La ingesta de alcohol por parte de menores es un problema social de primera magnitud. Caben pocas dudas de que la Administración debe procurar instrumentos legales y educativos para impedir un consumo que puede acabar siendo lesivo para la salud de nuestros jóvenes. El anteproyecto de ley promovida por el Ministerio de Sanidad probablemente sea bienintencionado, pero debería someterse a un amplio debate público para evitar que el consumo responsable entre adultos acabe siendo una práctica furtiva. La ministra Mónica García ha apelado a la necesidad de operar un cambio de cultura, que depende de qué forma adquiera, puede ser razonable. Sin embargo, señalar que no existe una dosis buena de alcohol, como ha señalado, es un contrasentido que estigmatiza a los consumidores moderados y que pone en riesgo una industria central en nuestro país. Bien está legislar y proteger a los menores, siempre y cuando se mantenga intacta la libertad de los adultos.
