En el mundo judicial existe la opción de que un juez proceda a sancionar a la persona que ha interpuesto la querella por temeridad procesal, un concepto que se reserva para los que abusan de la Justicia y obstaculizan un proceso judicial sin tener ningún fundamento.
Desde que Pedro Sanchez presentó este martes la querella por prevaricación contra el juez Juan Carlos Peinado, el mismo que investiga a su mujer y que le citó como testigo, un sector de la opinión pública le ha acusado de conducta temeraria. No solamente aseguran que la denuncia no va a prosperar, sino que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) -el que debe resolver el asunto- debería sancionarlo en costas.
La querella de Sánchez se fundamenta en que hay indicios de prevaricación en la decisión del magistrado de impedirle declarar por escrito, una excepción que se permite para ciertos cargos como el de presidente del Gobierno, y obligarle a hacerlo presencialmente.
La razón, explicó Peinado en una providencia, es que los hechos por los que precisaba su comparecencia los conocía por ser el marido de Begoña Gómez, no por razón de su trabajo.
Sánchez, a través del Abogado del Estado, ha impugnado esta decisión porque la considera prevaricación “dolosa”, un tipo penal que prevé hasta 20 años de inhabilitación especial y hasta 24 meses de multa.
Catedráticos y abogados penalistas consultados por Confidencial Digital aseguran que en este caso, haya o no prevaricación, será muy difícil probarla. “El delito de prevaricación consiste en torcer el Derecho. La contradicción debe ser tan grosera, manifiesta, evidente y que no se pueda explicar”, sostienen.
De momento, la única prueba sobre la que el Abogado del Estado, en representación de Sánchez, justifica la comisión del delito es por la providencia en la que se cita a declarar al presidente de manera presencial. Por eso, los juristas coinciden en que es difícil que la querella prospere.
Asimismo, recuerdan que los indicios de delito deben ser lo suficientemente “claros” y “fundamentados”, ya que si se trata de una mera disconformidad con una resolución judicial, siempre se puede recurrir a una instancia superior.
Dado el escueto recorrido de la querella, profesionales de la Abogacía y juristas han acusado al jefe del Ejecutivo de atacar la independencia judicial e, indignados, han argumentado cómo Sánchez ha utilizado a la Abogacía del Estado para “fines propios”.
La malversación “es evidente”, defienden. Sin embargo, los expertos consultados discrepan. La querella en todo momento reitera que se ha interpuesto en representación del “Presidente del Gobierno de España” porque considera que Peinado ha querido “generar un descrédito continuo a la institución”. Por tanto, es completamente válido que Sánchez haya utilizado a un Abogado del Estado para que le represente.
Además de Sánchez, quién ha recibido también muchas críticas ha sido Vox. El partido de Santiago Abascal ha anunciado este miércoles que presentaba una querella contra el presidente del Gobierno, el ministro de Justicia, Félix Bolaños y el abogado general del Estado, David Vilas Álvarez, por prevaricación. Las demás acusaciones populares personadas en la investigación contra Begoña Gómez también se han sumado.
Varios juristas han reprochado que la formación política utilice el instrumento de la querella "para fines políticos" con el objetivo de contentar a sus bases.
Los expertos desestiman igualmente que el procedimiento prospere en los tribunales.
