La ministra de Seguridad Social , Elma Saiz, ha logrado con las pensiones lo que no ha conseguido la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz , con la reducción de la jornada de trabajo, sellar un pacto con empresarios y sindicatos. El principio de acuerdo, que ya ha sido refrendado por el comité ejecutivo de la CEOE, permitirá para aquellos trabajadores que demoren voluntariamente su paso a la jubilación más allá de la edad legal ordinaria recibir los incentivos actuales cada seis meses a partir del segundo año de demora, en lugar de al año como está previsto en la actualidad, además de garantizar el cien por cien de la pensión cuando se retrase cinco años el retiro. Tras casi un año de negociaciones, el Gobierno y los agentes sociales cierran los cambios que quedaron pendientes de la reforma en dos fases que llevó a cabo el ministro José Luis Escrivá. Los nuevos cambios garantizan que cuando se acceda a la pensión de jubilación por un periodo de demora superior a dos años, si dicho periodo es superior a seis meses e inferior al año, al incentivo que corresponda aplicar se le sumará un complemento adicional del 2% . La reforma de pensiones introdujo dos incentivos para animar a los trabajadores a retrasar su paso a las situación de jubilado, que consisten en un 4% adicional sobre la cuantía de la pensión correspondiente por cada año completo en que se retrase la jubilación más allá de la edad legal ordinaria o una cantidad fija a tanto alzado por cada año que se cotice de más. Este incentivo se abonará en un pago único al pensionista que decida voluntariamente retrasar su jubilación. También se ofrece la posibilidad de percibir una fórmula mixta. El texto de acuerdo mantiene la necesidad de demorar al menos un año la jubilación después de haber cumplido la edad de retiro para poder compatibilizar el trabajo, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial o por cuenta propia, con una pensión. Una vez se produzca el retraso de la jubilación, generando el derecho al complemento por este concepto que introdujo la última reforma de pensiones para incentivar jubilaciones más tardías, el porcentaje de pensión a percibir por el jubilado que se mantenga en activo irá subiendo gradualmente en función del tiempo en que atrase su marcha del mercado laboral. Así, tras un año de demora, el trabajo será compatible con el 45% de la pensión; con dos años se percibiría el 55% de la pensión correspondiente; con tres años, el 65%; con cuatro años se cobraría el 80% , y con cinco años o más en activo se generaría el derecho a percibir el 100% de la pensión. La norma puntualiza que en el caso de los autónomos si se contrata a un nuevo trabajador por cuenta ajena que no haya tenido vínculo laboral con el trabajador por cuenta ajena en los dos años anteriores al inicio de la jubilación activa, la cuantía de la pensión compatible con el trabajo alcanzará el cien por cien . En este caso. un trabajador contratado de forma indefinida con una antigüedad mínima de 18 meses o una nueva contratación se percibirá un 75% de la pensión. Este porcentaje se incrementará un 5% anual hasta alcanzar el 100% anual. La regulación actual de la jubilación activa para compatibilizar la pensión de jubilación contributiva con la realización de cualquier trabajo no permite percibir el 100% de la pensión salvo si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena. La nueva reforma permitirá adelantar hasta tres años el retiro parcial (ahora son dos), a cambio de tener 36 años y medio cotizados y zanja las lagunas de cotización para los fijos discontinuos de cara a la jubilación, para los que se garantiza que se computará todo el periodo que hayan permanecido en alta y que dicho periodo se multiplicará por un coeficiente del 1,5 , sin que el número total de días computables como cotizados anualmente por el trabajador pueda superar el número de días naturales cada año. Para el caso de la jubilación parcial se asegura que los contratos de relevo que se firmen deben ser fijos y a tiempo completo y deberán mantenerse al menos dos años posteriores a la extinción de la jubilación parcial. Los cambios incluyen también un acuerdo con las mutuas para frenar la escalada del gasto en las bajas laborales, la segunda gran amenaza financiera para el sistema tras las pensiones, un pacto, sin embargo, limitado que aleja la posibilidad de que estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social puedan da altas . Como ya informó ABC, la colaboración se circunscribe a los procesos traumatológicos, los más frecuentes y de mayor duración. En este caso, el acuerdo sellado en el diálogo social establece una hoja de ruta que en todo momento monitorizarán los médicos de la sanidad pública, a los que se sigue reservando los procesos de alta y baja de los trabajadores, y que llevará como condición que el paciente de su consentimiento para que la mutua supervise su caso. El consenso en este caso incluye un acuerdo marco con instrucciones a las autonomías para recortar gastos limita el papel de las mutuas a la realización de pruebas que, además, precisarán de la autorización de los servicios públicos y de los afectados. La Seguridad Social abre ahora la puerta a las mutuas por el descontrol del gasto. Como adelantó este medio, la sombra de los abusos se cierne sobre el alud de ausencias al trabajo. Más de ocho millones de bajas por enfermedad el pasado año y un coste de 14.000 millones han convertido esta partida en la más elevada tras las pensiones. El coste de las ausencias al trabajo se ha disparado un 80% en los últimos cinco años y este 2024 las previsiones son que el absentismo, teniendo en cuenta el gasto más el coste directo para las empresas, roce los 30.000 millones.
