A pesar de que Moncloa diga que las críticas «siempre vienen de las dos mismas personas» y Ferraz opine que «no es noticia» que Emiliano García-Page y Javier Lambán discrepen de la política territorial del Gobierno hacia Cataluña, el presidente socialista de la Junta de Castilla-La Mancha y el expresidente de Aragón y líder de los socialistas en esa región no se quedaron tan sólos como en otras ocasiones. El concierto económico concedido a ERC levantó suspicacias en territorios y ayuntamientos socialistas como Extremadura o Palencia (Castilla y León), además de en Galicia y Andalucía. Page, que ya pidió al partido poner «pie en pared» con el secesionismo en la financiación, se mostró «perplejo» por el «atronador silencio» ante el «grave atentado de igualdad anunciado por ERC », el cual consideró que se debe a un «asentimiento intolerable o un sentimiento de estupefacción como la que tenemos la inmesa mayoría de españoles». Está previsto que realice hoy una «declaración institucional importante», de la que no se conocen detalles. A Page le siguió Lambán. El aragonés denunció que el pacto con los republicanos es «una quiebra brutal de la igualdad entre todos los españoles» a cambio de una investidura. Algo que «como socialista, como demócrata y como español, me resulta inadmisible », reprochó a la cúpula nacional. No fueron los únicos díscolos pese al aparente cierre de filas en el partido. El líder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo, elegido sucesor de Fernández Vara en las primarias de marzo de este año, se posicionó «radicalmente» en contra, aunque recalcó que aún no se conocen los detalles porque «ya sabemos cómo funcionan los independentistas, que dicen una cosa y luego los acuerdos plasman otra». En cualquier caso, Gallardo, que aprovechó para lanzar un dardo al PP, dijo: «Yo no soy la señora Guardiola», a quien «le marca Génova una posición y esa es la que defiende, aunque diez minutos antes haya defendido una distinta», afirmó. Para el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, los intereses de Andalucía «son lo primero». Por ello, exigió que el «techo de competencias y la capacidad de financiación sea el mismo que el de Cataluña. No vamos a permanecer callados», abundó. Pidió, además, al presidente Juanma Moreno (PP), «que espabile y también solicite la gestión de esas competencias que están en nuestro estatuto para igualarnos por arriba. No voy a permitir que haya agravios ni privilegios que perjudiquen a Andalucía». En Castilla y León , oficialmente, se guardó silencio aunque reinase el malestar. La única que rompió públicamente el mutis fue la alcaldesa de Palencia y secretaria provincial del partido, Miriam Andrés, que defendió «el principio irrenuncible de la solidaridad entre territorios» ante el preacuerdo. Pero que no haya voces que en público se pronuncien sobre esta maniobra no significa que en el fuero interno no haya malestar. «La postura de Andrés es mayoritariamente compartida en el conjunto del PSOE», reconoce a ABC un cargo de la formación en Castilla y León. Y lo es «por razones obvias, como que es nuestra postura de siempre», añade en relación a esa salida de Cataluña del régimen común. Quizá, desde esa «libertad» de ser alcaldesa, Andrés «lo verbaliza y hace público», mientras en las filas de los de Luis Tudanca la procesión vaya por dentro, asegura esta misma fuente. «El resto estamos esperando explicaciones e información que no tenemos». «Desde luego, lo que hasta la fecha es conocido, no puede ser compartido aquí en esos términos», señala. Las voces discordantes se extendieron más allá de las autonomías del PSOE. El secretario general del partido en Galicia , José Ramón Gómez Besteiro,defendió que «lo importante es seguir persiguiendo esa financiación singular» gallega que, para la región, «es extraordinariamente importante» porque «la situación lo requiere». En el PSOE valenciano, que lidera la ministra de Ciencia Diana Morant, cerraron filas en torno al pacto de ERC y el PSC a la espera de directrices de la Comisión Ejecutiva del partido, celebrada ayer en su sede de la madrileña calle Ferraz y de la que apenas salió un escueto comunicado en el que la dirección aseguró respaldar «plenamente el pacto». El PSPV lo consideró, incluso, «una oportunidad para abrir el melón del sistema de financiación» y abordar la reforma de un modelo caducado desde hace una década y que sitúa a la Comunidad Valenciana como la región que menos recursos recibe del Estado.