Este martes 30 de julio, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte ante el Congreso de la República por el presunto delito de homicidio calificado en relación con las muertes ocurridas durante las protestas sociales a finales de diciembre de 2022 e inicios de 2023.
En ese sentido, el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales informó que presentó ante el Poder Legislativo la mencionada acusación contra Boluarte Zegarra en su condición de jefa de Estado, así como contra los exintegrantes del Poder Ejecutivo, como Luis Alberto Otárola Peñaranda en su calidad de presidente del Consejo de Ministros y exministro de Defensa.
Además, esta acusación también recae contra Víctor Eduardo Herrera Rojas y Vicente Romero Fernández en condición de exministros del Interior y presuntos autores de los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de Homicidio calificado, a título de comisión por omisión (omisión impropia) - dolo eventual en el marco de graves violaciones de los derechos humanos contra Álex Rojas Vásquez y otros.
Por lesiones graves a título de comisión por omisión (omisión impropia) - dolo eventual, en el contexto de graves violaciones de derechos humanos, en agravio de Teófilo Ramírez Ortega y otros. Por lesiones leves a título de comisión por omisión (omisión impropia) - dolo eventual, en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos, en agravio de Miguel Ángel Velasquez Chilingano y otros.
El Ministerio Público precisó que la mencionada denuncia constitucional enviada a la mesa de partes del Poder Legislativo se enmarca en las muertes registradas en las movilizaciones sociales a finales de diciembre de 2022 e inicios de 2023, cuando Boluarte Zegarra se encontraba a cargo de la titularidad del Ejecutivo.
"Los hechos imputados están referidos a las protestas sociales ocurridas durante el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2022 al 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad", se lee en el comunicado de la Fiscalía.
Asimismo, el Ministerio Público informó que durante las protestas sociales antigubernamentales se registraron aproximadamente 44 personas fallecidas, de las cuales 41 murieron a causa de proyectiles de arma de fuego y 3 por golpes con objetos contundentes. Se destacó que 116 ciudadanos resultaron con lesiones graves y leves (78 ocasionadas por proyectiles de arma de fuego, 27 por golpes con objetos contundentes, 6 por bombas lacrimógenas y 5 por otros objetos).
La Fiscalía informó que actualmente hay 303 carpetas fiscales abiertas en las zonas donde se llevaron a cabo las manifestaciones sociales en contra del Gobierno de Dina Boluarte. Además, se está investigando a 824 personas por presunta comisión de delitos como entorpecimiento del funcionamiento de los servicios públicos, atentado contra el transporte público, violencia contra la autoridad, disturbios, daños a la propiedad pública y privada, homicidio, lesiones, en perjuicio del Estado, miembros de las fuerzas del orden y otros ciudadanos.
