El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía decidido desde hace días querellarse contra Juan Carlos Peinado, el juez que instruye la causa abierta contra su mujer, Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, según confirman a Confidencial Digital fuentes de Moncloa. El escrito, presentado este martes por la Abogacía del Estado en nombre del jefe del Ejecutivo, acusa al magistrado del juzgado de instrucción número 41 de Madrid de haber cometido un delito de prevaricación al no permitir la declaración escrita que solicitó el líder socialista.
Peinado llamó a declarar al presidente el pasado 22 de julio como testigo —aunque se enteró por los medios de comunicación, como adelantó ECD— y expuso su intención de hacerlo en La Moncloa como lugar de trabajo del testificante. Dos días después, Sánchez aceptó declarar y "colaborar con la justicia" en un escrito remitido al juez en el que solicitó hacerlo por escrito, una potestad que poseen las personas aforadas, como el presidente del Gobierno. Pero el pasado viernes, el magistrado lo rechazó alegando que su citación no respondía a su cargo sino a la condición de marido de Gómez. Fue entonces, tras esta negativa, cuando el mandatario socialista decidió presentar una querella contra Peinado por prevaricación.
Aunque la decisión estaba tomada desde el viernes, los asesores del presidente le aconsejaron esperar a este martes. Para que se consumara el delito de prevaricación, era conveniente que el juez pisara el Palacio de La Moncloa y tomara declaración allí al líder del Ejecutivo. Un acto que consuma la negativa del magistrado a que Sánchez declarara por escrito. En el Gobierno temían que la querella fuera rechazada por haberse presentado antes de que el togado acudiera a la residencia oficial del presidente.
El Gobierno considera que el testimonio de Sánchez no puede separarse de su condición de presidente. El juez investiga a Gómez por un presunto tráfico de influencias al firmar una carta apoyando la candidatura a concurso público de una empresa de Carlos Barrabés que, finalmente, le fue concedido. Pero en Moncloa argumentan que dicho delito no tiene lógica sin la condición de jefe del Ejecutivo que ostenta Sánchez: "Si él no fuera quien es, Begoña Gómez no podría haber hecho uso de una posición de poder, porque no sería la esposa del presidente", analizan fuentes gubernamentales.
En consecuencia, Moncloa afirma que el juez cometió un delito de prevaricación: obligó a Sánchez a declarar en persona desde el Palacio y le negó su derecho a hacerlo por escrito a sabiendas de que la relevancia del caso reside en su cargo y que, como presidente, podría haber declarado por escrito.
Al margen de estos hechos —a los que se ciñe Sánchez para querellarse contra el juez— el Gobierno critica toda la instrucción del caso. No entiende a qué hechos se aferra el magistrado después de no haber encontrado indicios que relacionen la firma de Gómez con la consecución del concurso que obtuvo Barrabés, y tras los dos informes donde la Guardia Civil asegura no haber encontrado prueba alguna.
El entorno del presidente observa la instrucción del juez como una maniobra política y mediática, además de judicial. Critican que las informaciones sobre el caso llegan con enorme rapidez a las redacciones de determinados medios y se muestran más que seguros de que el magistrado colabora en difundir cada paso que da. El último, la citación del presidente, que no llegó a Moncloa hasta el miércoles, a pesar de que los medios la hicieron pública 48 horas antes.
"El vídeo de la declaración se filtrará y lo publicará algún pseudomedio", ha afirmado este martes la ministra de Educación y Deportes, y portavoz del Gobierno. El Ejecutivo cuenta con que los dos minutos grabados en los que Sánchez se acoge a su derecho a no declarar verán la luz más pronto que tarde.
La Abogacía del Estado ha presentado la querella en nombre del presidente y en defensa de la presidencia del Gobierno como institución pública. Una herramienta que "debe ser defendida para que no vuelvan a suceder estas cosas, sea del signo que sea el presidente que ocupe el cargo", explican fuentes de Moncloa. El Ejecutivo considera así, que no solo se ataca personalmente a Sánchez sino que se daña la institución pública que representa.
Cada vez crece más la sospecha de que el juez solo busca imputar a Sánchez. No podrá hacerlo sin el visto bueno del Tribunal Supremo —dada la condición de aforado del presidente— y deberá presentar una exposición razonada de los indicios que le llevan a solicitar que el caso se extienda también al líder del Ejecutivo.
