de España.
