Hace cuatro años, durante su campaña, Joe Biden ofreció a sus compatriotas un gran plan de prosperidad compartida (Build back better), cuya primera parte (American rescue plan) trataba de acelerar la salida de la crisis causada por la pandemia de Covid.
Continuaba con la entrega de cheques y la extensión de los beneficios del seguro de desempleo, establecidos por el gobierno anterior. Disponía también recursos para quienes habían dejado de pagar el alquiler de su vivienda o las mensualidades de la hipoteca.
Con recortes y condicionantes, está sección fue autorizada por el Congreso. No así, un programa para intensificar la reindustrialización y el empleo (American jobs plan) y otro para ampliar los beneficios de la seguridad social (American families plan). Suponían elevar significativamente los impuestos a las empresas y a las personas.
Se creó después una gran expectativa sobre importantes reformas para enfrentar el cambio climático (Green new deal). En la ley que finalmente se obtuvo (Inflation reduction act) se proveen fondos para impulsar proyectos solares y eólicos (120 mil aerogeneradores) y nuevas formas de almacenamiento de energía. También para instalar estaciones de carga para vehículos eléctricos y para subsidiar la compra de paneles solares residenciales, electrodomésticos de bajo consumo de energía y automóviles eléctricos.
Se intentó incluir en esa legislación diversos beneficios sociales (guarderías, educación preescolar y vocacional gratuitas, vivienda de bajo costo). Lo que sí se logró incorporar fue: un apoyo para los que tienen grandes deudas por créditos educativos; la reducción de las primas de ciertos seguros médicos y; la fijación de un tope en el precio de los medicamentos más usados.
Las erogaciones que origine está ley serán financiadas con un impuesto corporativo mínimo del 15% y un gravamen del 1% a la recompra de acciones que hacen las compañías cuando el precio de estas es bajo. Para asegurar el cumplimiento de esas nuevas obligaciones, se contratará a 87 mil inspectores tributarios.
Con apoyo bipartidista se logró sacar un programa de infraestructura (Infrastructure investment and jobs act), para reparar caminos y puentes y para acabar de eliminar la tubería de plomo en el abasto de agua potable. También para ampliar la conectividad digital y para mejorar los ferrocarriles de pasajeros y el transporte público urbano.
El mayor logro fue la aprobación de una política industrial (Creating helpful incentives to produce semiconductors and science act), para estimular la producción doméstica de minerales estratégicos y la manufactura de semiconductores, computación cuántica, inteligencia artificial, nanotecnología y vehículos eléctricos.
Mediante créditos fiscales, préstamos y subvenciones, se busca animar la investigación, la formación de técnicos y la inversión privada, para meter al país en la carrera tecnológica en la que van adelante las naciones asiáticas.
Para las elecciones de 2022, la administración re-empacó todo lo anterior en lo que llamó The Biden-Harris economic blueprint, y para la elección de este año lo presentó como Bidenomics.
Los muchos billones de dólares aprobados provienen de diferentes fuentes de financiamiento y serán erogados a lo largo de una década. Su implementación enfrenta innumerables y complejos retos. Hay que coordinarse con agencias federales, estatales y locales, así como con universidades y el sector privado. Se tienen que crear cientos de nuevos programas y readaptar otros. Hay que superar restricciones burocráticas y hasta demandas judiciales. Hasta lo más fácil, los créditos fiscales, requiere que se emitan las bases para concursarlos.
Se pusieron demasiados condicionamientos a las nuevas inversiones (contenido doméstico; empleo diverso, sindicalizado y con salarios altos, descarbonización).
Por eso, los proyectos de infraestructura van muy lento y los fondos para energías limpias no se están desembolsando, a pesar de que el presidente nombró a John Podesta para agilizarlos. Del medio millón de estaciones de carga prometidas sólo están funcionando siete.
La cancelación de las deudas estudiantiles fue desafiada en las cortes y no ayudará a muchos. Únicamente se abaratarán diez medicamentos, hasta 2026 y sólo para adultos mayores con seguridad social.
Con tanto cambio de etiquetas y siglas, la población quedó desconcertada. No dimensiona la trascendencia de los cambios o la magnitud de los fondos implicados. Se crearon grandes expectativas y no se ven los resultados.
El presidente trató de mostrar que estaba empujando una economía benéfica para la clase media y no le creyeron. Por eso, convirtió su campaña en una cruzada para advertir el daño que podría causar el regreso de su contrincante a la Casa Blanca. Y tampoco le funcionó: iba atrás de Trump desde septiembre.
