Los policías se mantuvieron en protesta para exigir la destitución de los titulares que pusieron en riesgo su vida, así como los pagos retenidos y mejores condiciones de trabajo.
Así, como lo están leyendo.
Layda, sin control de sus emociones y del estado.
Mañana será su informe y…
¡Se pronostica incontinencia verbal!
¿Qué dirá del tema de la seguridad? ¿qué dirá de que NO cumplió su palabra y que está corriendo a los 450 policías que se manifestaron y que los está corriendo SIN LIQUIDACIÓN?
Obvio, ¡NO!
Les cuento, a casi cuatro meses de las protestas de los policías tras el operativo de traslado en el Penal de Campeche, platiqué con algunos de los elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, quesque encabezada por la consen-inepta Marcela Muñoz, quienes enfrentan las represalias por no haber callado ante lo que tildan de “incompetencia” de los altos mandos.
Los policías se mantuvieron en protesta para exigir la destitución de los titulares que pusieron en riesgo su vida, así como los pagos retenidos y mejores condiciones de trabajo.
Y OJO, le ofrecieron una tregua a la gobernadora a cambio de su reintegración a la corporación, de que les paguen sus salarios y compensaciones y que les eliminen las carpetas de investigación en su contra para evitarle más sufrimiento a sus familias.
Como ya leyó, NO les cumplieron, los castigaron y corrieron SIN LIQUIDACIÓN.
Ver para creer, pues los últimos 150 policías que habían tomado las instalaciones de la secretaría y que entregaron el 2 de julio -agárrense- fueron sermoneados por Juan Manuel “tacu” Maldonado, por haberse quejado y manifestarse. Un oficial durante la regañiza se desmayó y lo mandaron al hospital. Además, en estas tres semanas, desde la entrega de la secretaría, fueron mandados a la “academia” sin hacer nada y sin cobro de sueldo. Ah, y hasta el pasado domingo, hace cuatro días,
Los sacaron a patrullar ¡a pie! Sí, leyeron bien, ¡a pie!
Además, varios de ellos han sido notificados de audiencias por quesque “procesos administrativos” , excusa para darlos de baja.
Baste recordar que la srita. Layda dijo que los quería a todos, a los 450 policías que se manifestaron, FUERA.
Y como su palabra es la ley de la selva, ya han dado de baja a 62 oficiales, por lo que faltan 388.
Pero como viene su informe, suspendieron el envío de notificaciones, pero apenas pase retomarán el tema.
En la madrugada del 15 de marzo, los policías no fueron informados previamente sobre el destino ni el propósito del operativo, y tampoco se les proporcionó el equipo antimotín necesario.
“Nunca nos dicen a dónde vamos, de qué se trata. Nos recogieron celulares, nos quitaron relojes ¡Todo! Nos quitaron la cartera, inclusive solamente nos estaban dejando la credencial de elector y no nos dieron ni equipo táctico”, me contó el excomandante Fulgencio Pérez Novelo, quien solamente llevaba su uniforme esa noche.
¿En qué iba a terminar? ¡Era obvio! Al enviarlos sin la preparación adecuada, hubo entre 25 y 40 policías heridos durante el enfrentamiento con reclusos, quienes parece ya los esperaban con piedras y palos.
“Prácticamente nos mandaron, como se dice coloquialmente, ‘al matadero’”
Al día siguiente, el pase de lista se convirtió en una manifestación de inconformidades por la incompetencia de los mandos para la operación, los policías exigieron:
la destitución de la consen Marcela como titular de la secretaría y la del director de la Policía Estatal, Antonio Santiago Saradán Solís. Del subsecretario de Participación Ciudadana, Víctor Contreras Aguilar; el subsecretario de Seguridad Pública, Josafat García Villalpando, y el director de Asuntos Internos, Víctor Hugo Sánchez Ortiz.
Por órdenes de la sierva de la 4T, quien nunca dejó de defender a Marcela, sólo destituyó al director de la policía.
“Por alzar la voz y manifestar opiniones e inconformidades, he sido objeto de amenazas telefónicas, intimidaciones laborales y económicas”, reclama el agente Abraham Arturo Martínez Pech, quien el día de los hechos resultó herido en el brazo derecho.
“La austeridad de la 4T debería ser en los mandos altos, no en lo indispensable, que es la seguridad de los ciudadanos, y desde ahí empezó esta terrible situación.”
Para muestra, un botón, desde que entró la administración de Sansores, el sector seguridad en Campeche sufre precariedad laboral con recortes de recursos y falta de equipo adecuado, lo que ha debilitado la capacidad operativa de los agentes.
“Parece que vieron una película y eso vinieron a hacer. No saben nada de seguridad pública, ni de operativos, ni de administrativo, nada, nada, nada”.
Por cierto, el operativo del penal que fue la gota que derramó el vaso, no ha sido el único evento fallido de Marcela Muñoz. El 11 de enero de 2023, tres miembros de una familia fueron asesinados y un niño resultó herido, durante un operativo en Alfredo V. Bonfil.
Seguro mañana, la srita. Layda tendrá otros datos.
Pero lo que no está en tema de discusión es que la austeridad de la sierva de la nación campechana ha puesto en riesgo la seguridad y dignidad de quienes están en la primera fila de la defensa ciudadana. Ah, la inseguridad, los asesinatos, los robos están creciendo exponencialmente.
Qué tal, que Martí Batres presentó una iniciativa de reformas, a fin de terminar el costo excesivo en las rentas de vivienda en la CDMX. El peeeero de su “súper” iniciativa
es que nos demostró que no fue a la escuela o que pasó de noche. Pues en cualquier escuela de economía de medio pelo le hubieran enseñado que el tema de las rentas es un tema de oferta y demanda. Luego entonces, NO se resuelve con control de precios, sino con mayor oferta de vivienda.
