Acusan a Maduro de "hostigar" la embajada argentina: el consejo del PRO a Milei y el plan para los asilados

La escalada diplomática entre la Argentina y Venezuela crece y podría potenciarse entre hoy y mañana, cuando tenga lugar la reunión en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la cuenta regresiva para que siete gobiernos, entre ellos el de Javier Milei, retiren a sus representantes diplomáticos. En el interín, la Cancillería acusó al gobierno de Nicolás Maduro de hostigar la sede de la embajada en Caracas luego que uno de los opositores asilados bajo su techo denunciara en las redes sociales que se había cortado el suministro eléctrico de las instalaciones. 

Para Buenos Aires, la mayor dificultad son los seis opositores antichavistas que buscaron resguardo en marzo pasado en la embajada argentina en Caracas. Pero también la violencia que podría crecer en las próximas horas a partir de una nueva marcha convocada por la oposición y el endurecimiento del Gobierno chavista que denuncia un intento de golpe de Estado. Hoy el Gobierno confirmó que la canciller Diana Mondino viajará a Washington para estar presente en el Consejo de la OEA.

"La Argentina repudia el hostigamiento a su sede diplomática en Caracas a partir de la decisión del régimen de Maduro de interrumpir el suministro eléctrico. Al respecto, advierte al gobierno de Venezuela sobre cualquier acción deliberada que ponga en peligro la seguridad del personal diplomático argentino y de los ciudadanos venezolanos bajo protección, recordando la obligación del Estado receptor de salvaguardar las instalaciones de la misión diplomática contra intrusiones o daños y preservar la tranquilidad y dignidad de la misma", publicó el ministerio comandado por Mondino.

Y añadió:  "La Argentina hace un llamado a la comunidad internacional sobre la importancia de bregar por el cumplimiento de la normativa internacional que rige las relaciones diplomáticas entre los Estados."

Ayer, a través de un mensaje que publicó en su cuenta de X, el canciller venezolano Yván Gil anunció que se retira a "todo el personal diplomático de las misiones en Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, al tiempo de exigir a estos gobiernos el retiro de manera inmediata de sus representantes en territorio venezolano". 

Si bien acorde a la información que brinda la Cancillería no se había estipulado un plazo oficial, una carta publicada por Infobae con el membrete del Ministerio del Poder Popular para las RR.EE. fija un horizonte de 72 horas que se vencen mañana. En el Gobierno temen que el devenir de la reunión de la OEA pueda acelerar los tiempos mientras se intenta negociar la situación de las seis personas que podrían quedar expuestas si no les permiten un salvoconducto para trasladarse fuera del país o, en su defecto, a otra delegación diplomática que los acepte. 

Son opciones que se barajan por estas horas. Desde el PRO sugirieron al Gobierno de Milei que acerque posiciones con el gobierno de Brasil, por ahora, uno de los que demanda la publicación de las actas antes de avalar cualquier resultado. Es la misma posición que adoptaron Estados Unidos, la Unión Europea, España, Portugal, Alemania, Colombia y el Reino Unido. En consecuencia, de momento no fueron expulsados y seguirán allí presentes cuando se retire la Argentina.

Entienden que la situación en Venezuela es el primer desafío de peso regional que se le presenta a Milei y que no puede abordarlo sin acercar posiciones con otros gobiernos, más allá de la OEA. Le sugirieron movilizar a los cancilleres para demandar la transparencia del resultado y coordinar cualquier acción frente a Nicolás Maduro.

En esa clave, se lee el segundo tuit del expresidente argentino, Mauricio Macri, exhortando al mandatario brasileño Lula Da Silva a que "no permanezca callado". "Lo que está pasando en Venezuela atenta contra la democracia y es un enorme riesgo que perdure esta dictadura en nuestra región. Los venezolanos y muchos líderes de América Latina y el mundo espera su palabra en este momento difícil", añade. 

Sopesan no solo la situación de los dirigentes opositores con asilo diplomático sino también la situación de las y los argentinos que residen o se encuentran de paso en aquel país y los intereses de empresarios argentinos con negocios en Venezuela, que podrían quedar sin ninguna protección si se quiebra el vínculo diplomático como pareciera encaminarse a acontecer. 

En su escueto comunicado del lunes, el canciller Gil tildó la posición de la Argentina y los otros seis países que rechazaron el resultado electoral como "injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional". Incluso los acusó de querer "reeditar el fracasado y derrotado Grupo de Lima".

La situación de los opositores asilados en la embajada argentina en Caracas: qué puede pasar

En el gobierno argentino entienden que su situación es más delicada que la del resto de los expulsados porque afecta la seguridad de los seis dirigentes opositores, vinculados a María Corina Machado, la dirigente opositora que fue inhabilitada para participar de estos comicios pero que se muestra permanentemente como el punto de referencia de la oposición hoy, incluso opacando al propio candidato a Presidente y ganador de la elección, acorde a la oposición, Edmundo González Urrutia.

Magalli Meda, jefa de campaña de la entonces candidata Machado; Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela (VV), el partido de Machado; el exdiputado Omar González; Claudia Macero, referente de Comunicación de VV y el experto electoral Humberto Villalobos ingresaron en marzo a la representación argentina. Uno de ellos publicó un tuit hoy denunciando que operarios de la empresa Corpoelec cortaron el suministro eléctrico en la residencia de la embajada. 

Desde la Cancillería sostienen que los seis opositores deben retirarse con el personal de la embajada porque se encuentran bajo su protección. Se amparan en el artículo 19 de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 que afirma que "si por causa de ruptura de relaciones el representante diplomático que ha otorgado el asilo debe abandonar el Estado territorial, saldrá aquel con los asilados".

La segunda opción, también contemplada en el mismo texto internacional, determina que "si lo establecido en el inciso anterior no fuere posible por motivos ajenos a la voluntad de los asilados o del agente diplomático, deberá éste entregarlos a la representación de un tercer Estado Parte en esta Convención, con las garantías establecidas en ella". Y en el último de los casos "si esto último tampoco fuere posible, deberá entregarlos a un Estado que no sea Parte y que convenga en mantener el asilo" frente a lo cual "el Estado territorial deberá respetar dicho asilo"

Un dato clave es que Venezuela es no solo adherente a esta convención, por lo cual debería respetarla si se ajusta a derecho internacional, sino que el texto del documento fue adoptado en el marco de la Décima Conferencia Interamericana que tuvo lugar en su propia capital, Caracas, el 28 de marzo de 1954. A fin de ese año, el 29 de diciembre para mayor especificidad, la Convención sobre Asilo Diplomático entró en vigencia de conformidad con el Artículo 23 Serie sobre Tratados de la OEA.

Hoy la embajada argentina está en manos de un Encargado de Negocios, una jerarquía menor en el escalafón a las delegaciones encabezadas por embajadores, tras la vuelta a Buenos Aires de Oscar Laborde, el dirigente político designado al frente de aquella representación en el gobierno de Alberto Fernández. 

Se trata de Andrés Mangiarotti, un diplomático de carrera con paso por Bélgica y Luxemburgo y que fue enviado por la Cancillería cuando los dirigentes opositores ya habían ingresado en busca de protección a principio de año. En el gobierno bolivariano se negaron entonces a cualquier salvoconducto en declaraciones públicas. Junto a Mangiarotti hay otros cuatro diplomáticos trabajando en la delegación.  

El canciller Gil añadió ayer que "se reserva todas las acciones legales y políticas para hacer respetar, preservar y defender nuestro derecho inalienable a la autodeterminación". Y enfatiza en el comunicado de dos páginas que el gobierno bolivariano "enfrentará todas las acciones que atenten contra el clima de paz y convivencia que tantos esfuerzos han demandado del pueblo venezolano". Hoy el fiscal general William Tarek Saab refrendó en un mensaje público la expulsión de los diplomáticos.

Cuál es la posición de Argentina frente a las elecciones en Venezuela

La Cancillería Argentina anunció ayer que no reconocerá los resultados de la elección presidencial en Venezuela y realizó un comunicado conjunto con otros países de la región para exigir "la revisión completa" del proceso.  Asimismo, anunciaron que solicitarán una reunión urgente con el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

"La República Argentina rechaza y desconoce el resultado anunciado por el Gobierno venezolano en el que se adjudica el triunfo en las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el día 28 de julio y condena enérgicamente el accionar del presidente Nicolás Maduro que, tal como se esperaba, ha despreciado una vez más la voluntad del pueblo venezolano de vivir en una Venezuela libre, próspera y democrática", indicaron a través de un comunicado. 

En este sentido, desde la cartera de Diana Mondino instruyeron al representante diplomático argentino en Caracas a no participar del acto de proclamación de la candidatura oficialista convocado ayer por las autoridades venezolanas en el día de la fecha. Para Cancillería, es "indispensable" que se permita el acceso de la oposición a las actas de escrutinio e "instó a las autoridades venezolanas a "respetar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual es Parte, en especial su artículo 25". 

"La proscripción y persecución de opositores políticos, la sistemática violación de los derechos humanos, el rechazo de la presencia de veedores y prensa extranjeros, así como las mismas trabas impuestas al registro en el exterior de sus conciudadanos para impedirles votar, eran claros indicios de que estas elecciones no serían democráticas ni transparentes", relataron desde el gobierno de Javier Milei.

Aún así, desde la administración libertaria advirtieron que "eligieron confiar" en que con ese "mínimo de participación que quedaba era posible un cambio en Venezuela". 

"La República Argentina, guiada por los principios de la libertad, la democracia y los derechos humanos, continuará apoyando decididamente el anhelo de libertad del pueblo venezolano y hace un llamado a la comunidad internacional en su conjunto para que se desconozca el fraudulento resultado de estas elecciones", concluyeron. 

Más tarde, la Cancillería anunció que en conjunto con varios países de la región acudirán a la OEA para discutir el resultado electoral del país vecino.  "Los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay manifiestan su profunda preocupación por el desarrollo de las elecciones presidenciales de la República Bolivariana de Venezuela", afirmó la cartera de Diana Mondino a través de un comunicado.  La convocatoria fue oficializada ayer por la presidencia del Consejo Permanente de la OEA, en manos de Antigua y Barbuda, para mañana miércoles 31 de julio a las 15 horas. 

En este sentido, exigieron la revisión completa de los resultados "con la presencia de observadores electorales independientes" que "aseguren el respeto de la voluntad del pueblo venezolano que participó masiva y pacíficamente".  "El conteo de votos debe ser transparente y los resultados no deben arrojar dudas", aseguraron. 

Al momento de publicar este artículo, no había aún un proyecto de resolución consensuado entre los países miembro de la OEA que impulsan la sesión. Si bien el gobierno de Nicolás Maduro ordenó el retiro de su misión en aquel organismo en 2017, varias fuentes consultadas por El Cronista de gobiernos vecinos entienden que sigue siendo "el ámbito regional más representativo" y que el objetivo de fondo es "amplificar el reclamo". Indican que Venezuela se ha aislado de la región porque también fue suspendido del Mercosur. 

El último comunicado del gobierno de Brasil con respecto a las elecciones venezolanas "acoge con satisfacción el carácter pacífico de la jornada electoral" pero indica que "debe observarse mediante una verificación imparcial de los resultados". Es la última posición pública de Itamaraty.