A 47 días de la desaparición del niño correntino de 5 años, diversas organizaciones de la sociedad civil alertan sobre las consecuencias del ajuste en áreas relativas a la prevención y coordinación de acciones contra este crimen
En el Día Mundial contra la Trata de Personas y en el marco de la desaparición hace más de 47 días de Loan Danilo Peña en Corrientes, organizaciones sociales denunciaron que la "desinversión" por parte del Gobierno nacional y la desarticulación de los organismos estatales que se encargaban del tema repercutirá en más casos como el del niño de 5 años que continúa desaparecido.
"Cómo es de público conocimiento, los organismos que por Ley regulan la lucha contra la trata de personas que son el Consejo Federal para la lucha contra la trata de personas y el Comité Ejecutivo contra la Trata de Personas fueron transferidos al Ministerio de Seguridad a mediados de marzo", explicó el expresidente del Comité y actual titular de la ONG La Alameda, Gustavo Vera.
La Alameda es la organización de la sociedad civil que continúa impulsando la investigación que se lleva adelante por el posible encubrimiento político de la desaparición de Loan.
La fundación actúa con el presupuesto de determinar si hay una vinculación entre la desaparición de Loan con una red de trata. En el entramado político que rodea a la desaparición del menor se apunta contra un legislador de estrechos vínculos con el gobernador Gustavo Valdés.
Por esa misma razón, se solicitó oportunamente que sean indagados el mandatario, el senador provincial Diego Pellegrini y al exabogado de Laudelina Peña, José Fernández Codazzi. Desde el entorno de Valdés señalan "un trasfondo político que hace todo muy engorroso" y apuestan a que la Justicia federal aclare el panorama.
Ayer la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, levantó el secreto de sumario que se había impuesto sobre la causa tras la indagatoria del excomisario Walter Maciel y ahora tiene un plazo de diez días para determinar la situación procesal de las personas detenidas.
Vera explicó a El Cronista que la modificación de los organismos públicos contra la Trata de Personas es "inconstitucional" porque los decretos de necesidad y urgencia "no pueden hacer modificaciones en materia penal". En marzo, por orden del Presidente, el Comité Ejecutivo pasó de la Jefatura de Gabinete de ministros a la órbita del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.
Según trascendió, el Ejecutivo despidió primero a Vera y luego a 40 personas empleadas en las delegaciones provinciales del Comité. Además, Vera informó que se desafectó personal en las provincias en áreas claves como la Subsecretaría de Políticas Familiares (SENAF), el Programa de Rescate, centros de desarrollo regional y se paralizaron y suspendieron los programas de restitución de derechos para el acompañamiento y protección a las víctimas.
"Ambos organismos (el Consejo Federal y el Comité) estaban en la ley de trata. A partir de que Bullirch hace el traspaso desguaza a todo el Comité, hecha a todos los delegados que había", expresó Vera. En este sentido, el director de La Alameda explicó que había un delegado por provincia y que echar a estos representantes "convirtió al Comité en un cascarón vacío".
"Había 33 mesas multidisciplinarias que impedían las zonas liberadas y establecían que los protocolos se cumplieran. Por ejemplo, en Corrientes habría sido importante que institucionalmente se presionara a aplicar la alerta Sofia en las primeras horas del caso", sostuvo Vera en relación a la falta de pericia en las primeras horas de la investigación por la desaparición de Loan Peña.
La Alerta Sofía es un sistema de emergencia rápida implementado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y coordinado a través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu), para la búsqueda y localización inmediata de niños, niñas y adolescentes desaparecidos que se encuentren en "Alto Riesgo Inminente".
El sistema trabaja mediante la articulación de las entidades del sector público y el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil. Especialmente, implica la difusión masiva y orientada del caso a través de redes sociales, telefonía celular y dispositivos de las fuerzas armadas. Además, para su implementación a nivel internacional, cuenta con el apoyo de Facebook y el Centro Internacional sobre niños desaparecidos y explotados (ICMEC).
Tras la desaparición de Loan, la línea 145 recibió más de 7.500 denuncias entre 2020 y 2024. Según dijo a Chequeado Zaida Gatti, coordinadora Nacional del Programa de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata, "hubo un incremento de denuncias" desde el viernes 21 de junio, en el marco del caso Loan.
De acuerdo con el último informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que analizó la ejecución presupuestaria durante los primeros cuatro meses del 2024, los programas vinculados a la protección y el rescate de víctimas de violencia y de trata registraron caídas de entre el 72% y el 90% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Vera explicó que en la gestión anterior la línea 145 ya funcionaba con un 75% de su capacidad. Pero advirtió que al comienzo del gobierno de Javier Milei se despidieron a tres personas de un equipo conformado por 15 trabajadores, lo que agota aún más las capacidades operativas.
Vera aseguró que también se ha reducido el programa de rescate a 50% de su capacidad y se han desmantelado las agencias territoriales que tenía el Ministerio de Trabajo que servían para "inspeccionar" el trabajo en el campo. "Garantizaban inspecciones en el ámbito laboral del campo para evitar la trata de personas y el trabajo esclavo en zonas rurales aisladas", relató.
Por último, explicó que el Comité de la Trata funcionaba como "un organismo interministerial" del cual participaban cinco ministerios para asegurarse una política completa. "Bullrich lo hizo para darle el trabajo a la Policía Federal y a la Gendarmería", indicó.
"No me cabe la menor duda (de que habrá más casos como el de Loan)", aseveró el referente de La Alameda. No obstante, remarcó que la retracción del Estado en materia de lucha contra la trata genera que las provincias se defiendan y traten de suplir esa falta.
Este es el caso de las provincias del Norte Grande, que ya en mayo se reunieron para crear un organismo propio que siga el tema. Entre sus resoluciones se destaca la creación del Consejo Regional del Norte Grande de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas que fue aprobado por unanimidad y presentado por las diputadas catamarqueñas Claudia Paladino, Adriana Diaz y Mónica Salazar
Además, hace unos días la Conferencia Episcopal Argentina vinculó el caso Loan a la trata de personas a través de un comunicado y remarcó su preocupación "sobre la actualidad de este crimen que viola la dignidad y los Derechos Humanos".
"Junto al Equipo No a la Trata, perteneciente a la Conferencia Episcopal, queremos reiterar en este día nuestra mirada sobre la situación actual y afirmar la necesidad de un Estado activo en el combate del delito de Trata de personas, con diseño, planificación, ejecución, seguimiento y control de las políticas públicas de prevención. Es imprescindible contar en todo el territorio nacional con personas que tengan formación y experiencia. Es prioritario contar con presupuesto para la prevención, la persecución penal y la asistencia a las víctimas", manifestaron desde el organismo.
