El PSPV-PSOE que lidera la ministra de Ciencia Diana Morant ha cerrado filas en torno al pacto de ERC y el PSC para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat catalana e incluso lo considera «una oportunidad para abrir el melón del sistema de financiación». Los socialistas consideran que es «el momento» para abordar la reforma de un modelo caducado desde hace una década y que sitúa a la Comunidad Valenciana como la región que menos recursos recibe del Estado. «Antes Cataluña estaba fuera de la mesa de negociación, en un proceso de ruptura con España y una declaración de independencia, y eso imposibilitaba grandes pactos estatales, entre ellos el de la financiación autonómica», ha justificado este martes el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, José Muñoz, que se ha mostrado convencido de la capacidad de «influencia» de Morant en el Consejo de Ministros para que se cumplan las reivindicaciones de la región. A falta de conocer la letra pequeña, el preacuerdo entre ERC y el PSC contempla que Cataluña salga del régimen común y recaude todos los impuestos, empezando por el IRPF en la Declaración de la Renta de 2026. Para ello sería necesario modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). En una entrevista en 'Les Notícies del Matí' de À Punt y cuestionado sobre si se trata de un trato de favor a los catalanes, Muñoz ha pedido prudencia hasta conocer los detalles: «No sabemos cómo se articulará el pacto y qué significa exactamente que Cataluña será solidaria». El portavoz parlamentario socialista ha criticado que el PP tenga 17 modelos distintos y ha pedido al presidente valenciano, Carlos Mazón, que defina su postura de cara a esa negociación en cuanto a asuntos como la condonación de la deuda. Además, ha incidido en que, mientras no se lleva a cabo esa reforma, el Gobierno central está transfiriendo a la Generalitat Valenciana los fondos suficientes para que la educación o la sanidad no se vean afectados. Una visión radicalmente contraria a la del Ejecutivo de Mazón, que recurrirá ante el Tribunal Constitucional ese acuerdo al considerarlo un «golpe de Estado fiscal bendecido, auspiciado y propiciado por Pedro Sánchez, que revienta así la Constitución para mantener los sillones», aunque no ha concretado si habrá acciones conjuntas con otras comunidades gobernadas por el PP. Las arcas estatales dejarían de recaudar más de 50.000 millones de euros, según la Generalitat Valenciana. La portavoz y consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha hecho un llamamiento a los socialistas críticos -como el presidente castellanomanchego Emiliano García-Page- para que se rebelen contra un acuerdo «infame y de consecuencias imprevisibles» que «perjudica todavía más a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana», en una situación de «infrafinanciación crónica». En una rueda de prensa este martes, Merino ha calificado el anuncio de ERC como un «atentado» a «la solidaridad y a la igualdad entre los españoles» y los territorios, al tiempo que ha criticado el silencio del PSOE y la cooperación de los socialistas valencianos. «Llegaremos hasta donde haga falta con todos los medios jurídicos y políticos que estén a nuestro alcance», ha aseverado la consellera, que ha criticado la «osadía de llamarle concierto económico solidario» a un pacto que «quiebra» los valores constitucionales. A juicio de Merino, con esta «independencia fiscal de Cataluña» o este «cupo vasco a la catalana» el presidente del Gobierno da un «balón de oxígeno» al separatismo para «retomar el camino hacia la ruptura de la sociedad civil». Asimismo, se ha mostrado convencida de que, aunque se pacte una cuota solidaria con el Estado, esos cálculos a puerta cerrada servirán también como moneda de cambio en otras negociaciones: «No tenemos ninguna duda de que esto se va a utilizar por el separatismo para conseguir avanzar en la independencia y sacar cada vez más cosas a este Gobierno de España, que está dispuesto a ceder con lo que sea». Por su parte, la portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha asegurado que su formación no apoyará ninguna reforma del sistema de financiación autonómica «sin que se aborde la singularidad del problema valenciano de infrafinanciación». Micó, que no tiene «nada que decir» sobre los acuerdos bilaterales a los que llega el Ejecutivo, ha recordado que el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar contempla la reforma de esta norma para «acabar» con esa problemática.
